Caso VMT: El JNE como instancia única, por José Andrés Tello

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Recientemente se ha hecho público, que lamentablemente, tenemos alcaldes que lideran bandas criminales dedicadas a la delincuencia, extorsión, tráfico de terrenos, entre otros. El modus operandi de estas mafias, así como sus códigos de comportamiento y la ferocidad al momento del ajuste de cuentas, no la hace ni más ni menos temibles que otras mafias dedicadas al narcotráfico, trata de blancas, tala o minería ilegal.

Más allá del tema delictivo, debemos hablar de la gobernabilidad en los distritos de Chilca (Cañete), Villa María del Triunfo, Santa Rosa y San Bartolo; pues su población en general ha experimentado en carne propia lo que es el desgobierno producto de la ausencia de una autoridad, que por la naturaleza de los supuestos hechos delictivos que se le imputan, se les ha aplicado oportunamente una drástica pero necesaria prisión preventiva, ante la posibilidad de que en libertad puedan eludir el accionar de la justicia.

La reclusión, en sí, constituye un hecho fáctico, real, concreto y debidamente acreditable tan sólo con la confirmación de la autoridad competente. De acuerdo a lo establecido en el numeral 3) del artículo 25° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; la detención de una autoridad edil constituye, per se, es una causal de suspensión de la misma en el ejercicio de su cargo en tanto dure dicha situación de pérdida de su libertad.

Las leyes orgánicas de estos gobiernos sub nacionales regulan su funcionamiento y además prevén que la suspensión y vacancia de sus autoridades se vea en primera instancia administrativa ante el consejo regional o concejo municipal correspondiente y en segunda instancia, jurisdiccional electoral, ante el JNE. En estos procesos, se observa pues, la aplicación del principio de la doble instancia, que le asiste a cualquier ciudadano y que se encuentra consagrado en el numeral 6) del artículo 139° de nuestra Constitución Política del Estado.

No obstante, mediante Resolución N° 539-2013-JNE, en el caso de la vacancia de la señora Marisol Contreras, al cargo de regidora distrital de Jesús Nazareno (Huancayo – Junín); el Supremo Tribunal Electoral concluyó, que el ejercicio del derecho a la pluralidad de instancia, “…no es absoluto, de tal manera, que debe ser interpretado de conformidad con otros principios y garantías constitucionales…”. Además, la Resolución N° 920-2012-JNE, en el caso de la vacancia del señor Alejandro Muro Tavará, al cargo de alcalde provincial de Ferreñafe (Lambayeque), el JNE, concluyó que, “… basta con que el mandato de detención haya sido emitido y se encuentre vigente para que concurra la causal de suspensión del ejercicio del cargo, situación en la que no es determinante que el mandato se encuentre firme…”.

Los precedentes antes invocados están referidos a casos de vacancia, pero sus criterios, son utilizados acertadamente por el JNE, en el caso de la suspensión del alcalde de Villa María del Triunfo, Ángel Ignacio Chilingano Villanueva, bajo el aforismo latino que, “el que puede lo más, puede lo menos”.

No cabe duda, que, ante la lentitud del Concejo Municipal de Villa María del Triunfo para resolver la suspensión del alcalde Chilingano y la crisis de salubridad y seguridad ciudadana desatada en dicha comuna por el desgobierno generado por su detención, el Supremo Tribunal Electoral tuvo que hacer una valoración de los hechos y concluir, que era necesario que actúe como instancia única, obviando la pluralidad de instancias legalmente establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades, es, con la finalidad de salvaguardar la gobernabilidad de la localidad, y en consecuencia, el bienestar de su población.

En conclusión, el JNE, así como tiene una función administrativa, tiene una función jurisdiccional en materia electoral; está obligado a preferir la Carta Magna antes que una ley que colisiona con una realidad que la desborda. En consecuencia, estuvo bien que haya actuado oportunamente como instancia única ante la inacción del Concejo Municipal de Villa María del Triunfo suspendiendo al alcalde Chilingano; eso, en aras de asegurar la gobernabilidad de una localidad y, por ende, el bienestar y seguridad de una población, algo que teleológicamente, en sí, constituye la razón misma de la existencia del Estado en su conjunto.

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