Apuntes sobre la Convención Nairobi 2007

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El Derecho del mar y en cierta medida el Derecho marítimo, han incorporado recientemente a su legislación en vigor un nuevo instrumento jurídico para la seguridad en la navegación marítima y el medio ambiente marino. Luego de su ratificación por parte de Dinamarca, el 14 de abril del 2015 entró en aplicación la Convención Internacional sobre la Remoción de Restos de Naufragio, la misma que fue adoptada el 18 de Mayo del 2007 en Nairobi, Kenia.

Esta Convención, elaborada bajo el auspicio de la Organización Marítima Internacional, fue diseñada con la finalidad de llenar un vacío en el marco legal internacional estableciendo normas que buscan asegurar una pronta y efectiva remoción de restos de naufragios ubicados más allá del mar territorial de un país.

En efecto, ni el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ni el Convenio Internacional sobre la Intervención en Alta Mar en Casos de Siniestros por Contaminación de 1969, regulan de manera completa la actuación del Estado en situaciones de peligro para la navegación marítima. Mientras que en las citadas convenciones el Estado sólo podía ordenar la remoción de restos de naufragio cuando existiera riesgo grave e inminente de contaminación por hidrocarburos u otras sustancias, ahora con la Convención de Nairobi 2007 es posible que el Estado intervenga para prevenir y actuar ante cualquier situación que involucre un peligro para la navegación o al medio ambiente marino derivado de restos de naufragio.

Su ámbito de aplicación geográfico es la Zona Económica Exclusiva (ZEE), sin embargo los Estados parte pueden también aplicar esta Convención a su mar territorial. A la fecha, son 15 los países que han adoptado dicha Convención: Antigua y Barbuda, Bulgaria, Islas Cook, Congo, Dinamarca, Alemania, India, Irán, Liberia, Malasia, Islas Marshall, Marruecos, Nigeria, Palau y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La normativa del Convenio cubre los siguientes tópicos:

–      Notificación y localización de buques y restos de naufragios
–      Criterios para determinar los riesgos relativos a los restos de naufragio
–      Medidas para facilitar la remoción de restos de naufragios
–     Responsabilidades del propietario respecto de los costos ocasionados por la localización, balizamiento y remoción de buques y restos de naufragio
–      Solución de controversias

Una de las principales novedades de esta Convención es que establece la obligatoriedad para los buques con arqueo bruto igual o superior a 300 de contar con un Certificado de Seguro (“Blue Card”) u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad de la nave ante siniestros que deriven en restos de naufragios en la ZEE. La cuantía será igual a los límites de responsabilidad establecidos en el régimen nacional o internacional aplicables y no podrá ser superior a la establecida en el Convenio sobre Limitación de Responsabilidad (CLC) de 1976.

Asimismo también proporciona a los Estados Parte el derecho de acción directa contra las aseguradoras de los buques, en la mayoría de los casos resultan ser los Clubes de Protección e Indemnización (P&I Clubs). En este sentido, cuando el buque o embarcación se vea implicada en un siniestro que genere restos de naufragio, el Estado podría iniciar acciones legales directamente contra las entidades que emitan la garantía financiera, respetando el plazo de prescripción establecido en el Artículo 13 de la Convención de Nairobi.

Según estima la UNESCO, habría 3 millones de restos de naufragio en el mundo. Esta cifra incluye restos de batallas navales de la Segunda Guerra Mundial así como otros que tendrían valor arqueológico. No obstante, gran parte de ellos representa un peligro para la navegación marítima y posible riesgo de contaminación del medio ambiente marino.