Manta y Vilca: Sobrevivientes exigen juicio público

"Para que la sociedad conozca las violaciones sexuales en el conflicto armado y las acompañe en la batalla legal después de 35 años de impunidad", aseguró DEMUS.

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Durante el inicio del juicio a 13 militares por violación sexual en contexto de lesa humanidad en agravio de 9 mujeres de las comunidades de Manta y Vilca durante el conflicto armado, el colegiado A de la Sala Penal Nacional dejó para una próxima audiencia resolver si el proceso se hará de forma reservada o si a pedido de las víctima se realizará de manera pública.

DEMUS y del Instituto de Defensa Legal sustentaron el pedido de las 9 denunciantes para que el juicio sea público “con el objetivo de que la sociedad conozca la verdad de las violaciones sexuales que sufrieron por parte de los militares acusados cuando tenían el control político y militar de la zona durante la época del conflicto armado”.

Sin embargo, el Ministerio Público, institución que acusó a los militares y debe velar por los derechos de las víctimas, solicitó al igual que la defensa de los acusados que el juicio sea “reservado”.

Cynthia Silva, abogada de DEMUS, precisó ante los magistrados René Eduardo Martínez, Edhin Campos Brarranzuela y Jhonny Contreras Cuzcano que “las mujeres han manifestado su voluntad de que las audiencias sean públicas y considerarán, como es su derecho, si al momento de brindar su testimonio piden que sea reservada. Ellas quieren que, por la relevancia histórica del contexto del conflicto armado que vivieron, la sociedad conozca lo que les ocurrió en sus comunidades siendo ellas aún adolescentes.

“Es importante para ellas sentir que la sociedad estará vigilante ante potenciales irregularidades que podrían cometerse en el proceso como pasó en el juicio anterior, en que los acusados, la defensa de estos y hasta los mismos jueces, vulneraron sus derechos”, agregó.

La abogada también cuestionó que la representante del Ministerio Público, María Eugenia Carrasco, argumentara en el mismo sentido de los abogados de los acusados por la “reserva” del juicio, con la excusa de “no revictimizarlas”.

“Qué mayor revictimización que no hacer caso a la voluntad de las víctimas, su autonomía y autodeterminación, su derecho a la verdad. Los derechos de las víctimas no se pueden convertir en obligaciones que el Estado impone. La naturaleza del derecho a la reserva de las víctimas es para cuidar su dignidad, no para vulnerarla negándoles su decisión”, sostiene María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.

Así las cosas,el tribunal decidió resolver si el juicio será público o reservado el 27 de marzo a las 10 de la mañana.

ENFOQUE DE GÉNERO Y DDHH

Por otro lado, el nuevo tribunal aceptó el pedido de la defensa de las víctimas para que haya dos intérpretes quechua en el proceso y, preferentemente, con conocimiento de quechua huancavelicano. De esa manera se respetará la declaración de las víctimas en su lengua materna.

Además, la sala consideró oportuno el pedido de la defensa de un acompañamiento psicológico a las denunciantes durante el juicio. Así se cursará un oficio al Ministerio de la Mujer para que designe personal que participará en las audiencias. Cabe indicar que la defensa de los acusados intentó obstaculizar esta decisión.

(Con información de DEMUS)