Amenaza populista: Las licencias obligatorias sobre patentes en el Perú, por Diethell Columbus*

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Nuestra Constitución es categórica cuando señala que el Estado peruano tiene la obligación de promover el desarrollo y la difusión de las creaciones intelectuales y científicas, así como de asegurar (proteger) la propiedad sobre ellas.

El mandato constitucional, al menos en teoría, garantiza un clima adecuado para las inversiones en el campo del desarrollo de nuevas patentes. En este punto, es importante preguntar: ¿alguien invertiría en el desarrollo de nuevas patentes si no hay condiciones que garanticen, al menos, el respeto del derecho de propiedad sobre estas?

Desafortunadamente, la Constitución peruana no es un texto cuya lectura sea de interés para ciertas autoridades políticas, así como la teoría constitucional dista mucho de la realidad. Quizás esas son las razones principales por las que un grupo parlamentario de izquierda presentó el proyecto de ley N° 275/2016 que autorizaría la usurpación de patentes a través de licencias obligatorias ilegales impuestas por el Estado.

Es vergonzoso que el debate sobre este proyecto solo sirviera para demostrar que en el Perú la imposición de una licencia obligatoria dependerá de la subjetividad política más que de los argumentos técnicos o legales.

Sin perjuicio de lo anterior, no puede negarse que en el marco regulatorio, nacional y supranacional (Decisión de la Comunidad Andina 486 y otros) existe la posibilidad excepcional de imponer licencias obligatorias por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional. Sin embargo, el proyecto de ley N° 275/2016 señala que las licencias obligatorias se imponen porque «permite que haya una apertura y una competencia en el mercado, mejorando los precios…».

Del proyecto de ley se desprende que el uso de licencias obligatorias en el caso peruano no sería por razones humanitarias o excepcionales, sino que constituyen una herramienta para intervenir en el funcionamiento del mercado con respecto a un producto determinado o para generar un contexto de “negociación” forzada en el cual el titular de la patente es acorralado por el Estado.

Cabe señalar que este proyecto de ley no solo es perjudicial por su espíritu confiscatorio sino también porque establece que la imposición de estas licencias no genera costos adicionales para el tesoro público, es decir, implícitamente niega la obligación del Estado peruano de indemnizar al titular de la patente. A todas luces este proyecto de ley contraviene los artículos 62°, 65° y 66° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Y para complicar aún más la situación, el gobierno peruano tampoco tiene una postura técnica definida sobre este asunto. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha señalado que apoya el proyecto de ley N° 275/2016 (Informe N° 043-2017-OGAJ/MINSA) y en la posición opuesta tenemos las opiniones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Justicia, quienes sostienen que el proyecto de ley no tiene consistencia técnica o legal (Oficio N° 127-2017-MINCETUR/DM y Oficio N° 2510-2016-JUS-SG). ¿Y la coherencia gubernamental?

Es innegable que la imposición de licencias obligatorias en cualquier parte del mundo crea un clima desfavorable para las inversiones en el campo de la propiedad intelectual y, si agregamos la amenaza de aprobar leyes populistas que solo reflejan ignorancia técnica y falta de coherencia gubernamental, entonces, el resultado final será que se legalice la apropiación arbitraria de la inventiva y la inversión en el campo del desarrollo de patentes; situación que ahuyentará a los emprendedores e inversionistas hacia países donde sí se respeten sus derechos.

Finalmente, resulta inaceptable que se proponga proyectos de ley que en lugar de fomentar las inversiones que generan empleo, las terminen espantando. En estas condiciones, las licencias obligatorias sobre la propiedad intelectual resultarían contraproducentes para nuestra alicaída economía.

*El autor fue candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular

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