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Con la reciente filtración de lo que sería una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declararía como inconstitucional la llamada Ley Antitránsfuga, el debate en torno al propósito de la misma se ha vuelto a avivar. Básicamente las posiciones son las siguientes: la que sostiene que el objeto de la ley es fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y, por otro lado, la que sostiene que esta procura otorgarle una ventaja estratégica a la mayoría opositora en el Congreso.
Dicho esto, y tomando en cuenta las reacciones de protesta suscitadas por la posible sentencia del TC en Fuerza Popular y en el Apra, todo parece indicar que la segunda posición es la que logra mayor credibilidad. Especialmente porque no hace falta mucha capacidad de abstracción política para notar los beneficios directos que esto le trae a la mayoría parlamentaria. Sin embargo, a pesar de lo cuestionable que es que desde el Congreso se procure el favorecimiento de un grupo específico, la principal crítica que se puede dirigir a esta ley es lo poco eficiente que es para combatir lo que dice querer derrotar: la falta de institucionalidad partidaria. Esto es, simplemente, porque los esfuerzos están dirigidos a combatir los síntomas de la enfermedad y no la enfermedad en sí.
Y es que si alguien abandona una bancada parlamentaria, su partida no es una causa de debilitamiento, es, más bien, una consecuencia de una bancada débil –y, en consecuencia, un partido débil–. No cabe duda que el transfuguismo es una práctica desafortunada, pero en el marco de un ambiente político donde los partidos gozan de una institucionalidad blandengue, sin ideología fácilmente definible (y cambiante) y atrapada en caudillismos, el transfuguismo termina siendo, más bien, una válvula de escape. Y esto se debe, ciertamente, a que mantener encadenado a tu agrupación a un individuo que vive soñando con la disidencia, puede terminar contaminando al partido desde adentro.
Uno de los argumentos para defender la ley es que los congresistas “fueron elegidos como parte de una bancada”. No hay duda que eso puede sonar convincente, pero la verdad es que en la práctica sucede todo lo contrario. Gracias al famoso voto preferencial, el candidato al Congreso puede dirigir su campaña como quiera, y esto no se da gracias a un partido político –que enfoca sus esfuerzos a la victoria de quien procura la presidencia–, sino a pesar del partido. En el Perú muchos candidatos al congreso sacan el financiamiento para sus campañas de sus propios bolsillos o, también, de personas interesadas en su victoria. Así, el aspirante al parlamento termina haciendo una campaña aparte y el partido no es más que un simple vehículo.
En el Perú, literalmente, se puede votar por una persona específica para el Congreso, teniendo la posibilidad de ignorar al candidato presidencial y, sobre todo, al partido. Así, en realidad, bloquear los derechos legislativos de un congresista por ser tránsfuga, sí sería un atentado contra la democracia, al corroer el poder que la ciudadanía le dio, específicamente a él, para que los represente. De esta forma queda claro que la eliminación del voto preferencial, por ejemplo, sí sería una verdadera medida si se busca lograr fortalecer a los partidos (pero esa discusión será para otro artículo).
Por otro lado, es un poco lamentable que se crea que solo con una ley se puede corregir un problema que tiene décadas en nuestro país. La falta de institucionalidad es un problema estructural de la sociedad, no uno que se puede contener con más cadenas legislativas. Un clarísimo ejemplo de ello es la prisa con la que algunos congresistas han amenazado que no acatarán lo que dicte el TC, una institución que, en una democracia, tiene que ser respetada a pesar de todo.
Así las cosas, se hace bastante evidente que el fortalecimiento de la institucionalidad se aleja de ser el objetivo de la Ley Antitránsfuga. Esto no solo porque resulta ser un antídoto que propone una corrección estética a un problema más profundo, sino también porque los que están detrás de ella han demostrado que poco les importa respetar las instituciones existentes.
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