Editorial: infórmese quien pueda

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El día jueves se aprobó la polémica ‘Ley Mulder’, que le prohíbe al Estado contratar espacios publicitarios en medios de comunicación privados. La medida se da en el marco de múltiples roces entre la prensa y el Congreso, dándole validez a la hipótesis de que la citada ley tiene, sobre todo, el ánimo de castigar a aquellos que cuestionan al parlamento y a sus miembros.

Existen, sin embargo, dos grandes problemas con esta ley. En primer lugar está, obviamente, lo que la motiva. Ello lo dejó claro el presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuando hace apenas unas semanas, luego de que le hicieran una pregunta incómoda, dijo: “vamos a aprobar una ley para que saquen publicidad de algunos medios ‘mermeleros’”. El hecho de que un poder del Estado se quiera valer de una ley para atacar a los medios que lo incomodan, implica una voluntad de castigar a la prensa inadmisible en un país democrático. El trabajo del parlamento es, por encima de todo, velar por el interés de la ciudadanía y no concentrarse en afanes de venganza.

Y ahí es donde entra el segundo problema y el más grave. La ‘Ley Mulder’, en vez de buscar una regulación (necesaria, sin duda) a la contratación de publicidad de parte del Estado, termina por prohibirla de forma definitiva. La consecuencia directa de esta decisión tiene como principal perjudicado al ciudadano que merece ser informado sobre las actividades del Estado y lo hacía gracias a la publicidad estatal. Naturalmente, al tratarse de información importante, lo lógico es que se busque que la difusión sea lo más eficiente posible y ello implica llegar a la ciudadanía a través de los medios que consume con mayor frecuencia: los privados ¿Qué puede tener que informar el Estado? Mucho. Puede ser el anuncio de obras terminadas, un plan de desvío por arreglos en una carretera o hasta el anuncio de campañas de vacunación.

Obviamente los que han empujado la aprobación de esta ley han hablado mucho sobre cómo la publicidad en medios privados no es necesaria para el deber informativo del Estado, existiendo medios públicos y redes sociales. No obstante, las alternativas planteadas delatan un flaco conocimiento de la realidad del país, pues, el contacto de la ciudadanía con los medios del Estado es ínfimo a comparación con el que tiene con los privados ¿o acaso usted ve a mucha gente leyendo El Peruano en la calle? ¿Acaso se espera que la aprobación de esta ley haga que TVPerú supere el 3% de sintonía que hoy ostenta? Sí, se podría decir que ahora depende del ciudadano preocuparse por estar informado, pero eso lo único que hace es quitarle una responsabilidad fundamental al Estado.

Proponer las redes sociales como alternativa, por su parte, resulta risible. En un país donde ni siquiera tenemos a la mitad de la población con acceso a internet, pretender, por ejemplo, que donde cunde la pobreza extrema la gente se informe a través de Facebook o Twitter, es una broma de mal gusto, por no decir una escandalosa afrenta.

La realidad es, entonces, que la ‘Ley Mulder’ traerá como consecuencia a un país aún más desconectado de lo que hacen sus políticos. Si el interés real de los congresistas hubiera sido velar por los derechos de los ciudadanos, más que una draconiana ley que prohíbe la publicidad, hubieran presentado una que plantea mecanismos para que esta no sea excesiva o utilizada para fines turbios. Pero no ha sido así.

Los espacios publicitarios de Lucidez.pe nunca han sido contratados por ninguna entidad del Estado. Sin embargo, desde este diario creemos que el Estado no tiene derecho, sino el deber de mantener informada a la ciudadanía. En toda democracia, debe ser fácil para las personas ver a las autoridades rendir cuentas sobre lo que hacen con la confianza conferida. La contratación transparente de los servicios de medios privados era una forma eficiente y lógica de hacerlo.

Es lamentable que hoy se dañe el derecho a la información solo por el encono de algunos congresistas con la libertad de expresión. Casi pareciera que dijeran “a nosotros ya no nos importa así que, infórmese quien pueda”.