¿Quién le tiene miedo a Pedro Chávarry?, por Federico Prieto Celi

501

Cuando suceden casos como el de Pedro Chávarry hay que preguntarse quién digita la campaña contra él y por qué lo hace. Que después del insólito cargamontón para forzarle a que renuncie como Fiscal de la Nación, hasta lograrlo, se le prohíba que salga del país, se le grite en la puerta de su casa, día y noche, mediante venezolanos contratados, y hasta se le pretenda impedir el libre ejercicio de su profesión desde el Colegio de Abogados, es mucho para que sea algo espontáneo y lógico. Alguien quiere destruirlo para que otros escarmienten en cabeza ajena. ¿Será porque dijo que tenía más 46 denuncias en su contra, 43 en su mismo pueblo, para investigar de cuerdo al debido proceso al presidente Martín Vizcarra?

Aunque sea sólo por eso, sería un elemento pacificador que el presidente de la República declare que terminará su mandato y entregará el mando a quien sea elegido por el pueblo el 28 de julio de 2021. No vaya a ser que los altos índices recientes de aprobación de Martín Vizcarra respondan a un inteligente manejo de la imagen del jefe del estado, para prolongar su estadía en la casa de Pizarro, como ha comentado el colega Víctor Ponce.

Porque bien sabemos que su actual popularidad no significa necesariamente que su gobierno esté a la altura que se esperaba de él cuando el presidente Pedro Pablo  Kuczynski renunció al cargo. No sabemos tampoco cómo será su desempeño en el tiempo que le queda en palacio de gobierno. Lo único cierto es que el 28 de julio de 2021 el candidato que gane las elecciones presidenciales deberá asumir el cargo de presidente, y que Martín Vizcarra no puede ser uno de ellos, porque lo prohíbe la constitución política del estado peruano.

Es inverosímil pensar que el Congreso peruano pueda cambiar en dos legislaturas ordinarias la letra de la constitución para reabrir la posibilidad de que un presidente repita el plato de inmediato. Tenemos dos experiencias históricas aleccionadoras. Augusto B. Leguía gobernó primero cuatro años, dejó paso a Guillermo Billinghurst, Óscar Benavides y José Pardo y Barreda y volvió para quedarse once años, cayendo derrocado por la revolución del teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro. Alberto Fujimori fue elegido, reelegido y reelegido, para terinar renunciando poco después, porque los acontecimientos políticos se aceleraron en contra suya.

Aunque el odio sarraceno haya creado leyendas negativas sobre ambos, tanto Leguía como Fujimori han sido magníficos presidentes. Ambos cometieron, sin embargo, el pecado mortal de hacer cambiar la constitución para reelegirse inmediatamente, pensando en continuar con sus obras de gobierno. La clase política considera que el continuismo es el peor de los pecados políticos, mayor inclusive que la corrupción que hemos visto en los recientes casos presidenciales. No lo olvide ni por un momento el actual presidente Martín Vizcarra. Despida sobre la marcha al ‘asesor’ que se le ocurra aconsejarle que se quede, porque puede estar seguro que ese mal consejo es nefasto.

No olvidemos que el Grupo de Lima, liderado por el gobierno peruano, se ha enfrentado al dictador Nicolás Maduro, precisamente por hacer elecciones fraudulentas y reelegirse indebidamente en el cargo, con el repudio internacional.

La pregunta legítima que nos podemos hacer ahora es: ¿en quién está pensando el presidente Vizcarra que debe ser candidato presidencial, con posibilidades reales de sucederle, ganando las elecciones de 2021? Todo hace suponer que la principal batalla política que tendrá que dirigir el próximo presidente es la de terminar la tarea iniciada de salir de la crisis institucional del poder judicial, incluido el ministerio público, teniendo en cuenta los poderosos intereses de las empresas constructoras extranjeras y nacionales, el cuasi monopolio de los medios de comunicación a su servicio, la desintegración trágica de los partidos políticos y, quizás lo más importante, el humor interno de los electores, más allá de las presiones externas, para votar del modo libre que les de la gana.

Y, mientras aniquilan al señor Pedro Chávarry, ¿qué suerte correrán esas denuncias? ¿Qué hará al respecto la actual Fiscal de la Nación Interina, Zoraida Ávalos? ¿Y la separación de poderes del estado? ¿Qué sabe de todo esto la vicepresidenta y congresista Mercedes  Aráoz? ¿O hemos llegado a tal punto que tendríamos que preguntárselo a Vladimiro Montesinos, en su prisión?

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.