Los peruanos queremos saber cuánto dinero hemos perdido, por Federico Prieto

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La constitución de 1993 garantiza las inversiones en el marco de la economía libre. Desde entonces hemos crecido. Nos hemos desarrollado. Hemos asimilado a más de 600,000 venezolanos en nuestra sociedad y en nuestro aparato productivo. Hemos separado la política, de signo negativo, con la economía, de signo positivo.

El puente que une política y economía es la corrupción, y todavía los peruanos no nos ponemos de acuerdo de cuánto dinero hemos perdido por robo del club de constructores, del club de los cuellos blancos, y de todos los clubes que se quiera que se han dedicado las últimas décadas a llevarse ilegalmente las monedas y los billetes del tesoro público.

El Gobierno nos cuenta que ha aprobado una política nacional de competitividad y productividad para impulsar un crecimiento económico que eleve el bienestar de la población en el mediano plazo. ¿Es una cortina de humo para hacernos olvidar que las arcas fiscales son una coladera que permite que millones de soles se vayan a extranjero, en forma de coimas, sobrepagos, addendas, etcétera?

Velando por la tranquilidad financiera del país, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, aseguró en el CADE Ejecutivos 2018 que la corrupción no afecta la economía nacional pero que es necesario enfrentarla. Y el expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha dicho al empresariado que tenga más iniciativas contra la corrupción, en relación a los polémicos vínculos entre un determinado sector del empresariado y los acuerdos irregulares y de corrupción de Odebrecht. No estaría mal.

Los ex ministros de Justicia Víctor García Toma y Gustavo Adrianzén, a su vez, han declarado al diario Expreso que el pre-acuerdo entre el estado peruano y la empresa brasileña para pagar la reparación civil por los daños causados al aparato productivo nacional no se debe tener en cuenta en el acuerdo, porque la cantidad señalada ahí es irrisoria. Además, el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, en su calidad de presidente del consejo de defensa jurídica del estado, tiene el deber de tomar la palabra en el tema de la corrupción política.

En conclusión, el gobierno, léase, primer ministro, y ministros de Economía y Justicia, independientemente de la descalabrada administración de justicia peruana, que no puede ni con su alma, tiene la obligación de informar al país cuánto dinero público se han robado los ladrones en el marco de la denunciada corrupción política que sufrimos. Los peruanos queremos saber.

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