Emergencia para los recursos públicos, por Raúl Bravo Sender

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La madrugada del último Domingo un fuerte sismo de 8 grados de intensidad sacudió a la amazonía peruana, el cual se sintió en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú, e inclusive hasta en Ecuador y Venezuela. De inmediato se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia, y miembros del gobierno se desplazaron hacia las zonas más afectadas. Por lo pronto, dentro de las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo, se ha decretado el estado de emergencia de la provincia del Alto Amazonas, el distrito de Pastaza de la región Loreto, además de Condebamba y Gregorio Pita en Cajamarca.

Pues bien, dicha medida implica la exoneración de una serie de trámites para que los gobiernos locales y regionales de las zonas declaradas en emergencia puedan contratar directamente sin licitaciones, obviando precisamente el esquema de las contrataciones con el Estado, en el que prevalece el interés público, dado que de por medio se encuentra el erario nacional.

El objetivo de tales medidas es el de agilizar los procesos de compras estatales, para atender oportuna y eficazmente la emergencia de las necesidades y carencias de la población que sufrió los estragos de la naturaleza.

Lo ocurrido nos recuerda la emergencia decretada en Pisco a raíz del terremoto del 2007, así como la del norte del país por el fenómeno del Niño Costero del 2017. ¿Cuál es el balance de dichas medidas decretadas? ¿Realmente se reconstruyeron las provincias que sufrieron las consecuencias de dichos fenómenos naturales? ¿El presupuesto público se gastó eficaz, eficiente y oportunamente para atender las emergencias? ¿Cuántos actos de corrupción fueron denunciados?

Lo cierto es que los más interesados en que se tomen dichas medidas de decretar los estados de emergencia son aquellas autoridades políticas, funcionarios y empresarios mercantilistas, que viven a expensas de los recursos públicos. Su negocio gira en torno al pliego presupuestario a través de los contratos de concesiones de obras públicas o de compras estatales.

Es rentable hacer negocios con el Estado. Es dinero seguro. Basta con haber financiado la campaña de algún alcaldito o gobernador, para que aquellos devuelvan el favor con algún contrato de concesión. Y antes que concluya la obra, ya el pliego lo canceló. No importa cumplir con los expedientes técnicos, la idea es tener la mayor rentabilidad a costa de la calidad de la capa asfáltica, que ayuda a reducir los costos, aunque a corto plazo se deteriore.

La corrupción hace más daño que un terremoto o el desborde de un río. Todo radica en el sistema legal. Los entrampamientos legales constituyen el incentivo para que el funcionario, la autoridad o el político, saquen provecho. Frente a ellos no faltan los empresarios que están dispuestos a asumir el costo del diezmo. A las finales, ese porcentaje nos lo trasladan a los contribuyentes cuando inflan los presupuestos a través de las adendas a los contratos.

A estos empresarios no les gusta competir en los mercados. Es así como en nuestro país prevalece el capitalismo de Estado, antes que el capitalismo democrático. En el primero se compite en el escenario político por el favor o la prebenda del gobernante, siendo el derecho un privilegio. En el segundo se compite en el mercado por las preferencias de los consumidores y usuarios, siendo la estrategia la innovación por medio de la reducción de costos y del mejoramiento de la calidad del producto o servicio.

Son los mercantilistas los únicos que ganan que con todo esto. Terminarán festinándose en medio de una lluvia de millones. Con la declaratoria de emergencia, es el presupuesto público el que ahora corre peligro en manos de autoridades, funcionarios y políticos corruptos. La solución a ello no atraviesa por redoblar las funciones del Estado colocando más vigilantes del gasto público, pues a las finales ¿quién vigila al vigilante? La verdadera reforma consiste en desmantelarlo y reducir el presupuesto público, trasladando la creación de la riqueza a las relaciones del mercado.