Educación contra la Constitución y el Acuerdo Nacional, por Federico Prieto Celi

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A pesar de enfrentar varios obstáculos, el colectivo ‘Con mis hijos no te Metas’ realizó una marcha al Congreso, saliendo de las plazas Acho, 2 de Mayo y Manco Capac, en defensa del derecho a vida del no nacido. A propósito de esta protesta, hay que recordar que en el Acuerdo Nacional sobre políticas de Estado suscrito el 22 de julio de 2002 se incluyen dos puntos interesantes: la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación; y el fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud (11 y 16, respectivamente).

La promoción de la igualdad de oportunidades es una aplicación de los tres primeros artículos de la Constitución vigente y de otros de naturaleza similar, que se fundan en la dignidad de la persona humana, como dice expresamente el artículo tres. Por tanto, el punto de la igualdad debe entenderse en el contexto del fortalecimiento de la familia, que está señalado en el artículo cuatro y siguientes de la Carta Magna.

Valga una consideración particular para el artículo seis de la Constitución, sobre las políticas de población, que mereció duro debate entre los constituyentes. Se terminó escribiendo que “el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten  la vida y a la salud” después de afirmar que el estado “reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir”. [El mundo ya ha superado las premisas equivocadas en materia demográfica como a) la necesidad de reducir la población mundial, lo que ya se ha demostrado absurdo; b) reducir el número de hijos en la familia, lo que ya se ha demostrado antisocial cuando se ha llevado a su aplicación totalitaria en China; y c) promover las relaciones sexuales no reproductivas en toda la gama posible, yendo directamente contra la moral natural].

La frase del citado artículo seis quedó sin terminar, porque no dice sobre qué debe decidir. La persona humana tiene libertad y por lo tanto es obvio que cada hombre y cada mujer tiene el derecho a decidir. Este artículo incompleto viene a decir que esa decisión se enmarca en “los medios que no afecten a la vida y a la salud”, abriendo a un debate sobre cuáles medios son benéficos y cuáles maléficos. Cada texto constitucional debe interpretarse en función del conjunto, que en este caso claramente es partidario del matrimonio, la familia y en consecuencia de la natalidad, porque eso es lo que matiza, en el lenguaje castellano, la diferencia del término matrimonio, que se refiere a los futuros padres, y la familia, que se refiere al conjunto de padres e hijos, unidos por el natural vínculo de sangre.

Las normas del ministerio de Educación sobre la ideología de género van contra la Constitución, el Acuerdo Nacional y la voluntad popular, por lo que se debe impedir que los maestros terminen por delinquir masivamente por promover pornografía entre los escolares, lo que constituye delito de perversión de menores. Recomiendo  a los funcionarios del ministerio de Educación que consulten el Texto Base de Orientaciones para la Educación Sexual, elaborado por las comisiones de Educación y Familia del Episcopado Peruano en 1996, con prólogo del entonces secretario de la Asamblea Episcopal, monseñor Luis Bambaren. Dicho texto abarca toda la gama de materias afines, como la concepción del amor humano, matrimonio, familia y paternidad responsable, desarrollo psico-afectivo y educación en valores, relaciones sexuales y bioética, orientaciones pedagógicas, enfermedades de transmisión sexual y sida, entre muchas otras.

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