El modelo nos dio limones, el Estado no hizo nada; por Gonzalo Ramírez de la Torre

En las últimas semanas, expuestas las debilidades del país durante la pandemia del COVID-19, muchas voces han llamado a la revocación de nuestro modelo económico, acusándolo de ser el culpable de que nuestros servicios públicos, en especial los relacionados a la salud, sean tan precarios. Se habla, de hecho, de un excesivo culto al “neoliberalismo” y de una claudicación sistematizada del Estado ante el mercado. Vicios que, según dicen, están consagrados en nuestra Constitución.

Esas conclusiones, empero, tienen mucho de maquinación ideológica y poco de realismo. No solo porque nuestro marco institucional no es la utopía libertaria que muchos describen, sino también porque la pobreza de nuestros servicios públicos nada tiene que ver con cómo se ha manejado el sector privado, sino por la mediocridad de nuestro Estado. Culpar al libre mercado de que nuestras autoridades no hayan mejorado nuestra infraestructura hospitalaria es como culpar a quien te da limones de tu incapacidad para hacer limonada. Pero vayamos por partes:

El (falso) paraíso capitalista

Desde algunos sectores de la izquierda se asegura con vehemencia que en nuestro país impera un régimen económico de desmedida libertad de mercado, donde el papel regulatorio del Estado se ha reducido a su mínima expresión y el “neoliberalismo” es rey. Pero ese diagnóstico dice más del radicalismo de quienes lo plantean que de la verdadera situación.

De hecho, aunque las reformas de los noventa nos apartaron del estatismo, estamos lejos de ser un paraíso capitalista. En el Índice de Libertad Económica de la Hertiage Foundation, por ejemplo, ocupamos el puesto 51 de 180 países, calzando en la categoría de “moderadamente libres”. Muy por debajo de países como Nueva Zelanda (3), Australia (4), Suiza (5), Dinamarca (8) Canadá (9), Holanda (14) y Suecia (22) –estos últimos cuatro insólitamente calificados como “socialistas” por algunos–.

Por otro lado, en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, cumplimos un papel vergonzoso en múltiples aspectos en los que un país verdaderamente liberal tendría que salir airoso. En un ranking de 141 economías obtenemos el puesto 108 en el indicador que evalúa los efectos disruptivos de los impuestos en la competencia, en el 134 en el que concierne a la flexibilidad para contratar y despedir (nuestro régimen laboral es todo menos flexible), 134 en el que aborda la eficiencia de nuestro sistema legal para solucionar disputas y en el 128 en el que califica la carga que representa nuestra regulación estatal. En esta última materia, países como Finlandia (7), Suiza (8), Alemania (15), Canadá (38), Dinamarca (42) y Suecia (49) nos llevan amplísima ventaja.

En suma, si de utopías libertarias hablamos, el Perú está lejos de ser una, así como también lo está de ser un edén socialista. La mayor apertura económica y el destierro de (algunas de) las aventuras empresariales del Estado nos han traído niveles de crecimiento sin precedentes y una constante reducción de la pobreza que ningún otro modelo de desarrollo nos ha permitido alcanzar. El mercado, en fin, hizo su trabajo. Nuestras flaquezas vienen por otro lado…

Mendigos en banco de oro

Si usted es de los que elige satanizar la redacción de la actual Carta Magna por su supuesto papel en la precarización del sistema público de salud a favor del privado, échele un vistazo al artículo 9. En breve, le asigna al Poder Ejecutivo la responsabilidad de diseñar y conducir la política nacional de salud “en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”. Una obligación en la que todos los jefes del Estado, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, han fallado estrepitosamente.

La crisis por el COVID-19 ha demostrado muchas de nuestras limitaciones pero estas existen hace mucho tiempo. Según Comex, por ejemplo, en el país hay 13,6 médicos por cada 10.000 habitantes, lejos de los 23 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, como informó “El Comercio” en enero, 55% de los locales públicos del primer nivel de atención (postas y centros de salud del Minsa, Essalud y las Fuerzas Armadas) se encontraban en condiciones precarias o contaban con equipamiento obsoleto e insuficiente. Y esas son solo algunas de las carencias que ahora debemos enfrentar en medio de una pandemia y que el Ejecutivo quiere remediar en la marcha. Nuestros gobernantes se han acostumbrado a reaccionar solo cuando el problema ya nos ahogó a todos.

¿Pero cómo es eso posible? ¿Nos faltó plata? Todo lo contrario. De hecho, el Estado nunca había tenido tantos recursos para utilizar. En los últimos 20 años el presupuesto público ha crecido en 420%. Por su parte, el monto asignado al sector salud creció en 63,4% entre el 2014 y el 2019 (Comex). Pero el Estado ha demostrado que no sabe cómo gastar ese dinero de manera eficiente para mitigar las necesidades que existen (y el COVID-19 nos lo refriega en la cara).

El año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Salud solo ejecutó el 41,2% de su presupuesto destinado a proyectos. En promedio, en el 2019, el Gabinete gastó solo el 71,2% de lo que que se les había asignado en la misma materia. También en ese periodo, combinados, el gobierno nacional y los gobiernos locales y regionales solo desembolsaron el 66,5% de lo que tenían disponible. Nuestras precariedades estaban ahí y el dinero para remediarlas, fruto del trabajo de los contribuyentes, también.

¿Es culpa de la Constitución que quienes asumieron cargos públicos y juraron defenderla no procuren llevar a la práctica lo que dice? ¿Es culpa de su capítulo económico que desde el Estado se haya malgastado, robado y ni siquiera desembolsado los miles de millones de soles producidos por los ciudadanos y las empresas formales? ¿Es responsable, por ejemplo, la minería de que los S/ 85 mil millones que pagó en impuestos en los últimos 10 años (IPE) no hayan sido utilizados por nuestras autoridades para beneficiar a la gente que las eligió?

El libre mercado viene cumpliendo su parte del contrato: la pobreza se ha reducido de manera constante en los últimos 15 años, la desigualdad ha disminuido en los últimos 20 (el índice de Gini pasó de 0,56 en 1999 a 0,42 en el 2018) y las arcas del Estado están nutridas por nuestros impuestos. Pero nuestras autoridades, con sus coqueteos con Odebrecht y el resto del Club de la Construcción, con las insólitas contrataciones de personajes de la farándula para que trabajen en el Gobierno o por culpa de su nula capacidad de gestión no han hecho nada por nosotros…

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