Editorial: Ensalzar la impunidad

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Han transcurrido casi dos años desde que inició el periodo legislativo y la comisión de Ética ha revisado denuncias a casi la mitad de los congresistas, siendo Fuerza Popular la bancada con mayor cantidad de procesos acumulados. En todos estos las infracciones más recurrentes han sido la omisión de información y la consignación de datos falsos en la declaración jurada de hoja de vida para las últimas elecciones. Aunque parezca poco creíble, a un segundo plano han pasado las imputaciones por corrupción, abuso de autoridad o inconductas verbales.

A este grupo parlamentario han rendido cuentas los legisladores Betty Ananculí, Richard Arce, Luis Yica, Marita Herrera, Jorge Castro, Dalmiro Palomino y Yesenia Ponce. Todos ellos, por aparentemente haber falseado estudios u omitido información educativa, laboral o hasta judicial en sus hojas de vida. No obstante, lograron imponerse frente a las posibles sanciones que esta comisión dispone. Y aquí cabe señalar algo, no existe hasta, la fecha, desafuero, suspensión o amonestación alguna por estas faltas que son, cuanto menos, graves.

Y el caso estelar que probablemente más indignación ha causado es el de la congresista Yesenia Ponce, quien no solamente ha captado especial atención de los medios sino de la misma comisión de Ética: en lo que va del quinquenio su expediente ha sido revisado en por lo menos veinte actas, es decir, veinte sesiones. Y para quien no lo recuerde del todo, su caso tiene que ver con que existen pruebas bastante contundentes de que la fujimorista habría falseado sus estudios de cuarto y quinto de secundaria, y presuntamente sobornado al director de su colegio para que certifique haber culminado exitosamente ambos grados. Gracias al periodismo se ha podido saber que el certificado contiene nombres de “estudiantes” que nunca existieron y “profesores” que jamás han ejercido la docencia…

¿Por qué Yesenia Ponce sigue todavía en el Congreso y no ha sido desaforada o, aunque sea, sancionada? La parlamentaria parece haber tenido algo más que suerte, ya que en muchas oportunidades se recomendó archivar la denuncia o simplemente dejarla en sucesivas pausas para que, quizá, el tiempo permita que se olvide. Ya en las últimas, sus colegas de bancada (Juan Carlos Gonzáles, Úrsula Letona y Milagros Takayama), lograron sellar el archivamiento a pesar de la consistencia de las pruebas que le pesan en su contra.

Pero, sobre Ponce pesa otra acusación que va más allá del falseo de información. En mayo de 2017, se salvó de una suspensión de 120 días por haber incurrido en abuso de autoridad y usurpación de funciones por irrumpir en una sesión del consejo regional de Ancash. La prueba irrefutable se puede visualizar en cualquier red social, pero a los 87 congresistas que votaron en contra de la suspensión, no les pareció lo suficientemente grave como para tomar una decisión enérgica.

Así, las decisiones que viene tomando el Legislativo marcan un precedente negativo por el mal ejercicio de la justicia y el manejo arbitrario de lo que significa la idoneidad del funcionario público. El Código de Ética Parlamentaria se hizo justamente para establecer las normas de conducta de los congresistas y preservar así la imagen que este poder del Estado debe tener ante el país, es decir, la de garantizar la transparencia y el comportamiento de sus integrantes. Sin embargo, a la hora de la hora, tal documento parece haber sido escrito en vano, dada la cantidad de denuncias declaradas improcedentes.

Cuando muchos ciudadanos reclamaron en días recientes el cierre del Congreso, bajo el slogan “que se vayan todos”, se hacía notar no precisamente un espíritu puramente pasional, sino más bien la indignación de saber que nuestros impuestos mantienen a un grupo de otorongos que verdaderamente comen otorongos. Caso contrario, Yesenia Ponce debe ser desaforada cuando antes. El congreso tiene los argumentos suficientes y ya ha pasado demasiado tiempo de impunidad.

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