Autodeterminación de los pueblos indígenas para reactivar la economía, por Jovino Huerta

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Necesitamos soluciones para destrabar los proyectos mineros y generar miles de puestos de trabajo que dinamicen la economía de la gente de a pie, que ha sido la más afectada por la pandemia. Y para ello tenemos que legitimar la licencia social de los pueblos indígenas (PPII) en cada proyecto con el Derecho a la Autodeterminación, que deberá estar plasmada en la constitución política vigente de 1993, asegurándoles personería jurídica que les permita negociar legalmente con el Estado peruano y las empresas concesionarias.

Solo así daremos paso a las soluciones reales de los conflictos socioambientales y sobreposesión de tierras, que según la Defensoría del Pueblo, son más de 190 los conflictos latentes por estos temas, por ello es importante que los proyectos se legitimen con la aceptación social de estos pueblos para asegurar la paz social.

Según los Censos Nacionales 2017, existen 5 millones 985,551 de peruanos indígenas, quienes en los hechos son los verdaderos dueños ancestrales de las grandes reservas de riqueza de materia prima en nuestro país, lo cual cuidan hasta con el precio de perder sus vidas, con ellos se tiene que negociar, pero sin ningún marco jurídico existente que los proteja, no puede haber negociación ni soluciones efectivas y serias para avanzar en el desarrollo.

Este nuevo concepto del Derecho a la Autodeterminación, abrirá un nuevo espacio de empoderamiento y confianza de los PPII para la solución de conflictos sociales, que permitirá por ejemplo, garantizar que todos los estudios de impacto ambiental de los proyectos de las empresas concesionarias, cumplan con el estándar internacional de calidad para la mitigación de daños a la biodiversidad, eso significará también, tener contratos con empresas serias de buena reputación en el mundo y, no con las mercantilistas sin responsabilidad social corroídas con la corrupción del Estado que tienen rechazo del pueblo.

Sumado a esto, tendremos el pacto social de reciprocidad con los pueblos indígenas que garantice el respeto de sus usos y costumbres (Derecho consuetudinario), lograr la unión que nos hace falta a los peruanos para lograr el progreso, permitiéndoles igualdad ante ley y acceso efectivo a las políticas públicas diferenciadas en educación, salud entre otros de manera multidimensional, las cuales ayudará a eliminar la discriminación que sufren estos pueblos. El concepto de reciprocidad lo utilizaron los gobernantes incas para lograr la paz social y gobernar un basto territorio como fue el Tahuantinsuyo, conformada por varias naciones.

Debemos dejar en claro que nuestro proyecto de Derecho a la Autodeterminación de los PPII, no colisiona para nada con el artículo 43 de nuestra Constitución política vigente, de la “unidad e indivisible” del Estado peruano.

Para lograr estos cambios esenciales tenemos listas varias reformas, como también el compromiso de ellos para ser los aliados estratégicos del Estado en la lucha frontal contra los operadores del crimen ambiental. Además, ésta demanda está firmado por el Estado peruano en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, lo cual los gobiernos de turno en nuestro país han venido incumpliendo pese ha estar reconocida su estricto cumplimiento en artículo 55 de nuestra Constitución vigente, finalmente, el convenio 169 de la OIT se basa enteramente en la no discriminación, por lo cual este organismo internacional exhorta permanentemente a los Estados firmantes a implementar medidas para atender las necesidades de estos pueblos.

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