Aprovechando el pánico, por Gonzalo Ramírez de la Torre

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De un tiempo a esta parte los peruanos nos hemos estado acostumbrando a tener semanas turbulentas, siempre protagonizadas por miembros de alguno de los tres poderes del Estado.

La semana pasada los sacudones han sido generados por la difusión de una serie de audios que revelan el vergonzoso comportamiento de múltiples representantes de nuestro sistema de justicia, todos ellos ocupantes altos puestos en el mismo.

El contenido de los audios ha sido comentado exhaustivamente en los medios de comunicación y está claro que, además de indignación, estos logran llenarnos a todos de vergüenza. Los audios no solo revelan la aparente comisión de serios delitos, también dejan clarísimo que los individuos involucrados han hecho del sistema de justicia su chacra, un espacio donde ellos manipulan el flujo de la justicia guiados por los designios de varios “verdecitos” y, por supuesto, por los favores a los amigos.

Pero, dejando de lado por un rato la vomitiva realidad que han dado a conocer los audios, las reacciones de ciertos políticos a los mismos ameritan un análisis aparte. No quiero dejar de lado el comportamiento del fujimorismo, con sus insólitas evasivas al asunto de la “Señora K” y el repentino cambio de opinión sobre las grabaciones como evidencia que demoró menos de dos meses en darse.

No obstante, en estas líneas quiero prestarle atención a lo dicho por dos personas que aspiran a eventualmente ostentar cargos en el Estado: Manuel Velarde y Verónika Mendoza.

Difícilmente hace unos meses hubiéramos puesto al alcalde de San Isidro y a la lideresa de Nuevo Perú en la misma línea, sin embargo, hace poco ambos han planteado una (no) solución similar al problema en el que estamos metidos y lo han dado a conocer en sus redes sociales. Los dos han aprovechado el pánico para pedir que se cambie la Constitución.

La señora Mendoza –y en esa línea toda la izquierda nacional–, nos tiene acostumbrados a, cada cierto tiempo, pedir que se cambie la constitución. La justificación para el pedido varía dependiendo de las circunstancias políticas, pero la razón de fondo siempre es y será la ojeriza que la izquierda le tiene al capítulo económico de la actual carta magna.

Si a esto se le suma, también, el llamado a “nuevas elecciones” que hace la ex congresista, tenemos claro que la derrota ideológica que entraña la constitución vigente no es la única que la motiva, también lo hace la que sufrió en los comicios del 2016 y está demostrando que está ansiosa por volver a intentar.

En el caso de Velarde, más bien, lo suyo está apuntando a las elecciones municipales de este año. El próximo a ser exalcalde de San Isidro parece pensar que estos gritos disonantes lo separarán del resto de sus adversarios, y quizá tenga razón, considerando que por el momento está en la categoría ‘otros’ en las encuestas.

Dicho esto, es común que algunos políticos propongan soluciones radicales a situaciones extremas como la actual. Pero, en este caso, el pedido desesperado de un cambio de Constitución parece ignorar que hay todo un proceso alrededor para que esto se pueda dar. Un proceso que involucra a un Congreso que definitivamente no va a querer que el cambio se dé (y enhorabuena) y un referéndum ciudadano que difícilmente pueden pretender que vaya como ellos quieren, especialmente si se toma en cuenta la respuesta que estas propuestas tuvieron en el 2016.

Entonces, dadas las circunstancias, los mecanismos institucionales que plantea la ley no le van a dar a estos políticos el cambio que buscan. La alternativa, claro, sería una que atente contra lo que la ley dice y lo que nuestras instituciones amparan, pero sería estúpido pretender fortalecer los cimientos del Estado haciendo todo lo posible para destruirlos.

Además, la propuesta de cambiar la Constitución no es, para nada, el remedio para la enfermedad que nos aflige. Las reformas, como la que planea el presidente Vizcarra, bien pueden hacerse en el marco de la carta magna vigente y el problema de los funcionarios corruptos no es resultado de la misma, sino del pobre ‘enforcement’ de la ley que existe en nuestro país y de la difundida noción de que el Estado es el lugar ideal para enriquecerse y no para servir al país.