Desde el inicio de la actual contienda electoral se ha venido discutiendo la posibilidad de un nuevo incremento de la remuneración mínima vital (RMV), actualmente establecida en S/. 750. Lo preocupante de dicho debate es que, aún en tiempos de desaceleración económica, el común denominador de los aspirantes al sillón presidencial propone aumentar nuevamente el salario mínimo; inclusive hasta cifras exorbitantes de S/. 1,500, como lo plantea la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza. En aras de una falsa inclusión social, la gran mayoría de los aspirantes presidenciales caen en un discurso ceñido en demagogia con fines claramente políticos, complicando aún más dichos objetivos sociales que alegan defender.
Es un error sustancial argumentar que el sueldo es el único determinante de la productividad laboral. Existen diversos estudios económicos que determinan que otros factores, tal como la comodidad en el ambiente de trabajo, tienen un rol trascendental en la productividad. La imposición de un salario mínimo por parte del Estado, por otro lado, no es más que un control de precios que debería de ser dejado al libre albedrío del mercado de la oferta y la demanda, siendo este el mejor asignador de recursos económicos debido a que otorga un precio (salario) acorde con el valor verdadero del mismo y permite que este sea colocado allí donde sea más eficiente para consumidores y empleadores. El sueldo debe de estar relacionado directamente con las capacidades y nivel de especialización del empleado y su incremento no debe de ser dictado por el Estado. Sin embargo, tratándose de recursos humanos, hay quienes sostienen que la imposición de un sueldo mínimo técnicamente razonable es justificado.
Sin perjuicio de lo último, los efectos económicos de un eventual incremento de la RMV, en estos momentos, serían evidentemente adversos. Siendo el Perú uno de los países con la mayor informalidad del mundo, alcanzando cifras del 80% en algunas provincias del interior del país según el INEI, dicho encarecimiento laboral aportaría a exacerbar tan preocupante cifra. Los más afectados por tal medida, indudablemente, serían los pequeños empresarios ya que verían un preocupante aumento en sus costos, forzándolos a trasladar el sobreprecio al consumidor final o reducir el nivel de contrataciones, generando un alza en el desempleo.
Tal incremento de la RMV sería una barrera adicional para lograr la tan politizada formalización, aportando más rigidez a la regulación laboral (ya una de las más altas del mundo) y tributaria que perjudica diariamente, sobre todo, a los pequeños empresarios. Los candidatos, de llegar al gobierno, deben de promulgar planes para flexibilizar la política de contrataciones y despidos, reducir sobrecargas fiscales, menguar excesos en la regulación contable y cortar costos innecesarios que perjudican el ingreso de pequeñas empresas, principales generadores de riqueza en el país, al régimen de la formalidad.
Si bien es cierto que la RMV debe de ser ajustada periódicamente con respecto a la inflación, este ajuste ya se hizo en el actual gobierno del Presidente Ollanta Humala. El líder y candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista concedida al diario El Comercio en enero, alegó que un alza del sueldo mínimo por encima del 50% del PBI per cápita mensual, actualmente establecido en S/. 1,260 aproximadamente, tendría efectos nocivos para la economía. Por lo tanto, dicho candidato, abanderado en disminuir la informalidad a través de recortes tributarios, debería también plantear reducir la RMV por debajo de S/. 630 dentro de su plan económico. Queda claro, pues, que los candidatos, lamentablemente, optan por el discurso populista para poder hacerse de apoyo en esta tan reñida carrera por pasar a la segunda vuelta.
Un eventual alza de la RMV tendría repercusiones negativas en los trabajadores menos calificados y especializados ya que estos son los primeros en perder el empleo, siendo aquellos a los que se trata de favorecer en primer lugar. Los únicos beneficiados directamente serían el 2% de la población económicamente activa (PEA) que recibe un salario mínimo, afectando, por el contrario, al resto de trabajadores informales e introduciendo mayor rigidez a la contratación laboral que ya, de por sí, es innecesariamente rígida, costosa y regulada.
El monto del salario mínimo debe de ser establecido luego de un pertinente estudio técnico y no debe de ser materia política de campaña con la cual los candidatos beneficien su discurso popular. Lo cierto es que la RMV se encuentra ya en un punto de equilibrio y un incremento, tal como fue observado por el ex presidente del IPAE y candidato al Congreso por TPP Gonzalo Aguirre en una entrevista al diario Gestión, actualmente, con un 70% de informalidad nacional en promedio, simplemente no es viable. Es evidente, en las actuales circunstancias de desaceleración económica, que un aumento del sueldo mínimo sería una irresponsabilidad teñida de populismo puro que sólo traería efectos adversos al bienestar nacional.