El cáncer de la corrupción, por Alfredo Gildemeister

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Recuerdo que cuando era un simple practicante de Derecho en un reconocido Estudio de abogados, me iniciaba en la práctica del Derecho Tributario y me mandaron del Estudio, con otro compañero de prácticas, a la oficina de lo que en aquellos años se denominaba un “juez coactivo”, hoy denominados ejecutores coactivos. Eran y son hasta el día de hoy, los hombres más poderosos del Perú pues tienen el poder de interponer embargos en los bienes de los contribuyentes y ninguna autoridad, ni política ni administrativa puede suspender un procedimiento de cobranza coactiva, salvo el mismo ejecutor -por aquellos años juez coactivo-. Nuestra misión era averiguar el estado del expediente de cobranza coactiva de un importante cliente. La “oficina” de este juez coactivo, en aquellos años de comienzos de los ochenta, era un “huarique” espantoso al fondo de un callejón en el centro de Lima, más exactamente, en las primeras cuadras de la avenida Abancay, en cuya entrada un grupo de gitanas se te tiraban literalmente encima “para leerte la mano papacito”, ante lo cual te tocaban, te cogían la mano y uno se soltaba con esfuerzo y salía casi corriendo. Una vez que ingresamos a la “oficina”, nos percatamos del fuerte olor a orines y a baño de cine de barrio, amén del desorden de papeles y pilas de expedientes cosidos a mano. “¿Qué se les ofrece?” preguntó el secretario o auxiliar coactivo -funcionario que era el brazo derecho y asistente del juez coactivo-. “Queremos ver el expediente tal” respondimos. “Bueno, pues será una mano” respondió rápidamente el funcionario coactivo, el cual tenía una pinta más de asaltante o pandillero que de funcionario. “Mucho gusto” respondimos e inmediatamente le dimos la mano saludándolo cortésmente. Mal que bien, ese individuo gozaba de gran poder y había que ser educados. Sin embargo, el hombre nos repitió “Venga, una mano”. Y entonces lo volvimos a saludar dándole nuevamente la mano. El hombre nos miró atónito, medio enfadado y nos soltó a boca jarro lo siguiente: “¡Que es una mano por ver el expediente! ¡Esto es, quinientos soles! ¡Cien soles por cada dedo carajo!” En ese momento nos percatamos que ¡el funcionario nos estaba pidiendo una coima por ver el expediente! Nosotros todo inocentes e ingenuos no sabíamos ni éramos conscientes que estábamos frente a frente al “sistema” y que sin coima no veríamos nada e inclusive nos amenazaba con resolver el caso en contra de nuestro cliente. Nos soltó un “¡Quien paga gana!”, frase que se me quedó en la cabeza. Nos dimos media vuelta y regresamos al Estudio a informar a nuestro jefe. Me sentía ofendido, burlado, rabioso e indignado.

Este fue mi primera experiencia ante la corrupción del “sistema” existente en el Perú y me dejó verdaderamente perplejo, pues una cosa es que te lo cuenten o leerlo en los periódicos y otra es verlo en vivo y en directo. Han pasado varios lustros desde aquella mañana de principios de los ochenta y cuando veo hoy el alto nivel de corrupción imperante en el país, peor aún con el escandalo Odebrecht, no puedo dejar de sentir indignación, asco y rabia ante un cáncer que carcome poco a poco a mi patria como lo es el cáncer de la corrupción. Esto me trajo a la memoria un antiguo Decreto promulgado por Simón Bolivar, nada menos que con fecha 12 de enero de 1824, aunque algunos señalan que fue en 1825. En la parte considerativa señala lo siguiente: “Aplicación de la pena capital a los funcionarios que hayan tomado dinero de los fondos públicos. Teniendo presente: 1º. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han intervenido en ellos; 2º. Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y decreto: Artículo 1º: Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2º: Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3º: Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1º. Artículo 4º: Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República, y se tomará razón de el en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Imprímase, publíquese y circúlese”.

Como se puede apreciar, se aplica la pena capital, esto es, ¡la muerte para los corruptos! Ya en 1824, con cuatro años de República, hace 194 años, en el Perú imperaba ya la corrupción en un alto nivel, situación que hizo que Bolivar impusiera le pena de muerte para el funcionario y juez corrupto. Desde el punto de vista histórico, no se tiene conocimiento que la norma fuera aplicada. Pero en todo caso, existió y fue promulgada. Curiosamente, quien robe menos de diez pesos no sería ejecutado. Había un monto límite. ¿Sería viable hoy en día una norma de este calibre para los corruptos tal como sucede en China por ejemplo? Sí podría ser. Al igual que se propone la pena de muerte para los violadores, terroristas y asesinos, habría que retirarnos de la CIDH y modificar la Constitución, así como las penas para estos delitos establecidas en el Código Penal.

Es innegable que la corrupción es un tumor que destruye al Estado por dentro. De allí que al igual que un miembro gangrenado debe ser extirpado para salvar el resto del cuerpo y la vida de un ser humano, el corrupto debe ser eliminado pues, de lo contrario, sigue contaminando y corrompiendo al resto del organismo, y un organismo gangrenado termina por pudrirse y morir, es decir, un país en donde impere la corrupción por doquier termina en crisis y devastado. Ya lo dijo el Papa Francisco el pasado 19 de enero en Palacio de Gobierno: “Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar atentos a esa otra forma -muchas veces sutil- de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción. Cuanto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese ‘virus’ social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres… los más perjudicados…”. Lo mejor de todo ¿Saben en qué terminó el decreto de Bolivar? Que al irse Bolivar del Perú, ¡inmediatamente el Congreso procedió a derogar el decreto! Definitivamente, hay cosas que no cambian…

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