La eliminación de la remuneración mínima vital en el Perú, por Carlos Arias

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Probablemente para muchos la idea de eliminar la remuneración mínima vital suene como una idea descabellada o tal vez egoísta; sin embargo, sería muy beneficioso para ese 70% de la PEA que actualmente se encuentran en la informalidad laboral.

¿Qué se entiende por salario mínimo? Según el artículo 202 de la Ley General del Trabajo (LGT) señala que:
“Remuneración mínima es la cantidad menor, fijada con arreglo a ley, a la que tiene derecho todo trabajador que labora una jornada ordinaria de trabajo completa. Se entiende por tal la que se cumple usualmente en la empresa o centro de trabajo.”

Ello con la finalidad de procurar un “beneficio” para él (trabajador) y su familia, según la constitución política del Perú. Considero que es una idea totalmente errónea concebir que el salario mínimo protege al trabajador; todo lo contrario: Lo desprotege. En primer lugar, toda prestación de un contrato no es equivalente; esto es, ambas partes que suscriben el contrato se ven beneficiadas con lo pactado en el contrato. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral, el empleo es sostenible cuando ambas partes (trabajador y empleador) resultan ganando: Mientras el empleador gana por la productividad del trabajador, este último percibe un sueldo para cubrir ciertas necesidades del mismo. Partiendo de ello, desde el punto de vista de la teoría económica, el trabajo se basa en la productividad del trabajador, ello quiere decir que si para el empleador el trabajador no produce como el primero quisiera no lo contrata y lo deja desempleado, o lo que sucede en la realidad el trabajador realiza una migración al mercado informal. Por otro lado, si el trabajador produce lo que el empleador requiere, pues será contratado.

Siguiendo la línea del párrafo que precede, si partimos de que el trabajo se basa en la productividad, ergo la remuneración también. Pero ¿Qué sucede en nuestra realidad? El derecho laboral parte de una idea totalmente errónea, que es la idea del “deber ser”; esto es, de un paraíso laboral en el que se deban respetar todas las leyes laborales establecidas por nuestros legisladores; y no parten de la idea de lo que realmente es. Según el ex director de la Cámara de Comercio de Lima (CLL) Cesar Peñaranda, el Perú es el sexto país más informal del mundo. La informalidad surge cuando existe un desajuste entre la realidad y lo que nuestro ordenamiento propone; ello quiere decir, entre la fijación arbitraria de un pago mínimo a cambio de un servicio; y la realidad: La contratación de trabajadores por debajo del sueldo mínimo.

Continuando con el desarrollo del artículo, al ser la productividad la base del sueldo, la eliminación de la RMV lo único que traería como consecuencia sería una clara mejora para aquellos trabajadores que no tienen mayor experiencia en el campo laboral en el que quieran desarrollarse, trabajadores sin mayor productividad, no se encontrarían en el mercado informal, no serían desplazados a este mercado, en tanto, no existiría la barrera laboral de un pago mínimo, no se estaría produciendo un control del precio de la mano de obra. Ahora ¿Cómo medir dicha productividad? El método más común es el que se obtiene de la relación entre la cantidad de producto obtenido y las horas hombre trabajadas, ello durante un periodo determinado.

Como diría el economista Darío Muñoz:

“[…] Me importa el más necesitado, porque el mínimo es un control de precios que causa un déficit de producción de servicios laborales y tiene consecuencias negativas para el pobre ya que impide que estos accedan a un empleo.”

Es por ello que el sueldo mínimo lo que genera es la imposibilidad, de parte del gobierno, de que el trabajador compita con mejores precios ¿Qué sucedería en el escenario en el que la productividad de un trabajador sea menor a la remuneración mínima vital? Simple y llanamente, ese trabajador queda desempleado por esta ley laboral propuesta por nuestros “ingeniosos” legisladores. Muchas de las normas emitidas por nuestro Congreso son realizadas en base a meros fundamentos políticos, y no a razones y/o justificaciones económicas. Toda ley tiene un costo, un costo que puede llegar a perjudicar al ciudadano, como es la ley del sueldo mínimo, que perjudica al trabajador movilizándolo al mercado informal.

En suma, el sueldo mínimo no debería estar regulado por un legislador, sino por el mercado, en función a la productividad del trabajador: A mayor productividad mejor sueldo, a menor productividad un pago inferior. Como diría el doctor Enrique Ghersi: “No existe mejor sueldo mínimo que el que no existe”.

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