El fracaso de la lucha antidrogas, por Emilio Noguerol

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 El Presidente Kuczynski ha afirmado desde Bogotá, Colombia, que sostiene una posición liberal con respecto al tema de las drogas, pero que ve complicado liberalizar su consumo, pues los países que han adoptado esas políticas han presentado serios problemas.

Considero que es una inexactitud, pero no busco analizar cuales son las consecuencias de liberalizar, sino más bien cuál ha sido el resultado de perseguir, ¿Cuánto le cuesta a Latinoamérica luchar contra las drogas?

Desde que Richard Nixon, le declarase la guerra a los narcóticos en 1971, se ha desatado una ola de violencia en el continente que impide su desarrollo a la par de otras regiones; el hecho de que 16 de los 25 países más peligrosos del mundo se encuentren en Latinoamérica es prueba de ello. La tasa de homicidios se elevó de 8 a 14 por cada 100 mil habitantes, y el porcentaje se incrementa año a año, dándose casos alarmantes como el de Venezuela, país inestable y dominado por el narcotráfico que registra 30 homicidios por 100 mil habitantes.[1]

Pero, ¿en qué se ha basado esta cruzada antidrogas? En una visión, sin lugar a dudas, paternalista de los Estados. El bien jurídico que se busca proteger penalizando y persiguiendo el comercio, la financiación, el favorecimiento o la promoción de ciertas sustancias tóxicas (entiéndase droga como sustancia química capaz de alterar el organismo causando tolerancia y como resultado una adicción[2]) es el de la “salud pública”, entendida como seguridad común o estado sanitario de una nación.

Sin embargo, el derecho permite el comercio de otras drogas igual de perjudiciales a la salud (individual y pública) como el tabaco o el alcohol, y es que muy difícilmente el Estado tomaría la decisión de prohibir la comercialización del alcohol y del tabaco, fundamentalmente, por razones de orden económico y financiero. Son significativas las sumas que obtiene la Administración en recaudación tributaria, por concepto del Impuesto General a las Ventas (IGV) Y por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)[3]. ¿Cuánto se recauda anualmente por la venta legal de este tipo de drogas? La respuesta equivale a varios millones y demuestra una doble moral que el Derecho no puede tolerar.

Si la salud pública es, en efecto, negociable, ¿por qué no extender la lista de drogas legales? El Tráfico Ilícito de Drogas equivaldría a un 1.5% del PBI mundial y, de ser legal, cubriría todas la necesidades de infraestructura y servicios  en América Latina según CEPAL.[4] Además, de una reducción considerable de las tasas de criminalidad que todo mercado alterno genera, los costos que la corrupción, el delito fiscal, el robo y el fraude, le significan a los países en vías de desarrollo (1260 billones de dólares) se podrían dirigir hacia políticas públicas efectivas para la reducción de pobreza.

En resumen, la guerra contra las drogas no ha demostrado ser efectiva para la reducción del consumo; por el contrario, ha incrementado la criminalidad, las corrientes financieras alternas, propiciando la violencia y la inestabilidad de naciones con instituciones deficientes. Definitivamente, los costos sociales y económicos de esta cacería de brujas son mayores que el beneficio, entendiendo este último como un objetivo en extremo proteccionista que vulnera el principio constitucional de la libre autodeterminación de las personas y que, se ha demostrado, los mismos Estados son capaces de relativizar según su conveniencia. Cabe la pregunta ahora: ¿Conviene continuar que estas políticas ineficaces, pero inquisidoras? ¿Cuál es el temor de romper con el statu quo? ¿Es cierto que los países que han dado pasos adelantados en materia de drogas, sufren sus consecuencias? Abro el debate, querido lector.

BIBLIOGRAFÍA

  1. INZUNZA, PARDO, FERRI, Narcoamérica, Tusquets (Andanzas Crónicas) 2015. Pág 27.
  2. ASTOLFI, GOTELLI, KISS, LOPEZ, MACCAGNO, POGGI, Toxicomanías, aspectos toxicológicos, psicológicos, sociológicos, jurídicos, médico-legales, criminalísticos, criminológicos, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1989. Pág 3.
  3. PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho Penal, parte especial, tomo IV, Idemsa, Lima. Pág 49 -50.
  4. INZUNZA, PARDO, FERRI, Narcoamérica, Tusquets (Andanzas Crónicas) 2015. Pág 26.

[1] INZUNZA, PARDO, FERRI, Narcoamérica, Tusquets (Andanzas Crónicas) 2015. Pág 27.[2] ASTOLFI, GOTELLI, KISS, LOPEZ, MACCAGNO, POGGI, Toxicomanías, aspectos toxicológicos, psicológicos, sociológicos, jurídicos, médico-legales, criminalísticos, criminológicos, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1989. Pág 3.
[3] PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho Penal, parte especial, tomo IV, Idemsa, Lima. Pág 49 -50.
[4] INZUNZA, PARDO, FERRI, Narcoamérica, Tusquets (Andanzas Crónicas) 2015. Pág 26.

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