La ley del lobby, por Eduardo Herrera

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Ese término que usualmente se emplea para calificar peyorativamente a alguien que -presuntamente- hace negociados ilícitos, es una actividad muy profesional y difundida en países desarrollados. Acá es sinónimo de “arreglón”.

Ayer fue publicada la norma que termina de cerrar el círculo para la gestión de intereses (o comúnmente hablando, Lobby) y esto pasó desapercibido como otros aspectos importantes de nuestra realidad.

La gestión de intereses tiene gran importancia porque se ocupa de la relación tal vez más complicada en países como el nuestro: la relación público-privada. Tan igual como ocurre, por ejemplo, con el caso de los abogados que van a representar a alguien en un juicio, el lobista profesional representa los intereses de un privado para intentar influir en la decisión pública. Verbigracia: crear, extinguir o modificar una norma legal.

La gran pregunta acerca de la contratación de gestores de intereses se fundamenta en la razón de saber por qué se contrata específicamente a uno de ellos/as. El asunto no es menor más aún en realidades como la nuestra en donde, además, la misma relación público-privada está contaminada por la desconfianza. Luego, si la razón por la cual se contrata a un gestor (o lobista) determinado es porque conoce a alguien, entonces estamos por el camino equivocado (al igual que pasa con los abogados por cierto que se ufanan -algunos de ellos- de su “llegada” con tal o cual Magistrado).

Debido a ello se han tejido, en muchos casos, leyendas urbanas que nunca han podido ser corroboradas para bien o para mal. Esta razón es la que justificaba concentrarse en buscar dejar huella (evidencia) de quienes y para qué se reúnen con funcionarios del Estado.

La norma es un buen insumo para crear un ambiente correcto de transparencia. Es cierto que presenta una suerte de “procedimentalismos” que a veces causa resistencia, la finalidad es mostrar una línea divisoria e intentar generar prueba (documentos) que pretendan probar que el funcionario público actuó correctamente (de acuerdo a parámetros éticos).

Ahora bien, que un par de personas se coludan y eludan la norma es perfectamente posible. Por eso es que el mayor esfuerzo debe incidir en generar ese ambiente en donde la persuasión (ojo la persuasión de argumentos y no se favores) busque influir en la decisión pública sea común y transparente.

Lo antes dicho se logrará, a mi juicio, con dos herramientas complementarias a la norma: 1) educación, para -por ejemplo- determinar el límite que impida satanizar las reuniones de este tipo e impedir que se les califique siempre como oscuras y mal intencionadas; y 2) aquello que en inglés se llama “enforcement” o sea, más o menos, que la ley se cumpla para todos, que existan sanciones cuando se pasa el límite establecido por la misma norma.

Pero más allá de estos esfuerzos, haríamos mal en contentarnos con una producción legislativa, cuando la norma -conceptualmente- casi siempre involucra una restricción a la libertad. El esfuerzo estará bien encaminado cuando no necesitemos instrucciones ni límites escritos bajo sanción. Por eso insisto en que es el concepto de ética el que debemos reforzar e impulsar en todo momento y en todo lugar.

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