5 razones para comprender por qué la decisión del Congreso sobre Lote 192 no fue la mejor

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El día de ayer, el Congreso aprobó con 71 votos a favor (10 en contra y 12 abstenciones), la administración del polémico Lote 192 a cargo de PetroPerú. Previamente, diversas voces del entorno político y económico advirtieron la incapacidad de esta empresa sobre la diligencia del principal y más grande lote petrolero del país. De esta manera, corresponde preguntarse ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tiene de malo? Veamos a continuación 5 argumentos asumidos por el gobierno que explican la inviabilidad de la decisión del Legislativo.

1) PETROPERÚ TIENE UNA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL

La abogada y experta en temas de energía, Cecilia Blume, publicó una acertada columna donde desarrolló las razones por las que PetroPerú no puede ingresar a la administración del Lote 192. Y es que según Blume, ninguna empresa del estado puede soslayar los mandatos constitucionales, de manera particular el que señala que el Estado tiene un rol subsidiario.

«En la década de 1980, el Estado era dueño de cinemas, pollerías, tierras, puertos, aeropuertos, la electricidad, el petróleo, el hierro. ¿Qué sacamos con ello? Pésimos servicios, ausencia de bienes de calidad adecuada, empresas quebradas y botines políticos», ejemplifica la abogada.

Además precisa: «[PetroPerú] no tiene personal para explotarlo, no tiene dinero y tiene una prohibición constitucional de hacerlo por el rol subsidiario del Estado y otra legal, pues su dinero es para impulsar Talara, que demandará, solo de Petro-Perú, más de 2.000 millones de dólares».

2) PETROPERÚ NO CALIFICA PARA ADMINISTRAR EL LOTE 192

En Conferencia de prensa, la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló que la empresa petrolera apenas ha iniciado un proceso de saneamiento. «[PetroPerú] está en plena reestructuración del financiamiento del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara”.

Sucede que, la Ley 30130 impide a Petroperú realizar nuevas inversiones hasta que no amortice el íntegro de los préstamos de inversión aplicados a la Refinería de Talara. Por ello, Blume dijo con mucho acierto lo siguiente:

«Petro-Perú no puede operar el lote 192. Su gerencia, directorio y junta general de accionistas dicen no estar capacitados. No tiene personal para explotarlo, no tiene dinero y tiene una prohibición legal, pues su dinero es para impulsar Talara, que demandará, solo de Petro-Perú, más de 2.000 millones de dólares».

En el siguiente audio Ortiz explica, al igual que Blume, y al igual que Cateriano, la inviabilidad del proyecto a cargo de la empresa estatal:

3) DECRETO SUPREMO IGNORADO POR EL CONGRESO

La semana pasada, se publicó el Decreto Supremo N°027-2015-EM que aprueba el Contrato de Servicios temporal por dos años con la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A. Dicho documento, iba a permitir no paralizar el funcionamiento de los pozos del Lote 192, a fin de mantener la producción de petróleo y reacondicionar seis pozos para evitar la disminución de la producción. Además, habría generado ingresos por pagos de regalías al Estado y el pago del canon petrolero a la Región Loreto. ¿Acaso no era conveniente esta medida para los Loretanos?

Entre otras cosas, uno de los beneficios clave iba a ser que se evitaría una mayor importación de petróleo.

No obstante, el Congreso, en particular la Bancada Nacionalista, se mantuvieron firmes en su posición negativa frente al decreto del Ejecutivo. Nunca antes se había observado un enfrentamiento entre el Oficialismo con el Ejecutivo, al punto, inclusive, de demandar la renuncia de Cateriano, Segura y Ortiz. Esto, por supuesto, fue negado por el Presidente, quien dijo evasivamente que no existe un enfrentamiento entre los miembros de su partido con el Ejecutivo.

4) ¿QUÉ MÁS DICE LA LEY 10130?

‘No es responsable desde el punto de vista técnico dar a Petroperú esta posibilidad de explorar y explotar el Lote 192 porque no se ha preparado […] No es una decisión política la adoptada. Esta es una determinación en base al respeto irrestricto de lo que establece la ley’, argumentó el Premier durante su exposición en el Parlamento.

Y es que la Ley 30130, sobre la modernización de la refinería de Talara, tiene un importante acápite que además tiene sustento en la Constitución Política del Perú. Esta Ley señala en su Artículo 6: «Establécese que PetroPerú puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes y no demanden recursos al Tesoro Público«.

Cabe recordar que el Tesoro Público no es nada más que el conjunto de ingresos (principalmente provenientes de los impuestos, o sea, de tu bolsillo). Por consiguiente, Cateriano no hacía otra cosa que citar la norma peruana, que establece que el Estado no puede invertir en negocios (y con esto regresamos a lo que decía Cecilia Blume). Pero vayamos al punto N°5 que explica lo que dice la constitución.

5) ¿HAY REALMENTE ALGO DE INCONSTITUCIONAL EN LA DECISIÓN DEL CONGRESO?

Sí. El Artículo N° 60 de la Constitución Política del Perú dice textualmente: «el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional».

Una rápida leída podría llevarnos a interpretar una ambigüedad en la aplicación del Artículo 60. Sin embargo, el concepto de «subsidiariedad» está vínculado exclusivamente a temas de Educación, Salud y Seguridad. Mejor explicación que la de Angel Falla no existe: «A nadie le gusta que le cobren impuestos para financiar aventuras empresariales, menos cuando al hacerlo se descuida la atención de las labores que solo al Estado le corresponde atender (educación, salud y seguridad) o cuando estos serán usados para financiar las actividades de un competidor que luego lo sacará a uno del mercado».

¿Ahora sí?

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Varias opiniones se vertieron en las redes sociales. Aquí recopilamos algunas.

Posted by Lucidez on Viernes, 4 de septiembre de 2015