Ante la crisis, hay que fortalecer el modelo, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"Tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo el coqueteo con el estatismo ha tomado fuerza".

2.013

¿Economía o salud? Ese era el dilema cuando el Perú tomó la decisión, hace 63 días, de instaurar una rígida cuarentena. Dada la naturaleza del problema, lo último –como tenía que ser– tomó prevalencia, el consenso fue casi total y los inevitables daños económicos de las medidas sanitarias se entendieron como menores comparados a la amenaza del COVID-19. Era justo y necesario.

A una semana de que (esperemos) termine el estado de emergencia, el balance de lo ocurrido en ambos frentes en los últimos meses es deprimente. A la fecha hay 88.541 casos confirmados de COVID-19 en el país, las cifras oficiales hablan de la muerte de 2.523 peruanos y los hospitales, especialmente los de las regiones, están colapsados. Por otro lado, en el campo económico, marzo registró una caída de 16,26% en la producción nacional y el INEI hace unos días reveló que 1’216.000 limeños han perdido sus trabajos.

En esta materia, las cifras de abril y mayo serán mucho peores. Pero lo más grave serán las consecuencias a mediano plazo: mucho de lo que se logró con el crecimiento de los últimos años se va a revertir. El economista Elmer Cuba, por ejemplo, augura que la pobreza crecerá 8% en el 2020 y su colega, Pablo Lavado, habla de un crecimiento de 10% en la informalidad, lo que la llevaría a representar el 80% de nuestro mercado. Así, es claro que más temprano que tarde, por supervivencia, el Perú tiene que pensar en revertir estas mediciones.

Esta tarea, sin embargo, aunque intimidante, no es ajena a lo que el país ha venido haciendo en los últimos tiempos. La economía peruana se ha mantenido sólida desde hace 20 años y los recursos que hoy tenemos para paliar la crisis son producto del largo periodo de responsabilidad macroeconómica que hemos vivido. Si hemos logrado emitir bonos por US$ 3.000 millones en medio de una crisis internacional de magnitudes volcánicas, por ejemplo, es porque nuestros antecedentes son reconocidos por el resto mundo.

Ante las circunstancias, a diferencia de lo que algunos sectores puedan querer o han estado diciendo, el remedio reside en fortalecer aún más nuestro modelo económico, en incentivar la inversión privada y en no sofocar a la minoría formal (ahora más minoría que nunca) que es la principal contribuyente a las arcas del Estado. En fin, si de tener 49,1% de pobreza en el 2006 pasamos a tener 20,5% en el 2018, una aplicación más minuciosa de los principios que nos llevaron a lograr eso nos pondría en el camino para contrarrestar el golpe que el COVID-19 le ha propinado a ese indicador. Si nuestra clase media pasó de incluir a 5,2 millones de personas en el 2004 a 13,4 millones en el 2018 (IPE), una radicalización de las condiciones económicas de los últimos años podrían llevarnos a reflotar a este grupo, uno de los más golpeados por la crisis, en el futuro cercano. Hoy más que nunca hay que crear riqueza, no depredarla.

El modelo, claro, no es perfecto y nuestro sistema institucional todavía representa más un obstáculo que un incentivo para el crecimiento y para los niveles de inversión que el país demanda. El desempeño del Gobierno en la ruta a la reactivación es un testimonio de ello. Aunque nadie le pide que abandone la cautela, sí se le pide que sea sensato en la manera en la que pretende labrar el camino a la reactivación. De nada sirve, por ejemplo, establecer protocolos sanitarios divorciados de la capacidad que las pequeñas y medianas empresas formales tienen para acatarlos.

Pero en general, la urgencia de levantar el país poniendo en práctica y mejorando aquello que nos estuvo funcionando hasta la llegada de la pandemia, parece no ser comprendida del todo por nuestras autoridades. Tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo el coqueteo con el estatismo ha tomado fuerza, con el pretexto de que es el “clamor popular” pero con el populismo crudo y duro como clara consigna.

Así el presidente habló de un impuesto a los que más ganan, cuando estos ya pagan más impuestos que el resto. El Frente Amplio ha propuesto un tributo a las “grandes fortunas”, aunque una de sus promotoras reconoce que también podría terminar gravando el patrimonio de personas de clase media. El ministro de Transportes y Comunicaciones discutió la pertinencia de una aerolínea de bandera, cuando la ineficiencia y fracaso de las empresas estatales peruanas ha sido constante desde la dictadura militar (figúrese a burócratas de la talla de los que administran Sedapal gestionando aviones). Desde el Congreso y el Ejecutivo también se ha hablado de controlar precios, cuando la evidencia deja claro que ello solo trae problemas, como escasez y la distorsión de la información que requiere el mercado de ciertos productos para operar de manera eficaz.

En suma, un manojo de medidas que solo entorpecerían el camino a la recuperación económica y que le harían un flaco favor al esfuerzo por reducir la creciente informalidad. El mismo que exige una postergada reforma para flexibilizar el sistema laboral y la presión regulatoria que pesa sobre los privados.

Así las cosas, la energía de nuestras autoridades –sobre todo desde el MEF, donde parece haber mayor compromiso con la evidencia y la prudencia– debe estar dirigida a inyectarle una dosis de adrenalina al modelo económico vigente y a mejorar las flaquezas burocráticas que todavía lo agobian. Además, toca complementar el crecimiento con una refundación del Estado, para emprender una reforma de nuestros pobrísimos servicios públicos, saqueados por la corrupción y congelados en el tiempo por la incapacidad de nuestros políticos de traducir en mejoras los millones de dólares que mes a mes le damos los contribuyentes.

Hay mucho por recorrer, pero el camino es claro.

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