¡Abusivos!, por Federico Prieto Celi

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La última Asamblea de la Pontifica Universidad Católica del Perú tuvo lugar el viernes 14 de diciembre, presidida por el Secretario General. Duró diez horas y terminó en la noche, después de tomar decisiones que dan un vuelco al itinerario de esa venerable casa de estudios.

La renuncia presentada por el rector fue rechazada, procediéndose a destituir al rector, a causa del abuso en los intereses, convertidos en usura, cobrados a los estudiantes atrasados en sus pagos, desde 2011 hasta 2018; y por  la arbitrariedad en el otorgamiento de bonos dorados a los profesores que hacen investigación.

La renuncia presentada por el vicerrector administrativo corrió la misma suerte, por el primer motivo: responsabilidad política en los cobros excesivos.

La vicerrectora de investigación fue destituida por ser la principal responsable en la distribución a dedo de los bonos dorados a profesores. En vez de convocar concurso interno para dar bonos de investigación, los otorgaba a discreción, junto al rector y al director del programa académico del beneficiado. Esos bonos, llamados dorados, son un plus de dos o tres mil soles mensuales durante dos años, para realizar un proyecto de investigación. Los becados han cumplido su responsabilidad, pero los profesores no elegidos han quedado molestos, por no haber tenido oportunidad de competir en un concurso legítimo.

Ha quedado claro el enfrentamiento del personal administrativo, bien pagado, con el académico, mal pagado. Un viejo problema que por primera vez se debate en voz alta en una Asamblea. Mientras un profesor principal a dedicación exclusiva gana como máximo 7,500 soles aproximadamente, el rector gana al parecer como mínimo diez veces más: entre 75 y 80 mil soles mensuales. El pago de hora dictada por un profesor contratado es de 87 soles.

La Universidad queda en manos del rector interino y el secretario general, uña y carne. Ambos son integrantes de la camarilla que ha gobernado las últimas décadas la PUCP. Tienen seis meses para poner la casa en orden o limpiar los trapos sucios de las autoridades destituidas, según sea su voluntad.

Hay por ahora  dos ingenieros en carrera hacia el rectorado: Marcial Blondet y Eduardo Ísmodes. Ambos son ingenieros porque en teoría toca el rectorado al área de ciencias, ya que durante la última década la ha tenido el área de humanidades. Es tradición que se alternen ambas áreas.

El vicerrector académico fue nombrado rector interino, de acuerdo al reglamento, por no haber intervenido directamente en los dos actos de corrupción, aunque los conociera. Las renuncias de los directores de programas académicos fueron rechazadas, para no descabezar la vida académica de la Universidad.

Como se sabe, desde hace once años la Universidad se ha negado a cumplir la disposición el Tribunal Constitucional de convocar a la Junta de Administración del legado de Riva Aguero. Si hubiera funcionado la Junta estos cobros indebidos no habrían ocurrido. Durante ese mismo tiempo, la Universidad implementó una maestría de política jurisdiccional para fiscales y jueces,  con gran asistencia de magistrados. Obviamente no ha habido ningún compromiso formal de favorecer los procesos judiciales de la Universidad por el poder judicial, por lo que no se puede acusar a la Universidad de ser una banda criminal para delinquir ni mucho menos de tráfico de influencias.

El desencanto de profesores y estudiantes es grande, mientras que Indecopi, Sunedu, la Fiscalía y el Congreso se aprestarían a solicitar una auditoría externa para ver cómo van las finanzas universitarias.

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