Prestidigitación jurídica, por Mario Arroyo

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Soy filósofo, y siempre me ha sorprendido la capacidad de los juristas para interpretar la ley en sentido inverso al que reza textualmente la norma y, obviamente, con un espíritu contrapuesto al que fue escrita. Me gusta llamarlo, «principio de libertad jurídica», por el cual el juez, auténtico intérprete de la norma, no está condicionado por lo que esta afirma expresamente, ni por el espíritu del legislador, sino que puede darle un nuevo performance segun su real parecer.

Lo de los «principios» es importante, pues sin estar escritos en ninguna parte, ni haber sido votados por los legisladores democráticamente electos, vienen a ser los criterios últimos según los cuales debe interpretarse toda norma escrita. Un juez los puede llamar en causa y le abren las puertas para reinterpretar la ley a su antojo. Son fundamentales para garantizar la «libertad jurídica» del juez respecto del legislador.

A esa maniobra me gusta llamarla prestidigitación. Es muy sencilla, es un juego intelectual semejante al del ilusionista que esconde la bolita. Es grandioso: «donde tú y todos pueden leer A en la Constitución, en realidad debe interpretarse como B». Unas firmitas de los que saben del tema y basta. Así, un reducido grupo del Olimpo que funje como Tribunal Constitucional, es decir, el garante de la correcta interpretación de la Constitución, habilmente le hacer decir precisamente lo contrario a lo que afirma.

Esto lo hemos visto muchas veces en la historia reciente. Debe haber una escuela donde le enseñan a los juristas cómo no sentirse vinculados por la letra de la Constitución, máxime si son los guardianes de la misma. Esto acaba de suceder, a la letra, en una resolución del Tribunal Constitucional, la cual determina, entre otras cosas, que es inconstitucional el financiamiento que el Estado Peruano ofrece a los colegios parroquiales, acorde con el tenor literal del artículo 50 de la Carta Magna y con los pactos internacionales firmados por el Perú, como puede ser el Concordato.

Pero no señores, donde la Constitución afirma taxativamente que «el Estado Peruano reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración», en realidad está afirmando que es inconstitucional prestar cualquier colaboración a la Iglesia Católica. Sí, como lo leen. La constitución dice expresamente A, pero el Tribunal Constitucional, a través de una muy alambicada explicación (hábil prestidigitación donde uno no sabe donde quedó la bolita) nos explica que en realidad dice «no A». El «principio de seguridad jurídica» desaparece colapsado por el de «incertidumbre jurídica».

¿Cómo ha sido posible esta prestidigitación? A través de los invaluables principios inventados ad hoc para la ocasión. Así, sorpresivamente, el artículo 50 de la Constitución, que en su equilibrada redacción explica cómo el Estado Peruano no es confesional, pero reconoce el papel de la Iglesia Católica y le presta su colaboración, la cual no es exclusiva con ella, pudiendo colaborar también con otras denominaciones religiosas. Redacción que explícitamente reconoce el papel del catolicismo en la formación histórica, moral y cultural del país, e implícitamente reconoce un valor positivo a la realidad religiosa en general, pudiendo colaborar con ella en beneficio de la entera sociedad. Cualquier persona que lo lea sin prejuicios se da cuenta de que eso es lo que afirma.

Pues resulta que estamos equivocados. Los especialistas nos dicen, según reza la sentencia, que en realidad el artículo 50 consagra «el principio de laicidad». Dicho principio no aparece en la Constitución. Es sencillo darse cuenta, basta tener una versión digital de la misma y colocar en el buscador la palabra «laicidad». Obtendra 0 resultados, 0 entradas, no aparece. La laicidad es, entonces, uno de esos principios «mágicos» que determinan toda interpretación ulterior de la Constitución. Son principios no escritos supra constitucionales, lo que es importante: nunca han sido votados democráticamente, se han saltado olímpicamente al poder legislativo, a la autoridad que dimana del pueblo, y son simplemente el lente con el que el especialista quiere releer y reinterpretar, porque ya ni siquiera es necesario reescribir (necesitaría poner de acuerdo al Congreso y eso es muy difícil) la Carta Magna de un país.

Pues bien, a la luz de ese principio supremo e incuestionable de «la laicidad», del cual la sentencia va sacando cada vez más características, implicaciones y conclusiones, podemos interpretar el artículo 50 justo al revés de lo que afirma: donde dice «le presta su colaboración», en realidad tenemos que interpretar, «no le presta su colaboración». Más aún, «es inconstitucional que le preste su colaboración» a pesar de la Constitución misma y de los Tratados intenacionales vigentes. ¿No es maravilloso este «principio de laicidad» que se da graciosamente por supuesto, y que sobrepuja a la Constitución y a los tratados vigentes?

Lo mejor es de dónde se agarran para concluir esto: un reclamo laboral por un despido en apariencia «injusto» de una profesora de Tumbes. Es decir, nada que ver. Lo peor es ver a quién perjudica: a miles de niños peruanos que prefieren el colegio parroquial al público, ¿por qué será? Vulnera además el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, derecho humano reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se vuelve inoperante, letra muerta, papel mojado, gracias a él omnipotente principio de «laicidad» que hábilmente se inventaron los jueces para tergiversar la constitución. ¿Es o no es prestidigitación jurídica?

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