Articulación intersectorial: luz para niños huérfanos
«Ahora más que nunca es necesaria la articulación entre sectores. ¿Hasta cuándo vamos a necesitar leyes y reglamentos para operar sobre la marcha? El Estado necesita gestores públicos eficaces y eficientes que lleven luz a las poblaciones más desprotegidas».
Desde esta casa editorial hemos impulsado la creación de un programa que atienda las necesidades de los niños huérfanos que perdieron a sus padres, madres o cuidadores durante el COVID 19, con las publicaciones del 23 de julio y 14 de agosto del 2020, en plena pandemia. Gracias a la labor periodística realizada junto a la incidencia a través de redes sociales con el gobernante de turno, en aquel entonces Martín Vizcarra, se promulgó un decreto de urgencia que reconocía una pensión de 200 soles mensuales para niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años. Esta medida comenzó a funcionar a través del INABIF, abriéndose un padrón a nivel nacional que a noviembre del 2021 atendía a 15,802 niñas, niños y adolescentes.
Pero la propuesta de desarrollo humano para esta población en condición de vulnerabilidad implicaba también la creación de un programa nacional con indicadores transversales a cargo de varios ministerios para ser implementada a nivel nacional. Fue recién el 14 de enero del 2022 que la medida se amplió para atender la orfandad de todos los niños, niñas y adolescentes huérfanos de todo el país que provengan de hogares que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza. Así el Congreso aprobó la Ley N°31405 que otorga asistencia económica y acciones de acompañamiento profesional que garanticen el acceso a la salud; el acceso y continuidad educativa; y un proyecto de vida que permita el adecuado desarrollo integral de los beneficiarios.
Esa misma ley establece acciones puntuales para el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en sus disposiciones complementarias finales, crea un Sistema Integrado de Monitoreo y Acompañamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad, sobre la base del registro de información proporcionado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El sistema a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debería orientar las acciones del Estado a fin de garantizar los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia huérfana.
El valor de este sistema radica en realizar el seguimiento nominal de la situación de las niñas, niños y adolescentes, identificar si reciben los servicios y las acciones que se requieran para el goce efectivo de sus derechos; pero, sobre todo, es clave para la toma de decisiones en materia de protección. A la fecha, no tenemos noticias de la creación de este sistema cuyos indicadores cualitativos y cuantitativos deberían incorporar la evolución de la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios por ciclo de vida y de acuerdo con su condición de niñez y adolescencia con y sin discapacidad.
La ley también crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad, presidida por la Presidencia del Consejo de ministros, a fin de realizar el seguimiento a los sectores. Finalmente da un plazo de 30 días para la publicación del reglamento de la ley. Hasta la fecha no hay más noticias.
Si bien el bono se está distribuyendo no existe una articulación efectiva que otorgue responsabilidades a los gobiernos locales en este proceso, pues son ellos los que a través de la DEMUNA podrían efectuar el seguimiento de forma territorial. Se trata de crear una estrategia de promoción de la salud que conecte la posta médica, la escuela, el instituto, la comisaría, los servicios de los centros de salud mental comunitarios y los programas municipales con los beneficiarios del bono junto a sus familias.
Ahora más que nunca es necesaria la articulación entre sectores. ¿Hasta cuándo vamos a necesitar leyes y reglamentos para operar sobre la marcha? El Estado necesita gestores públicos eficaces y eficientes que lleven luz a las poblaciones más desprotegidas.
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