Los problemas de la confianza, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"El Ejecutivo se está arrogando un papel de ente infalible, cuyos proyectos de ley parecen ser vistos como obras iluminadas que no pueden ser juzgadas".

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La semana pasada, el Poder Ejecutivo presentó una cuestión de confianza al Congreso de la República por cinco proyectos de ley de reforma política. En la carta donde el primer ministro plantea el pedido al presidente del Parlamento, el gobierno establece lineamientos claros para lo que, a su juicio, sería la ‘desnaturalización’ de las referidas iniciativas legislativas y, así, una situación que definirían como la negación tácita de la confianza.

De darse este escenario, y al tratarse de la segunda vez que el Legislativo le niega la confianza al Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra quedaría facultado para disolver el Parlamento y convocar elecciones para colocar uno nuevo.

Esta tesitura ha significado la celebración de quienes ven en la disolución del Congreso un desenlace feliz, habida cuenta del desastroso desempeño que ha tenido en los últimos años, y no es difícil entender esos sentimientos. Pero más allá de las pasiones que pueda desatar la actual configuración parlamentaria –consagrada como tal, para bien o para mal, por un proceso electoral democrático–, la verdad es que la forma en la que el Ejecutivo ha elegido plantear la confianza es harto cuestionable.

En concreto, el gobierno se vale de un recurso confuso de la Constitución (este columnista ha hablado con más de ocho constitucionalistas y quedó claro que no existe consenso sobre la pertinencia de la medida) para poner al Legislativo en una situación en la que, si no renuncia a la libertad que debería tener para legislar y procesar las iniciativas del Ejecutivo, puede ser disuelto. En buena cuenta, Vizcarra y sus adláteres le están diciendo al Congreso: “haces la cosa como quiero o te vas”.

Es cierto que sobran argumentos para despreciar a la actual configuración parlamentaria, pero esta fue elegida para que haga por cinco años lo que hoy el Ejecutivo quiere forzarla a rehuir. Y todo esto porque el Ejecutivo se está arrogando un papel de ente infalible, cuyos proyectos de ley parecen ser vistos como obras iluminadas que no pueden ser juzgadas por instituciones terrenales ¿no cabe la posibilidad de que las iniciativas del Ejecutivo merezcan ser evaluadas (y quizá mejoradas) por el poder cuya existencia se justifica justamente en eso? ¿no es un poco arrogante asumir que no hay espacio para la discusión de la “esencia” de los proyectos?

Ante esto último, quienes respaldan la acción del Ejecutivo dirán que el Congreso no tiene voluntad de sacar adelante una reforma política y lo más probable es que ello sea cierto. Sin embargo, el Parlamento tiene la consigna democrática de juzgar las iniciativas legislativas como crea conveniente, la naturaleza de la institución los obliga a hacerlo y no tienen por qué recibir un proyecto (sobre todo de reforma constitucional) y aprobarlo sin chistar, so pena de desaparecer.

A los argumentos a favor de la confianza tampoco les ha faltado ingredientes como el evidente y oprobioso blindaje a Chávarry o la anuencia del Congreso con criminales como Edwin Donayre pero ¿a caso cabían dudas sobre la catadura moral de nuestros congresistas cuando fueron elegidos por la ciudadanía en el 2016? El desastre parlamentario que tenemos es culpa de los que los pusieron ahí (la mayoría de peruanos) y su desempeño debería llevarnos a tratar de elegir mejor en el 2021, no a procurar su disolución.

Así las cosas, es evidente que el Perú está frente a una situación de posibles implicancias históricas. La disolución del Congreso es probable y es posible que cuente con amplio apoyo popular (hecho que compartiría con la última vez que se dio una disolución del Parlamento). Solo habrá que confiar en la fortaleza de nuestras instituciones y, sobre todo, no considerarlas ‘estorbos’.