A las clínicas lo que son de las clínicas y al Estado lo que es del Estado, por Alejandro Céspedes García

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La polémica alrededor de las clínicas privadas en contra del Estado ha encendido las redes y la discusión pública luego que el presidente Vizcarra pusiera un ultimátum al sector privado de la salud. En el discurso político actual se las coloca como el enemigo insensible ante lo que Vergara (2020) denominó el “fracaso nacional” (1), el cual se ha evidenciado a partir de la pandemia del coronavirus y que nos involucra a todos.

Sin embargo, es fundamental que, para evitar caer en discursos sin sustento empírico –los cuales, sin duda alguna, encienden pasiones estatistas– examinemos, paso a paso, qué es lo que realmente ha sucedido.

El martes 23 de junio, el doctor Carlos Joo, representante de la Asociación de Clínicas del Perú (ACP), anunció en entrevista a un medio local (2) que, hasta ese momento, no se había logrado un acuerdo de tarifas para la atención de pacientes del sector público en clínicas privadas. El drama se circunscribe a los altos costos que cobran las clínicas por día en UCI. Detengámonos aquí brevemente.

La clínicas no le cobran a los pacientes que vienen por emergencia con síntomas de COVID-19. Las clínicas le cobran a las aseguradoras, tanto privadas como públicas, los gastos en los que incurren (porque sí, cuesta mantener de la misma manera, en hospitales públicos y privados, a los pacientes en unidades tan sofisticadas como las de cuidados intensivos). Además, vale la pena aclarar que ningún paciente que entra a las clínicas por COVID-19 paga. El pago debe hacerlo el Estado y cualquier devolución por desembolsos hechos debe demandarse a las respectivas aseguradoras estatales como el SIS y EsSalud. Habiendo entendido esto, sigamos.

Hasta el domingo pasado, las negociaciones entre ambas partes estaban encaminadas y habían sido, de alguna manera, fructíferas para el Estado. Los números van así. Al inicio del estado de emergencia el costo promedio diario por estar en UCI, en las clínicas, era 12 mil soles. La incapacidad del sistema de salud obligó, como en muchos otros países, a recurrir al sector privado. Las primeras negociaciones lograron una reducción de 4 mil soles. Así, el costo por paciente en UCI, se ajustaba a 8 mil soles por día (cubriendo pagos al personal y mantenimiento de infraestructura que, claramente, no son los mismos que las del Estado).

En este proceso, la ACP propuso al Estado un paquete. Normalmente, las personas se quedan hospitalizadas 21 días. Teniendo en cuenta lo anterior, las clínicas propusieron –haciendo un nuevo gran ajuste en sus costos– un precio “por paquete”, que ascendía a 97 mil soles. Eso significó una reducción de casi el 50% de lo que se había presentado previamente. Es decir que, de 8 mil soles por día, se pasaba a, aproximadamente, 4600 soles (-62% del costo antes de la pandemia).

Pero el lunes 22 ocurre algo: se cambia la dirección adjunta del SIS, entrando el doctor Wilder Carpio en reemplazo de la doctora Cecilia Ma (3). Las negociaciones se caen. No obstante, las clínicas, hasta ayer, han atendido a más de 500 pacientes con COVID-19, sin contrato de intercambio prestacional y, peor aún, sin ningún tipo de pago por parte de las aseguradoras del Estado.

Por otro lado, Joo denunciaba algo que es muy real y que ahora nadie parece observar: los pacientes van a los hospitales públicos y, como nadie los atiende, acuden –finalmente– a las clínicas. Normalmente, son las aseguradoras las que remiten a sus afiliados a las clínicas. En este caso, ni el SIS ni el Minsa lo hace, y por ende, no asumen ningún costo. Por lo tanto, lo que existe realmente en este lío es un problema de gestión de las aseguradoras estatales. No hay contratos que garanticen el pago de esos costos.

En síntesis, este no es un problema de las clínicas sino de aseguradoras públicas que no cumplen con sus pagos y que ahora quieren tirar el tablero. ¿Cuántos costos más quieren reducir para finalmente no asumirlos? El presidente Vizcarra ha demostrado tener voluntad política en muchos momentos. El julio pasado anunció la universalización de la salud. ¡Bravo! Eso quiere decir que esos costos deben ser asumidos por alguien y ese alguien es el Estado. No jugar a los buenos y malos y chantarle costos a los privados sin cerrar antes las brechas en el sector público.

Finalmente, considero que la propuesta de la aplicación del artículo 70 de la Constitución es un desgaste emocional innecesario e insensato. En el caso que no se logren las negociaciones en favor de las nuevas demandas del Estado, la expropiación no solucionaría absolutamente nada. Al contrario, sería el inicio del colapso -ahora sí, total- del sistema de salud público y privado.

Las clínicas también tienen sueldos y materiales que cubrir, por lo que piden que el Estado se comprometa al pago eficaz de los costos en los que incurren. Ojalá y haya más sensatez por parte de los asesores del gobierno ya que, por ningún motivo se puede negar el acceso, a ningún ser humano, a una salud de calidad.

Actualización: a la medianoche se logró un acuerdo entre la ACP y el Estado, que establece el pago de una  tarifa plana de 55 mil soles que, para el promedio de 21 días en el que está un paciente en UCI con COVID-19, sería un aproximado de 2619 soles por día. En la reunión estuvieron presentes representantes de la ACP, la ministra de economía, María Antonieta Alva; el ministro de salud, Víctor Zamora; el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández y el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.


 

(1) Recuperado de ​De la razón de Estado a la razón nacional, por Alberto Vergara Colaboradores | NOTICIAS EL COMERCIO PERÚ

(2) Entrevista en el programa de Mávila Huertas en Canal N, martes 23 de junio de 2020. Recuperado de ​https://www.youtube.com/watch?time_continue=1677&v=7JdWWeyjHgY&feature=emb_title

(3) Recuperado de ​Designan Asesor de la Jefatura del Seguro Integral de Salud-RESOLUCION JEFATURAL-N° 062-2020/SIS

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