La Ley de Herodes, por Fernando Rodríguez

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Gracias a la presión pública que la salvó de la censura, en 1999 se estrenó en México una de las mejores películas filmadas en ese país en los últimos años, cuyo título hemos tomado prestado para el presente artículo.

En la película, ambientada a fines de los años 40, en un recóndito y ficticio pueblo de las serranías mexicanas, un alcalde es asesinado, ¿La razón?, fue sorprendido robando las arcas municipales. ¿Les suena conocido? Como quiera que la ley mexicana permitía que se designe a quien debía reemplazarlo, el partido de gobierno, el PRI, se topa con el problema que nadie quería ir a ese pueblo a reemplazar al fallecido, por lo que designan a dedo (¿Conocen algún caso así?) a su reemplazante.

Como en todas partes se cuecen habas, el nuevo y poco democrático alcalde, que hasta ese entonces trabajaba como administrador de un basurero municipal en la capital, en modo alguno estaba preparado para asumir el cargo, sin embargo, movido por su ambición acepta el encargo, pues representaba un avance significativo en hasta esa entonces su mediocre carrera en la gestión pública. En fin, un incompetente con grandes aspiraciones asume un cargo público. Nada novedoso en ello.

Pese a todo, el designado alcalde asume el cargo imbuido de buenas intenciones, en realidad quiere trabajar para el desarrollo de un pueblo poco menos que miserable, donde sus habitantes, literalmente, no tenían donde caerse muertos, sin embargo, se topa con una infranqueable realidad, no existen fondos para ejecutar obra pública alguna.

Como quiera que el fin justifica los medios o quizás al revés, la falta de medios justifica el fin y movido por la necesidad de obtener financiamiento, el alcalde viaja a la capital y recurre a las altas esferas partidarias para que por su intermedio se gestione ante el gobierno la asignación de recursos.

Pero como nada sale como uno lo planea, obtiene por respuesta: “No hay dinero”, sin embargo, le dan al pedigüeño alcalde algo supuestamente más valioso que el dinero, pues el líder partidario abriendo un cajón le entrega un voluminoso libro y el alcalde, con la misma cara que habría puesto Atahualpa cuando le entregaron una biblia pregunta ¿Qué es esto? Obteniendo por respuesta: Es la Ley ¿La ley?, se pregunta un confundido alcalde, Sí, la Ley, le responde el líder partidista, agregando, “como máxima autoridad del pueblo, tu manejas la ley, la interpretas,  determinas a quien se la aplicas y como la aplicas y a quien no, a quien le cobras impuestos y a quien no, a quien le otorgas licencias y a quien no, a quien metes preso y a quien no…¿Entiendes por qué es más valiosa que dinero?

Como es fácilmente entendible, como único administrador e intérprete de la ley, nuestro personaje retorna al pueblo y empieza a satisfacer sus ambiciones sin más límite que la natural necesidad de descansar durante ocho horas luego de  cada jornada.

Hasta ese punto resumo la película y no me explayo hechos posteriores de la misma, no vaya a ser que alguien desee verla y este artículo acabe espoileándolo (¿Existirá esta palabra?), sin embargo, como reza el subtítulo, toda similitud con la realidad es mera coincidencia, no por ello debemos dejar de lado la realidad que subyace al guión, nos referimos que la corrupción está en todos lados y no se trata en principio de personas.

En efecto, no puedo discutir ni argumentar en contra de quien sostenga que la corrupción es un hecho de índole personal, pues no todos los jueces y no todos los fiscales lo son o que la crisis de valores sea universal en la administración pública pues no lo es. Sin embargo, no hemos dimensionado de manera correcta al sistema, que es en buena cuenta el caldo de cultivo donde florece impunemente la corrupción.

Un sistema de justicia donde los jueces y fiscales son quienes designan a los miembros que los representan en un organismo constitucionalmente autónomo encargado de nombrarlos, ratificarlos o destituirlos y que esto se da cada siete años, está condenado al fracaso; un sistema de justicia cuyos actores, los abogados obtienen el título profesional y están legitimados a utilizar el título por el resto de sus días sin la necesidad de solventar la ratificación cada cierto tiempo (como ocurre por ejemplo el brevete) está condenado al fracaso; un sistema donde aparecen universidades por doquier sin tener un mínimo de calidad y que en el fondo engañan a sus incautos alumnos está condenado al fracaso y por último, un sistema de justicia en manos de los más mediocres abogados, surgidos de poco serias universidades y que acceden al cargo gracias a un sistema corrupto, es la señal que hemos fracasado.

Pero dentro de todo hay algo bueno, pues no se puede estar peor una vez que ya se ha tocado fondo, por ello, no desaprovechemos esta valiosa oportunidad que nos han brindado magistralmente algunos nefastos jueces y fiscales para rediseñar nuestro precario  sistema de administración de justicia. Quizás después sea imposible.

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.

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