El momento es ahora, por Christian Muñoz

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El 15 de Junio el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) convocaría a una huelga nacional de docentes públicos. En su comienzo, esta pasaría casi desapercibida tanto por el gobierno -debido principalmente a que en ese momento la prioridad era Chinchero y la interpelación del ministro Thorne-, como por la opinión pública -la gente y los medios se encontraban con los ojos puestos en el escándalo de la leche Pura Vida-. Garrafal error. Gracias a ello la huelga encontraría las condiciones propicias para su gradual desarrollo al interior del país y, hoy por hoy, son ya más de dos meses los que buena parte de los maestros han abandonado sus centros de enseñanza.

Seamos directos: la huelga es a todas luces excesivamente ambiciosa. Como sabemos, si bien eran múltiples las agrupaciones de profesores que hacían llegar al Ministerio de Educación distintos pliegos de reclamos, estos últimos podían sintetizarse básicamente en dos demandas: el aumento de salarios -el monto variaba de acuerdo a la agrupación- y la derogatoria de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, especialmente en lo referido a las evaluaciones de desempeño docente contenidas en el artículo 13 de dicha ley.

Hemos señalado ya que el gobierno permitió el desarrollo de la huelga en lugar de buscar aplacarla cuando aún no adquiría las enormes dimensiones que hoy posee. Con esta clara muestra de negligencia política la huelga iría adquiriendo aprobación entre la opinión pública, la misma que -en líneas generales- respaldaría el aumento salarial a S/. 2,000 por considerarlo un justo reclamo.

La situación se iría agravando hasta el Lunes pasado, momento en el que -para suerte del ejecutivo- las cosas comenzarían a dar un giro inesperado. ¿Qué había sucedido? En resumen, el Minedu y los representantes de los docentes habían llegado a un acuerdo en casi todos los puntos en conflicto, salvo en uno: el relativo a las evaluaciones de desempeño mencionadas líneas arriba. Los docentes se oponían a ser despedidos incluso luego de haber reprobado en tres ocasiones dicha evaluación. Y así lo hizo saber Pedro Castillo -principal dirigente de la huelga- al sugerir ante los medios que en tal caso, el docente desaprobado únicamente debe verse impedido de ascender y no ser retirado.

Eso sumado a que el gobierno había ya cumplido con la demanda de aumento salarial -adelantándola a Noviembre de este año- haría que el foco de las críticas pasase del ejecutivo a los docentes y sus dirigentes. La opinión pública, en una saludable muestra de consciencia meritocrática, respaldaría al Minedu en las sanciones impuestas a los docentes que continuasen en huelga. Lo mismo harían todas las bancadas del congreso e incluso la mayoría de académicos que en un inicio habían respaldado la huelga. El mensaje a los maestros se tornó entonces clarísimo: la meritocracia no es negociable.

Este hecho podría no tener precedentes en casi toda nuestra historia reciente, por lo que representaría una oportunidad de oro para que el presidente Kuczynski ponga en discusión dos reformas que, aunque definitivamente controversiales, podrían llevarse a cabo con algo de voluntad política y aprovechando el consenso.

Sobre la primera hemos escrito ya con anterioridad. Se trata de eliminar la estabilidad laboral absoluta que ha construido tendenciosamente nuestro TC por medio de su jurisprudencia. Es de saberse que nuestro país adolece de una colosal informalidad laboral, debida en buena medida a sobrecostos a la hora de la contratación. Uno de estos sobrecostos es, precisamente, la imposibilidad de despedir al trabajador cuando el empleador lo considere pertinente. Justamente eso es lo que el TC ha avalado al declarar la improcedencia de tales clases de despido, por lo que no se podría únicamente indemnizar al trabajador -como señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral-, sino que habría incluso que reponerlo.

Es por eso que ahora que la mayoría de la población parece avalar que nadie que no merezca un cargo debe permanecer en el, resultaría factible que el presidente Kuczynski tome la iniciativa en la reforma laboral proponiendo un cambio en la constitución. Este consistiría en especificar en el artículo 27 que la indemnización constituye tutela suficiente ante el despido, lo que obligaría a nuestro TC a cambiar su línea jurisprudencial.

En cuanto a la segunda, hablamos de una propuesta aun más compleja pero no por eso menos importante. Se trata de idear y proponer la implementación de un modelo educativo por vouchers. La idea consiste en reasignar el presupuesto educativo, pasando de subsidiar la oferta -colegios- a subsidiar la demanda -padres de familia- por medio de bonos gratuitos que serían otorgados a los padres para que elijan en que colegio invertirlos matriculando a sus hijos. Así, los colegios entrarían en competencia para atraer la mayor cantidad de estudiantes, elevando la calidad educativa en el proceso.

La idea es factible en el Perú, país en el que se gasta un promedio de S/. 3,000 por alumno al año. Sin embargo, su aplicación no debe desatender las particularidades de nuestra nación. Por esto mismo es que el Estado tendría aún un papel fundamental en el desarrollo de infraestructura que haga más atractiva la llegada de los colegios a las regiones más remotas del país. Así también, sería recomendable comenzar con un piloto en ciertos departamentos, para así hacer más fácil la implementación de los ajustes que puedan necesitarse. Lo indudable es que no podemos seguir jugando con un tema tan trascendente como la educación.

Como vemos, la huelga de nuestro país ha llegado a una etapa de inflexión que trajo consigo un consenso meritocrático inesperado. Nuestro presidente, conocido por su tendencia en favor del mercado, puede y debe aprovechar esta coyuntura para proponer reformas urgentísimas como las acá planteadas. ¡El momento es ahora!

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