Pagando cuentas ajenas, por Raúl Bravo Sender

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Cuando en el último mensaje a la nación por fiestas patrias el Presidente Vizcarra anunció con entusiasmo –y desafiando a la mayoría fujimorista parlamentaria- la realización de un referéndum con el objeto de someter a voto popular temas controvertidos como la reforma del CNM, la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad en el Congreso, y el financiamiento privado de los partidos políticos, de inmediato su popularidad subió como la espuma.

En adelante, el Jefe de Estado se ha esforzado en demostrarnos –lo cual no borra el hecho de las coyunturales circunstancias en que lo hizo-, que no llegó de chiripa a la más alta magistratura –como por allí algunos legisladores han deslizado-, con una serie de gestos políticos, de declaraciones más para la tribuna –y hasta populistas-, tomando contacto directo con el pueblo. Así, la ciudadanía empezó a sintonizar con su Presidente.

Desde entonces, la conducta en bloque del fujimorismo deja entrever que se ha empeñado en obstaculizar la propuesta del referéndum. Y el tema en cuestión se ha convertido en uno de los principales obstáculos del necesario entendimiento que debe primar entre el Parlamento y el Ejecutivo para así abordar la agenda de gobierno. Ambos se necesitan para asegurar la gobernabilidad del país. Sin embargo, pareciera que se empecinan y radicalizan en sus posiciones.

El fujimorismo debe asimilar que el electorado no lo eligió en el rol de gobierno. Habiendo alcanzado mayoría parlamentaria –en un continuo proceso de desgaste-, su rol consiste en representar, legislar y fiscalizar, más no obstruir al Ejecutivo. Y éste –que puede constitucionalmente cerrar al Congreso- debe ser consciente que necesita de su confianza. Pero ambas atribuciones (confianza y clausura) no pueden ser un instrumento de chantaje y persecución política.

En medio de este enfrentamiento entre ambos poderes estatales se encuentra pagando los platos rotos el menospreciado y subvaluado pueblo peruano. El tono soberbio y desafiante con que tanto el oficialismo gubernamental como la oposición parlamentaria se dirigen entre sí, lo justifican en el hecho de que ambos se deben al electorado que los eligió mediante voto directo. Es decir, entre ellos no se deben rendir cuentas, sino solamente al soberano demos.

Mientras la gente de a pié sobrevive en una economía mercantilista en la que para prosperar no queda de otra que eludir una costosa legalidad diseñada para favorecer a quienes detentan el poder y sus amigos, las autoridades electas se la pasan la mayor parte de sus periodos enfrentándose entre sí por conflictos particulares, en vez de representar la voluntad popular. ¿Qué tanto nos cuesta a los peruanos estos enfrentamientos?

La inversión privada –nacional y extranjera- se ahuyenta, los proyectos de inversión pública se paralizan, la pobreza crece, el crecimiento económico y la generación de empleo se frenan. Todos pagamos las cuentas de los excesos del poder político. Y el poder del Estado llamado a restablecer el equilibrio, es decir, el Judicial, está capturado por mafias que pululan por los pasillos de los juzgados. Es así como el derecho ha sucumbido ante la política.

La prensa –que es privada, y en tal sentido tiene su propia agenda de intereses particulares- tampoco puede vendernos la idea de que representa a la opinión pública o al pueblo. La única independencia que puede exigírsele es la de no someterse al poder político de turno. Entonces, al demos sólo le quedan las calles y plazas para hacer sentir su voz. Y en la era digital, las redes sociales han reemplazado dichos espacios públicos.

Las verdaderas reformas atraviesan por dos aspectos fundamentales: empoderar a la gente con derechos de propiedad privada y limitar al poder político. El resto sólo son pequeños parches que a la larga terminan reventando por algún lado. No debe extrañarnos que ningún político haya propuesto reducir al Estado y eliminar los entrampamientos legales. Ello es lógico pues viven de los inflados presupuestos públicos y de la gestión de favores e intereses.

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.

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