Congreso violaría requisitos para acelerar la compra de 980 computadoras

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Se evidencia que el Congreso de la República violó sus propias normas para acelerar la infame compra de las 980 computadoras el pasado noviembre.

Esto se ve en un documento enviado por el contralor, Edgar Alarcón, a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Este, denominado “Orientación de Oficio”, informa del hallazgo de tres actos indebidos cometidos por los funcionarios del Parlamento responsables de la compra.

El legislativo no habría respetado sus propios requisitos mínimos para efectuar contrataciones, ni las Normas de Control Interno dictados por la Contraloría General de la República.

La Contraloría habría encontrado que el informe sobre las especificaciones técnicas para la adquisición de las computadoras se sustentó con otro documento emitido con fecha posterior. Las especificaciones técnicas recién se habrían actualizado el 27 de octubre, pero el informe le dio como fecha el día 26.

El documento permitió que el Congreso elevara la cantidad de equipos de cómputo a ser adquiridos,  de 260 a 980, sin que se realizara una evaluación técnica como exigía la Contraloría. Esto incumple con las Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006.

La elección del proveedor también fue irregular. El Grupo Coresol SAC, elegido para la compra de monitores, no cumplía con el requisito de contar con un mínimo de tres años de experiencia en el mercado. Esto, según la Contraloría,  “genera el riesgo de que no cumpla con la entrega de los bienes adquiridos en la forma, características, calidad y plazos establecidos, afectando los planes de reemplazo de equipos”.

Finalmente, la adquisición de las computadoras no estaba incluida incluida en el Plan Anual de Contrataciones del Congreso. La Contraloría advirtió que esto “podría afectar la legalidad y transparencia del método especial de contratación utilizado para la compra de computadoras”.

Asimismo, 11 días previos a que se autorice la compra, el 14 de noviembre, la oficina de Asesoría Jurídica del Congreso informó a la Dirección General de Administración del Congreso que la adquisición de las computadoras estaba programada para cumplirse mediante una licitación pública, no a través del catálogo electrónico del organismo Perú Compras.

Cabe mencionar que el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, había asegurado en diciembre que el Parlamento estaba obligado a realizar las compras sin licitación.

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