El mito del capitalismo salvaje, por Pablo Ferreyros

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Una idea que de seguro va a sacarse a relucir en esta campaña electoral y que la sociología zurda repite de vez en cuando es que la informalidad y la “cultura combi” son el ideal de cualquier liberal y el ejemplo paradigmático del “capitalismo salvaje” en que vivimos desde las reformas y la desregulación de los 90. ¿Es así? Las investigaciones de un importante economista peruano nos pueden ayudar a mirar las cosas desde otro ángulo.

Empecemos por contextualizar. ¿Vivimos en un “capitalismo salvaje”? Como ya se ha dicho en otro artículo, los indicadores internacionales señalan lo contrario. En el Índice de Libertad Económica 2015 de la fundación Heritage nuestra economía es considerada tan solo moderadamente libre. Asimismo, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF) de este año ocupamos, entre 144 países, el puesto 82 en grado de dominio del mercado y el 127 en peso de la regulación estatal. El Fraser Institute coincide: pese a darnos un buen puntaje total en su ranking de libertad económica (segundo cuartil del mundo), nos pone, sobre un total de 157, en el puesto 105 en sistema legal y derechos de propiedad y en el 124 en regulaciones a los negocios. Todo apunta a que las reformas de los 90 fueron bastante parciales y a que vivimos  en un país en que aún se mantienen pesadas regulaciones en diversas áreas.

¿Qué ha causado entonces la informalidad en la que vivimos? Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) apunta a que son precisamente estas regulaciones y deficiencias en la titulación de la propiedad[1]. El problema no sería el supuesto capitalismo sino la falta de este. ¿Cómo así? En la tesis proveniente de la izquierda la informalidad empresarial y laboral en la que el estado parece estar ausente sería el resultado de la excesiva desregulación de la década del Consenso de Washington. En de Soto, por el contrario, vemos que la economía extralegal (que ocupa a las tres cuartas partes de nuestra PEA) es construida por quienes quedan imposibilitados de entrar al mundo formal y capitalista. Los marginados son esas amplias mayorías del tercer mundo que a lo largo del siglo pasado (debido a variedad de causas como reformas agrarias, mejoramiento de caminos o expansión de las telecomunicaciones) salieron de su comunidad local y se insertaron en el mundo globalizado. Al llegar, sin embargo, vieron que una muralla de normas deficientes y desconectadas de su realidad los separaba del mundo formal y capitalista de las élites.

Esta muralla (a la que De Soto se refiere como “la campana de vidrio”) se compone básicamente de dos obstáculos, ambos captados por los índices mencionados: leyes de propiedad deficientes y regulaciones incumplibles para la mayoría. Los extralegales tienen cierta cantidad de activos (el terreno en que viven, por ejemplo), pero estos son invisibles para el Estado.  Su propiedad de facto no es reconocida legalmente y aquello les impide tener seguridad sobre sus bienes, acceder a créditos bancarios o participar de actividades económicas más allá del entorno inmediato de confianza. Asimismo, los costos de acceso (papeleos y trámites burocráticos) y de permanencia (regulaciones laborales y tributarias) son imposibles de afrontar para los extralegales. En un ya bastante conocido experimento de 1983 el Instituto Libertad y Democracia encontró que abrir un pequeño taller textil formal a las afueras de lima tomaba 289 días (dedicándole al proceso 6 horas diarias) y el equivalente a 32 sueldos mínimos de ese entonces. Se entiende así el desarrollo de la economía extralegal al exterior de la muralla como consecuencia de la imposibilidad de penetrarla; como consecuencia de sobrerregulaciones que limitan el capitalismo a la minoría que puede afrontarlas.

Tanto para conservadores obsesionados con el civismo y el cumplimiento ordenado de la ley como para socialistas con excesiva fe en el Estado, la causa de nuestra informalidad es la viveza criolla que nos caracteriza y la solución es reprimir con dureza. Para De Soto, en cambio esta historia no es nueva: sucedió de manera similar en el primer mundo mientras imperó el mercantilismo y solo cambió cuando los gremios que buscaban rehuir a la competencia fueron perdiendo poder, se empezó a reconocer la legitimidad de la actividad económica de los extralegales y se buscó incorporar sus prácticas y contratos de facto a la ley formal.  El reconocimiento de la propiedad de los extralegales y la ampliación del derecho a esta, de hecho, volvió a los ciudadanos más respetuosos de la ley; tanto porque los hizo sentirse incluidos en esta como porque los visibilizó ante el estado y les dio algo que perder. Así, solo lograremos expandir el cumplimiento de la ley a las mayorías derribando los obstáculos que les impiden acceder a los beneficios de esta: la titulación de propiedad deficiente y la sobrerregulación excluyente. No se trata de deshacer las reformas parciales alcanzadas hace dos décadas  sino de completarlas.

[1] Nos basamos en dos libros de de Soto: El otro sendero (1986) y El misterio del capital (2001).