40 años de la Corte IDH, por Bruno Rodríguez

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Hace cuarenta años, orquestándose en el marco de la Operación Cóndor, en Argentina las barras del mundial de fútbol buscaban acallar los lamentos de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En el Chile del General Pinochet un decreto de amnistía intentaba evitar que se juzgaran violaciones a los derechos humanos. En Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay también gobernaban dictaduras militares, mientras que Bolivia cambiaba presidente cada tres meses. Sólo en el año 1978, 10 países de América cambiaron de jefes de Estado. En Guatemala se cometía la masacre de Panzós y en Nicaragua se alistaba la Revolución Sandinista.

Es en esta América Latina de los años 70 donde la democracia no era la regla, el Estado de Derecho una ilusión y los derechos humanos un discurso peligroso, que surgió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si las Naciones Unidas nacieron en un contexto de guerra para proteger la paz, como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el Sistema Interamericano nació en un contexto de autoritarismos para proteger y consolidar la democracia.

Así es como en julio de 1978 entró en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un catálogo de derechos y deberes que tenemos los ciudadanos y ciudadanas frente al Estado por el solo hecho de ser personas. Sin duda una idea revolucionaria para la convulsa segunda mitad del siglo XX, tensionada por la guerra fría, pero llena de ilusión por un mundo mejor y más justo. Con este aliento por justicia se creó este sistema de protección que transciende las fronteras de los autoritarismos y de la impunidad para proteger los derechos humanos de más de 500 millones de personas en el continente.

En sus primeros años la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que enfrentarse a una de las representaciones más vulgares y comunes del autoritarismo estatal, que, a su vez, se traduce en una violación de múltiples derechos y de naturaleza muy compleja: la desaparición forzada de personas. Con su primer caso Velásquez Rodriguez Vs. Honduras desarrolló los elementos de esta generalizada en la región, mandó un mensaje directo al despotismo estatal y abonó el campo de la democracia. A su vez, en el ya conocido caso Barrios Altos Vs. Perú la Corte IDH se convirtió en el primer tribunal internacional en el mundo que estableció la incompatibilidad de las leyes de auto amnistía con el derecho internacional, puso un freno a la impunidad y estableció reglas claras para las obligaciones de juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos.

Entre las grandes contribuciones está la noción de la libertad de expresión como la piedra angular de la democracia, la independencia judicial como requisito necesario del Estado de Derecho y el amplio desarrollo de las garantías del debido proceso. Estas han impactado de manera decisiva en todas las jurisdicciones de nuestro continente. Igualmente, América Latina se ha alineado a excluir casi de manera definitiva la jurisdicción militar para juzgar violaciones a los derechos humanos, garantía esencial del debido proceso que no hubiera sido posible sino fuera por la contribución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos contra Colombia, México y Perú.

Pero la Corte no se ha limitado a estos temas ´´tradicionales´´ de derechos humanos, sino que también ha establecido el acceso a la información pública como un derecho humano, el acceso a las nuevas tecnologías como elemento del derecho a la salud y, más recientemente, la justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales. Todo esto sin descuidar de manera sustancial el rol de las víctimas de las violaciones como centrales en todo proceso, reafirmando la relevancia de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y tribunales.

En el mundo de la guerra fría, el terrorismo de Estado y las dictaduras, fuimos los americanos quienes ideamos este sistema para hacer frente a la barbarie. Cuarenta años después las decisiones de la Corte Interamericana forman parte del patrimonio jurídico de nuestra América y son la representación más clara de un derecho donde el ser humano es el centro de toda la actuación estatal. En épocas como las que hoy vivimos, en que la democracia se ve peligrosamente amenazada, el discurso de los derechos humanos se ahoga en el eco del populismo y el autoritarismo disfrazado invade las políticas públicas, debemos volver la vista a nuestras instituciones. Serán éstas las que hoy, como hace cuarenta años, tendrán las respuestas adecuadas.

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