El papa en Perú: lecciones para los no creyentes, por Adrián Núñez

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Llegó Francisco al Perú justo después de la peor visita de sus cinco años. El escaso público chileno se explica en parte por la respuesta indolente que el papa dio a la pregunta de la periodista Nicole Martínez sobre el obispo Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales de Karadima (que no hay pruebas, y que las acusaciones de las víctimas son calumnias). Ya de regreso a Roma, Francisco pidió disculpas por sus palabras sobre el caso Barros, pero lo cierto es que el rechazo a esta conducta agresiva contra las víctimas de Karadima no es reciente y ya tiene consecuencias.

En el Perú, la situación del catolicismo es distinta. Si bien está en declive, aún la cifra es alta: en 2014, 76% de los peruanos eran católicos y hoy se estima que son el 73% (el porcentaje de católicos disminuye aproximadamente 1% por año). La sociedad en general ha recibido con agrado la visita de Francisco, y los sectores más laicos, en principio, no tuvimos mayores problemas con la visita, salvo algunas críticas muy puntuales, pues defendemos la libertad de culto y los católicos tienen derecho a la visita.

Desde el inicio, la información brindada por el Estado sobre los gastos de estos eventos religiosos no fue transparente, y hasta fue engañosa. Primero se nos informó que el total era S/ 37 millones (Decreto Supremo 292-2017-EF), pero luego se amplió a casi S/45 millones (Decreto Supremo 319-2017-EF y Ley 30693), aunque en medios de prensa todavía se difundía la primera cifra. Finalmente, Alfonso Grados, el coordinador general de la visita, dijo que el total fue de casi S/50 millones (en otros tres decretos supremos, por fuera de la ley del presupuesto). Luego se trató de justificar este gasto con el insólito argumento de que los supuestos 40 000 visitantes que trajo el papa dejaron un estimado de US$ 80 millones. Difícil pensar en ese volumen sin datos migratorios de esos días (que podamos comparar con otro fin de semana similar), pero más aún en US$ 2000 por turista religioso, casi el doble que lo que gasta en promedio un turista típico en el Perú (según Mincetur).

Pero el financiamiento de estos actos religiosos proviene de las arcas del Estado, es decir, incluye aportes del al menos 27% de peruanos que no nos consideramos católicos. Entonces, lo mínimo que podrían haber hecho los organizadores y el Gobierno era dar un pequeño espacio para que quienes tengamos objeciones y dudas sobre la actuación de la jerarquía católica las podamos expresar y obtener alguna respuesta.

Pero no fue así. En lugar de un ambiente democrático de diálogo, se instauró una política represiva, una censura casi medieval que buscaba impedir toda expresión crítica a la religión. El Ministerio del Interior comunicó la ausencia de garantías para marchas y movilizaciones durante la visita del papa, y la Policía Nacional detuvo a todo manifestante que portaba un cartel o realizaba alguna pinta. No se permitieron expresiones contra la religión ni contra la corrupción. Algunos casos, como el de María Fernanda Arias, o el de las tres estudiantes detenidas en la comisaría de Alfonso Ugarte y luego en la Dirección de Seguridad del Estado, o el de los vecinos de Conde de la Vega a los que se les impidió pintar una pared con un mensaje contra la corrupción (con permiso del dueño del inmueble), o el de la remoción de un cartel en Trujillo con intervención de un miembro del Ejército, nos indican que no vivimos realmente en un Estado laico, democrático y civilizado, que da cabida a toda clase de expresiones. Todavía permitimos arranques de autoritarismo teocrático.

Las organizaciones laicas quisimos aprovechar la visita para tener un diálogo sobre algunas posiciones de la iglesia y del papa que creemos merecen ser discutidas. Por ejemplo, el concordato firmado durante la dictadura militar; el pacto que firmó la iglesia con el Estado durante la dictadura de Fujimori, que fija los montos de las asignaciones del personal eclesiástico (DS N° 146-91-EF); el curso de religión en los colegios; los derechos de la comunidad LGBT; las opiniones de la iglesia que influyen en las políticas de Estado (planificación familiar, aborto, eutanasia, etc.); las acciones que se esperan luego de los casos de pederastia, maltrato físico, persuasión coercitiva y esclavitud moderna en el Sodalicio y otros grupos católicos; las acciones que deberían tomar la iglesia y el Estado para prevenirlos; etc. Pero eso no fue posible. Incluso, el único momento en el que Francisco brevemente se pronunció sobre el caso del Sodalicio de Vida Cristiana fue cuando él ya no estaba en el país. No dedicó ni un minuto de su tiempo a reunirse con las víctimas, a escucharlas ni a dedicarles alguna palabra mientras tuvo la oportunidad.

La visita papal nos dejó enseñanzas sobre un lado autoritario y poco transparente del Gobierno, sobre una población cuyo fervor religioso la hace permisiva a políticas antidemocráticas y sobre la poca compasión de Francisco por quienes han sufrido abusos al haber seguido una fe que él promueve. Aunque está claro que el camino no será fácil, sabemos que vamos hacia una sociedad más desarrollada y civilizada, con plena libertad de culto y de expresión, que basará sus políticas públicas cada vez más en la evidencia y menos en la fe.

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