Sobre la unión de hecho para parejas del mismo sexo, por Óscar Balladares

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La semana pasada, el colectivo Todos Tenemos Derechos y el Instituto Político para la Libertad (IPL) lanzaron la campaña “Derechos para Todos”. Iniciativa que tiene por objeto lograr una efectiva igualdad ante la ley con respecto a una parte de la ciudadanía que en la actualidad continúa encontrándose legalmente marginada.

En concreto, lo que busca esta campaña es que las parejas del mismo sexo accedan a los mismos derechos patrimoniales que las parejas heterosexuales. Ni más ni menos. ¿De qué forma? Recolectando un mínimo de 5,000 firmas válidas para formular una Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo No. 1 de la Ley No. 30007. ¿A qué se refieren esta ley y, en especial, este artículo? La Ley No. 30007, que es del año 2013, modifica artículos de nuestro Código Civil y de nuestro Código Procesal Civil, con la finalidad de que se reconozcan derechos sucesorios entre los miembros de las uniones de hecho.

En ese sentido, el artículo No. 1 de esta ley señala que la misma tiene por objeto reconocer derechos sucesorios “entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, que conforman una unión de hecho”. La Acción de Inconstitucionalidad plantearía una realidad: que la Ley es discriminatoria al excluir a una parte de la sociedad, pues restringe las uniones de hecho a “un varón y una mujer”.

Si la iniciativa tiene éxito, se modificaría ésta ley y, como efecto de lo anterior, también los artículos del Código Civil y del Código Procesal Civil referidos a la unión de hecho que ésta misma ley regula.

Entonces, como resultado de lo anterior, la Ley No. 30007 y el Código Civil dejarían de excluir a las parejas del mismo sexo, estableciéndose que la unión de hecho es, simplemente, la “voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer personas/seres humanos/ciudadanos, libres de impedimento matrimonial…” Esto significaría que las parejas del mismo sexo, al igual que las parejas heterosexuales, podrían constituir uniones de hecho y, con esto, sociedades de bienes sujetas al régimen de sociedad de gananciales.

¿Qué significa lo anterior? Que los miembros de una pareja del mismo sexo, en su calidad de pareja y en nombre del vínculo afectivo que los une y los ha llevado a establecer, tras dos años de convivencia, una unión de hecho, podrán constituir un patrimonio común y ser herederos forzosos entre sí. Asimismo, que se reconozca mediante la vía constitucional la unión de hecho de las parejas del mismo sexo, brindaría a los miembros de éstas uniones otros derechos, como el acceso al seguro social de la pareja, el decidir sobre una intervención médica de emergencia, el realizar visitas a una unidad de cuidados intensivos donde se encuentre internada la pareja o el visitarla en un centro penitenciario, o que la pareja, en caso de ser extranjera, acceda a la nacionalidad peruana.

Por otra parte, y con respecto al errado argumento de que “se estaría buscando la adopción” (prefiriendo que los niños permanezcan huérfanos y desamparados antes que bajo el calor de una familia y un hogar), como se puede apreciar, los derechos a los que accederían las parejas del mismo sexo mediante ésta iniciativa no pasan de ser meramente patrimoniales y referirse exclusivamente a la relación de pareja. ¿Por qué oponerse a que los miembros de éstas uniones civiles se constituyan en herederos forzosos, gocen del seguro social del otro, constituyan un patrimonio común como pareja (no un contrato), puedan decidir mutuamente sobre una intervención médica de emergencia? ¿Por qué negar a una parte de la sociedad esos derechos?

Oponerse a la extensión de tales derechos a una parte importante de la ciudadanía, que en la actualidad se encuentra injustificadamente excluida, es oponerse a la igualdad ante la ley de la que deberían gozar todos los ciudadanos de un Estado de Derecho. ¿En qué podría basarse tal oposición? “Es que no me gustan los maricones.” Me dijeron hace ya un par de días al solicitar una firma para los planillones. Cada quien es absolutamente libre de asumir la postura que desee e incluso de estar en contra de la iniciativa y no firmar los planillones. Sin embargo, una postura como esa se aleja de la reflexión y de un juicio inteligente, y solamente puede estar basada en el prejuicio, la intolerancia, la ignorancia, el dogmatismo o la mera necedad. Posiciones absurdas como aquella, que finalmente obstaculizan la vida de los demás, me hacen recordar siempre una frase que un viejo y criollo profesor de Procesal Penal II comentó una vez en una clase de hace años. Setentón, bigote cano, lentes grandes, rostro con vitíligo, voz ronca y muy locuaz, nos observó pícaro desde la pizarra de un salón del Pabellón Q de la Universidad de Lima, y refiriéndose a la intolerancia de su esposa, señaló:

– … Y ahí le dije: ¿Te cuesta plata? No. ¿Te duele? Tampoco. ¡Ah! ¿Y entonces…? ¿Qué te importa? ¡Déjalos!

En ese momento pensé que si la mayor parte del mundo se guiara por tales principios no habría guerras religiosas ni crímenes de odio. Incluso me pareció en ese instante que tal máxima estaba al nivel de “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” o “uno tiene derecho a hacer todo lo que desee siempre y cuando no afecte la vida, la libertad y la propiedad de los demás.”

Evidentemente, la tolerancia no puede limitarse solamente a lo que a uno le duela o le cueste plata, sin embargo, de empezar por ahí… avanzaríamos bastante en el mundo.
Volviendo al tema, la iniciativa presentada por Todos Tenemos Derechos y el IPL no busca un “matrimonio gay”, ni tiene nada que ver con que los homosexuales adopten (de acuerdo con nuestras leyes una persona soltera, gay o no, ya puede adoptar), ni busca una ley especial para un grupo “diferente” de personas. Esto no tiene absolutamente nada que ver tampoco con la ideología de género, con la que yo particularmente discrepo. No, para nada. Lo que se busca, simplemente, es que no haya discriminación en la ley, como efectivamente sucede hoy en día con las uniones de hecho, y que se incluya dentro de éstas, para que gocen de los mismos derechos patrimoniales que los heterosexuales, a ciudadanos que actualmente se encuentran inconstitucionalmente marginados. En suma, la misma ley para todos, heterosexuales o no.

Dicho todo lo anterior, el lograr que se formule la Acción de Inconstitucionalidad y que se modifique la ley constituiría un gran avance social, al nivel de lo que implicó en su momento el sufragio femenino, el establecimiento del matrimonio civil, la aceptación del divorcio, la inclusión en nuestras leyes de la misma unión de hecho, que actualmente intentamos ampliar, es decir, reivindicaciones sociales históricas que en su momento también sufrieron una dura oposición, pero que finalmente se alcanzaron por el hecho de ir en sintonía con el respeto a las libertades y los derechos del individuo, fundamento sobre el que se sostiene todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Entonces… ¿qué opinan? ¿Estarían de acuerdo con este avance?

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