La reforma imposible, por Eduardo Herrera

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Importa ya muy poco si tal o cual personas son culpables de no impulsar la reforma del sistema de Justicia. Me importa muy poco si se está cometiendo una injusticia con una persona determinada solo por su repercusión pública (o sea porque es famoso/a), me importan más las injusticias que padecen los miles de peruanos (sin nombre y apellido) en un sistema como el actual.

No creo en las persecuciones políticas, veo más defectos serios que son aprovechados astutamente para “apretar” a alguien. Eso siempre pasó, en este sistema de Justicia, desde que tengo uso de razón. A nadie pareció importarle entonces.

Los intentos de reforma han sido de todo calibre: buenos intentos (académicos), por partes (los más comunes), importados -a ciegas-, cosméticos (otra buena parte) y, aunque resulte redundante, iniciales. Nunca hubo continuidad, ni percepción de sistema como un “todo” (siempre hubo concentración en el Poder Judicial).

Pese a ello no creo que estemos ante un imposible porque otros países ya lo han hecho y, coincidentemente, todas esas naciones son desarrolladas pues cuentan con sistema de Justicia predictible, íntegro y seguro ¿será coincidencia no más?

El retroceso del Tribunal Constitucional en el contexto de la Ley N° 30924 (que crea el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia) mediante una salida, por decirlo elegantemente, “técnica” hace ver que, muy pronto, con las otras instituciones, tampoco no se va a poder contar (ojalá me equivoque). La excusa de la autonomía nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Nadie hace nada y nos conformamos en que todo siga así; porque existe cierto feudalismo hipócrita que lleva a sostener todo, como dicen los abogados, manteniendo el “status quo”. Y si pues, cualquier modificación va a necesitar del empuje de todos los que quieran estar en este episodio trascendental para el país (la historia los juzgará).

No soy amigo de buscar culpables, sí más bien de encontrar responsables. Pienso que la primera labor debe estar dirigida a ello. Encontrar una persona independiente (subrayo esta característica esencial) que reciba el encargo por un determinado plazo y que sea su cabeza la que ruede si no se logran metas exigibles. La ley N° 30924 tiene un buen derrotero porque ha logrado, pese a que el TC ya se echó para atrás, que se junten a colaborar -o intentar hacerlo- los que deben estar. Pero claro, esta Ley debería ser ajustada a tener una sola cabeza no política, y sí con responsabilidad ante el poder político (y sobre ante la población).

Da igual los puestos, las jerarquías, los nombres o los cargos que, como todo atributo de poder, son efímeros. Lo relevante es tener -por la razón o por la cosmética- la intención real de colaborar con un bien común. A todos nos conviene y es nuestro derecho. Esto cobra relevancia porque, finalmente, la Justicia, en su concepto más básico, es darle a cada quien lo que le corresponde.

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