PPK y la informalidad, por Pablo Ferreyros

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Al iniciar su gobierno, Pedro Pablo Kuczynski se propuso reducir la informalidad del 60% actual a 30% en el 2021. Meta ambiciosa, sin duda, pero, ¿qué tan posible era cumplirla? Hubo un enfoque inicial en hacer reducciones tributarias, tanto respecto al IGV como al impuesto a la renta. Esto, sin embargo, no era suficiente por sí solo.

Su aplicación, en primer término, se veía limitada por el déficit fiscal generado  en el anterior gobierno, siendo además difícil de compatibilizar con los objetivos de ajuste fiscal planteados. En principio, la reducción de impuestos debía generar una ampliación de la base tributaria que evite una reducción en la recaudación. Pero cierto margen de maniobra resultaba necesario al menos mientras se veía si esta ampliación se alcanzaba.

Que la ampliación de la base tributaria se lograra en la medida requerida dependía, en realidad, de la propia efectividad de la reducción de impuestos para combatir la informalidad. Este era el principal problema, tanto para que se no se reduzca  la recaudación como para que se logre la meta del 30%. El énfasis en la reducción tributaria, cabe pensar, se hizo por ser este el lado popular de reducir los costos de permanencia  en la formalidad. Pero para llegar a la ambiciosa meta es necesario mirar al resto de problemas.

Si bien limitadamente, a fines del año pasado e inicios del actual se hizo avances en materia de simplificación administrativa usando las facultades legislativas. Entre otras cosas, los decretos legislativos buscaban estandarizar procedimientos a nivel nacional e implementar mecanismos de control para evitar nuevas trabas. Solo deben superar la dificultad que supone su aplicación por la propia administración.

La gran ausente, hasta momento, es la cuestión laboral. Según Gustavo Yamada, nuestra legislación laboral explica al menos 20 de los 60 puntos porcentuales de la informalidad en el empleo. No es para menos: estamos el decil inferior del mundo en prácticas de contratación y despido según el Foro Económico Mundial, institución que además señala la rigidez laboral como el tercer factor más problemático para invertir en el Perú.

Es posible que la reducción de impuestos manteniendo estable la recaudación funcione sin cambiar esto (si es o no así excede los límites de este artículo). Bajar la informalidad a la mitad para el 2021 sin hacerlo, no obstante, sí sería casi imposible (a menos que pudiéramos dotar a nuestra burocracia de eficiencia primermundista y jugar con la estabilidad fiscal como si tuviéramos los superávits de la década pasada).

¿Qué se ha hecho de momento respecto a la rigidez laboral? Indicaba Elmer Cuba en su columna del sábado que el tema se verá en el Consejo Nacional del Trabajo. Esto en la práctica, es lo mismo que patear la cuestión indefinidamente, por cuanto dentro del órgano en cuestión no se suele alcanzar acuerdos importantes con demasiada facilidad. Pero ¿qué más podría hacerse? En buena cuenta, se trata de un problema que se ha encargado de bloquear sus soluciones.

Nuestra pésima calificación en cuanto a prácticas de contratación y despido se refiere sin duda a estabilidad laboral absoluta repuesta por el TC a inicios de la década pasada. Lo complicado con ella es que, tratándose de una interpretación de la Constitución, es particularmente difícil cambiarla. Cooter señalaba que la discrecionalidad de las cortes se ve limitada por la capacidad del parlamento de reemplazar sus interpretaciones con normas nuevas.  Para las cortes ordinarias (que en el commonlaw pueden crear criterios a ser aplicados posteriormente, como lo hace acá el TC)  esta es limitada, en tanto sus decisiones ceden ante normas comunes. Para las cortes constitucionales, sin embargo, esta es amplísima, por cuanto habría que cambiar la Constitución.

Similar grado de dificultad se presenta para otros aspectos de la normativa laboral. Se asume que el sueldo mínimo debe subir periódicamente, como si esto en realidad subiera los salarios reales. Y los sobrecostos laborales, aunque solo beneficien a unos pocos, requieren de mucho capital político para ser flexibilizados.

¿Qué  puede hacer el gobierno? Vemos que no mucho. Tal vez esto explique en parte el relego durante el último discurso presidencial de un tema al que tanta importancia se había dado al inicio. Hay actualmente, sin embargo, un proyecto a cargo del Ministerio de Trabajo con algunas propuestas en este sentido. Creemos que su alcance, por las razones dadas, no será mayor (podría, en este sentido, ser similar a la fenecida “ley pulpín”), pero correspondería de todos modos evaluarlo para responder la pregunta que nos planteábamos al inicio.

La meta propuesta por PPK al inicio de su gobierno no es una fácil de cumplir (casi diríamos poco realista) y la rigidez laboral tiene buena parte de la culpa. Habiéndosela planteado, no obstante, no viene mal que se trabaje en desarrollar modos de hacerla viable. Bien podría servir para abordar algunas de nuestras cuestiones pendientes de largo plazo (o, por lo menos, para que deje de alejarse el sueldo mínimo de la realidad).