Peligra acceso a las Palmas, por Federico Prieto

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No hemos escuchado al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, garantizar las máximas facilidades solicitadas para que los servicios municipales de transporte lleven a la población de la manera más cómoda posible a La Palmas para asistir a la misa del Papa Francisco el 21 de enero por la tarde.

Las cinco empresas concesionarias, una de ellas peruana, han prometido poner de su parte todo lo que se les ha pedido, pero han dejado claro que la última palabra la tiene el alcalde limeño, porque el contrato firmado por la Municipalidad y las empresas de transporte pone la mano del alcalde provincial en el mango de la sartén.

Desde el inicio del nuevo sistema de transporte municipal limeño los conflictos entre el alcalde y las empresas de transporte se han sucedido sin encontrar solución ni en el diálogo, ni en los arbitrajes ni en los tribunales de justicia. Al parecer una de las partes se encarga de enredar las cosas para que no se solucione nada.

Como siempre, son los pasajeros los que sufren las consecuencias. Van apachurrados, empujados para entrar como en el metro de Tokio, porque la Municipalidad no deja que circule el íntegro de la flota. Vehículos y choferes se mueren de risa en el depósito, sin que el desencuentro entre autoridades y concesionarios pueda llegar a su fin.

Es claro que en el fondo hay un concierto de millones de soles que van de  un lado a otro, sin que se pueda hacer una contabilidad transparente a la luz del contrato firmado que terceros inocentes, como la defensoría del pueblo o el ministerio de Transportes, puedan leer las cifras de ingresos y gastos y puedan decir que todo está bien.

El peligro de que el día 21 de enero no salgan todos los autobuses del depósito y no presten el servicio previsto dificultaría la llegada de los fieles a la misa papal. Es claro que un fracaso de esa dimensión obligaría a las empresas de transporte involucradas a remitir al ministro de Transportes y al Nuncio de su Santidad los obstáculos puestos por las autoridades municipales, impidiendo el éxito de la ceremonia religiosa con la asistencia prevista de fieles.

Esto provocaría sin duda una investigación a fondo del Congreso de la República, de procuradores y fiscales, etcétera, para que de una vez por todas se ponga fin a la mano negra que está haciendo las cosas muy mal.

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