Lo que no se debate, por Raúl Bravo Sender

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Este Domingo 9 de Diciembre, los peruanos retornaremos a las urnas, pero por un referéndum en el que se someterán a la aprobación popular los proyectos de reforma constitucional sobre: el reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura por la nueva Junta Nacional de Justicia, la prohibición de reelección inmediata de Congresistas, la reinstauración de la bicameralidad en el Parlamento y, la regulación del financiamiento de organizaciones políticas.

La opinión pública es la que marca la pauta en las democracias representativas. Sin embargo, los últimos meses desde que se aprobaron tales reformas constitucionales en el Congreso, sobre las cuales tratará la consulta popular, la agenda de los medios ha estado centrada en las distintas audiencias de prisión preventiva y otras medidas coercitivas, además de la reciente solicitud de asilo del ex Presidente García Pérez al Uruguay.

La democracia no es de papel. Éste lo aguanto todo. El artículo 43 de la Constitución puede establecer que nuestro régimen político es el de la democracia representativa, descentralizada, y organizada según la separación de poderes. Sin embargo, una auténtica democracia se edifica con ciudadanos informados que opinan con propiedad sobre los aspectos medulares del estado de derecho, como los que serán objeto de consulta en el próximo referéndum.

Más allá de los temas aprobados por el Parlamento, detengámonos a reflexionar el fondo de las reformas, pues las mismas fueron producto de la indignación popular y el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo –al extremo que peligró la permanencia de éste último-. Las políticas de Estado no pueden ser inmediatistas. Puede apagarse el incendio momentáneamente, pero no nos limitemos a parchar la pista para salir del apuro.

Ser juez o fiscal significa un sello de honor, decencia, honradez y honestidad. Contar con los más altos estudios y grados no asegura ello. Pero la política, que ha venido traficando con los nombramientos y ratificaciones, los ha pervertido, pues son los llamados a controlar al poder político en salvaguarda de los derechos de las personas. Las verdaderas reformas debieran centrarse en los límites a quienes creen tener poderes ilimitados en la creación del derecho.

Muchos legisladores, jueces y fiscales, deben pisar tierra y asimilar la idea de que no son omnipotentes. Sus funciones se limitan a garantizar un orden en el que prevalezcan las libertades individuales. Ellos no inventan el derecho, pues éste es un proceso social espontáneo creado por la interacción de millones de voluntades, dando lugar a un conjunto de usos y costumbres que son aceptados por la generalidad como si se tratara de normas obligatorias.

El interés en reelegirse como legislador obedece a esta errada –y tergiversada- manera de entender el origen del derecho. Los legisladores no tienen poder en crearlo, como se ha explicado. Sin embargo, al creer lo contrario, lo que realmente hacen es otorgar privilegios a quienes tienen influencias en el hall de los pasos perdidos. De esta manera, en vez de limitar al poder, la ley es su reflejo. Puro mercantilismo. Por ello el abnegado interés en financiar a los partidos políticos.

Pero no sólo en controlar la creación de las leyes, sino también en los jugosos y apetecibles presupuestos públicos de los distintos ministerios, instituciones autónomas, municipios, gobiernos regionales, etc. Es un negocio rentable contratar con el Estado. Es plata segura. No importa si en el camino se tenga que aceitar con diezmos a funcionarios de mayor o menor rango. Cada uno tiene su precio. Finalmente, ese costo es trasladado a los esquilmados contribuyentes.

Cuando burócratas, tecnócratas, políticos y empresarios mercantilistas, nos dicen que por el bien común el Estado debe asumirlo todo, en realidad nos dicen que inflemos el presupuesto para seguir vivienda a expensas del mismo. Inmejorable oportunidad para cobrar peaje y hacer negocios a costa del dinero de los peruanos. Existe una complicidad y un silencio por no debatir el fondo del asunto, pues a muchos no les conviene que les cierren el caño.

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.

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