Aciertos presidenciales, por Christian Muñoz

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El domingo pasado Ipsos publicó su encuesta correspondiente al mes de Agosto de este año. Los datos son reveladores: el presidente Kuczynski alcanza el punto más crítico de su gestión desde su entrada a palacio hace casi un año exactamente. Así, mientras que la aprobación del mandatario ha descendido a un mínimo histórico de 29%, su desaprobación ha ascendido a un máximo -también histórico- de 64%.

Estos números podrían ser los peores que haya obtenido un mandatario desde el restablecimiento democrático del cambio de siglo. Y no es para menos. El mandato de Kuczynski ha cometido crasos errores políticamente hablando. Los casos de Odebrecht y Chinchero son quizá los mejores ejemplos de mala gestión política durante la primera mitad del mandato, el mismo que recibiría una bocanada de oxígeno durante los desastres provocados por El Niño en el norte del país, para finalmente volver hoy al ojo de la tormenta de la mano de masivas huelgas de servidores públicos por todo el país.

En medio de esta maraña de errores políticos -muchos de los cuales son únicamente imputables al ejecutivo-, la última semana el presidente ha tenido dos aciertos que sería mezquino no reconocer: el tratamiento de la crisis venezolana y la imputación al TC como responsable de la ingente informalidad laboral del país.

Sobre lo primero, el enfrentamiento al tiránico régimen chavista ha sido más bien una constante en la política exterior del gobierno de Kuczynski -incluso desde antes de su elección, el ahora mandatario abogó abiertamente por el uso de la Carta Democrática Interamericana en el caso venezolano-. Esto le permitió forjar un claro liderazgo en la región para el tratamiento de la crisis en el vecino llanero, cuya máxima expresión se daría con la reciente “Declaración de Lima”, donde 17 países -a través de sus respectivos cancilleres- criticaron abiertamente la dictadura de Maduro y desconocieron a la Asamblea Constituyente recientemente conformada por iniciativa suya.

Siguiendo esa línea, la reciente expulsión del embajador venezolano era bastante previsible -Kuczynski había ya ordenado el retiro del embajador peruano en Caracas luego del autogolpe a fines de Marzo-, aunque no por ello menos importante. Resulta imperativo que los gobiernos democráticos ejerzan todos los medios a su alcance para contribuir a la caída del régimen chavista, aunque siempre teniendo en cuenta los límites que impone el Derecho Internacional -especialmente los de la Carta de las Naciones Unidas respecto a la prohibición en el uso de la fuerza-.

Así entonces, el presidente ha obrado conforme a la consigna por la que muchos peruanos le dieron su voto en la segunda vuelta electoral pasada: una férrea defensa de la democracia ante lo que consideraban el peligro de una dictadura. Resulta por lo mismo bastante extraño que la opinión pública insista en que Kuczynski se despreocupe por la situación venezolana para atender únicamente problemas internos. Los que sostienen esto olvidan que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo -para eso existe, precisamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores- y que, a la larga, la situación de nuestros vecinos termina teniendo consecuencias en nuestro propio país.

Por otro lado, el presidente ha hecho bien en imputarle al Tribunal Constitucional la responsabilidad por la rampante informalidad laboral de nuestro país. Evidentemente, la informalidad no es producto únicamente de sobrecostos a la hora de la contratación del personal, sin embargo, señalar que estos sobrecostos no tienen efecto alguno es igualmente falso.

Nuestro TC ha venido generando estos sobrecostos al adoptar posiciones cuestionablemente activistas -en especial desde el denominado caso “Fetratel”- que, pese a las buenas intenciones del tribunal, han terminado siendo contraproducentes en la protección de los trabajadores al consagrar un régimen de estabilidad laboral absoluta, ya que este solo permite la reposición laboral y no la indemnización -como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señalaba- en caso de despidos sin justa causa.

Si bien el anuncio del presidente resulta saludable en la medida de que insta a que la nueva composición del TC cambie sus precedentes, no por esto debemos inferir que se encuentra condenado a la inacción. Bien podría proponer al congreso, a través de su bancada, un proyecto de reforma de la constitución, que precise en el artículo 27 que la indemnización constituye tutela suficiente en caso de despido arbitrario, lo que obligaría al Tribunal a modificar su jurisprudencia. Por otro lado, la reforma debería ser fácilmente aprobada si consigue el apoyo del fujimorismo -que, se supone, tiene ideas económicas afines a las del oficialismo-.

Si bien es cierto que el primer año de Kuczynski se ha caracterizado por una manifiesta incapacidad política para sacar adelante reformas urgentes en el país, un análisis objetivo de su gobierno revela que hay cosas que, como las acá comentadas en virtud de su novedad, son rescatables -aunque no son, ciertamente, las únicas-. Si el presidente quiere revertir sus dramáticas cifras aprobatorias y de paso promover medidas que beneficien a todos los peruanos, necesita dejar atrás su faceta tecnócrata y enrolarse en el juego político. Esperemos que así sea.

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