El Perú y los refugiados, por Luis Andrés Portugal Pizarro

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Los grandes éxodos migratorios son fenómenos que se han dado siempre y los fracasos de las politicas antimigratorias tienen, también, un número elevado. Las razones de estos éxodos son diversas: crisis económicas, guerras, hambrunas, desastres naturales o graves situaciones de inseguridad. El migrante es vulnerable por su sola condición, pero especial atención merecen menores de edad, mujeres gestantes y ancianos.

La discusión sobre el conflicto entre la libertad de circulación y la seguridad nacional es más vigente que nunca en el contexto actual. Frente a ello, muchos se preguntan si los nuevos requisitos que el gobierno peruano exige a los venezolanos que huyen de su país para llegar al nuestro –exigencias que bien podrían ser difíciles de conseguir– efectivamente van a detener una migración que pareciera pretenderse evitar.

Entre  migrar o  seguir viviendo en condiciones infrahumanas, bajo el  riesgo de perder la vida,  poseer pasaporte o visa podría condicionar desfavorablemente la salida de Venezuela. Por el contrario, lo que normalmente generan estas medidas son mafias dedicadas al tráfico de personas que, bajo graves condiciones de inseguridad y altos costos económicos, lucran con la desesperación de  quien busca cruzar la frontera. Como ejemplo de esto tenemos la crisis de refugiados en el Mediterráneo, donde mafias altamente sofisticadas se encargan de trasladar migrantes provenientes de África o Medio Oriente en embarcaciones precarias, provocando la muerte de cientos de personas en esta arriesgada travesía. Además, estas políticas restrictivas generan una tremenda incertidumbre para el país de acogida respecto del número de personas que han ingresado al territorio, complicándoles cualquier intento de solución duradera al problema.

La gran mayoría de personas puede salir de su país por crisis económicas, escasez de alimentos, y altos índices de inseguridad. Pero dentro de este grupo, también hay quienes escapan porque son perseguidos y su vida, integridad y libertad están en riesgo. A estos últimos se les llama refugiados.  Su condición y reconocimiento tienen una amplia historia en el derecho internacional y un desarrollo normativo muy completo en la legislación nacional.

Así las cosas, el Perú es Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Básicamente este instrumento internacional establece que el término “refugiado” se aplicará a  quien “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (…)”. Es decir, el refugiado será aquella persona identificada por un gobierno, grupo armado u otros, y perseguida en razón de uno de los motivos anteriormente descritos, o eventualmente podrá sufrir un acto de discriminación que le impida vivir en su país debido al riesgo existente. Esta definición ha sido reconocida en el artículo 3 de la Ley del Refugiado.

La definición anterior en ciertas circunstancias puede ser restrictiva. Por eso, la referida ley dice que “refugiado” puede ser también “la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de residencia por causa de la violación masiva de los derechos humanos, agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público”.

Esta definición surge de la Declaración de Cartagena, firmada por el Perú durante el Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá de 1984, y se dio en el contexto de las guerras centroamericanas. Son varios los países latinoamericanos que han incluido esta definición en sus legislaciones, incluyendo el Perú con excepción de evento situacional de violencia generalizada. Por su parte, el Comité de Expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que esta última definición exige una interpretación inclusiva, evolutiva y flexible con una orientación humanitaria. Para esta situación debe considerarse que las personas son víctimas o podrían ser víctimas de actos indiscriminados, impredecibles y colectivos que violan gravemente sus derechos humanos, independientemente de ser perseguidas individualmente.

Por ejemplo, la situación en países como Siria o zonas como la Franja de Gaza facilitará aplicar la definición de Cartagena para quienes huyen de esos lugares y llegan al Perú. Ahí, las autoridades peruanas solo deben verificar que, a pesar de que sus vidas corren peligro, estas personas no han cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o graves delitos comunes. Si fuera así, la protección internacional no les alcanza.

A este lado del mundo, resulta importante señalar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha publicado una Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos donde alienta a los países a considerar la definición de Cartagena -que es más amplia-, incluso como base para tramitar los casos de forma acelerada y simplificada. Ante la información disponible sobre la situación en Venezuela, el ACNUR considera que las circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos venezolanos podrían estar contempladas en el supuesto que recoge la Declaración de Cartagena, “resultando en una presunción refutable de las necesidades de protección internacional”.

Otro aspecto legal vinculado a la situación actual en fronteras es la referida a la afluencia masiva de personas. Sobre esta, el capítulo VIII de la Ley del Refugiado señala que, en caso de ingreso masivo de personas de manera ilegal o irregular al territorio de la República en busca de protección, será concedido un Estatuto de Protección Temporal por un período de tres meses renovables. Para entender los alcances de esta Protección Temporal debemos revisar el Reglamento de la Ley del Refugiado, Decreto Supremo Nº 119-2003-RE. De acuerdo a este, las personas estarán protegidas por los principios de no devolución, no rechazo en la frontera y no sanción por el ingreso ilegal o irregular. Por otro lado, el otorgamiento de la protección temporal no va a ser automático porque antes deberá analizarse la información del país de origen para así identificar si los hechos justifican la migración de estas personas. Tras ello, una vez cumplido el año, las autoridades  deberán evaluar la situación con la finalidad de encontrar una solución permanente de la mano con la comunidad internacional.

Finalmente, conviene precisar que el artículo 18 del Reglamento de la Ley del Refugiado dice que la solicitud de refugio deberá ser presentada en las fronteras, puestos de control migratorio y reparticiones policiales o militares o ante la Comisión Especial para los Refugiados, en cuyo caso podrá efectuarse personalmente, por representante legal o a través del ACNUR, con el consentimiento del interesado. Además, la Ley del Refugiado prohíbe sancionar por cualquier motivo al solicitante de refugio que ingrese o se encuentre ilegalmente en el país, siempre que venga directamente del territorio donde su vida o libertad están amenazadas.

Con todo, nada ni nadie va frenar a un refugiado en el aseguramiento de su supervivencia. Para bien de ellos, la legislación peruana sobre el estatuto internacional de los refugiados es bastante completa y clara. Serán las autoridades las que deben decidir las circunstancias en las cuales aplicar la protección internacional a quienes lo requieran.

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