Ayuda económica con contrabando ideológico, por Federico Prieto Celi

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La ministra de Justicia Ana Neyra Zegarra ha tomado pie del fenómeno masivo de fallecimientos por COVID-19, para firmar la resolución ministerial N° 0220-2020-JUS, otorgando ayuda económica al sobreviviente de una pareja de convivientes del mismo sexo, del personal de salud fallecido por COVID-19. Según la norma, la persona que acredite haber sostenido una relación de convivencia, exclusiva y estable, con otra persona del mismo sexo que falleció, desempeñándose como personal de la salud al servicio del Estado a consecuencia del COVID-19, debe demostrar mediante diversos documentos su calidad de tal, por un periodo no menor de 2 años, para hacerse acreedor de la ayuda económica.

No se especifica si la pareja de convivientes tiene un criterio amplio, como padre e hijo, madre e hija, dos hermanos o dos hermanas, o si concretamente se refiere a una pareja del mismo sexo que han convivido imitando en la medida de lo posible las relaciones conyugales de una pareja de varón y mujer, pero todo hace presumir, porque el argumento sostenido para firmar ese decreto afirma: “Este reconocimiento se rige bajo los principios de igualdad y no discriminación en razón a la orientación sexual de las personas”.

Desde hace varias décadas, por la influencia de la revolución cultural de París en 1968, de carácter anarquista, algunos pequeños grupos del acrónimo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer y símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores) intentan ingresar en la legislación peruana, aunque sea por la ventanuca del baño de invitados de las instalaciones del Estado peruano. Hasta ahora no lo habían logrado.

Los artículos cuatro y cinco de la constitución política del Perú decretan que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de derecho o de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. En otras palabras, el matrimonio, el concubinato y la familia se basan en la unión permanente de un hombre y una mujer. Introducir una norma -por insignificante que sea- que vaya en contra del texto constitucional es, obviamente, inconstitucional.

A todos nos alegra que la gente desvalida reciba ayuda subsidiaria del Estado y lamentamos que el dinero para esa ayuda se quede en la burocracia o vaya a personas que no son las más indigentes. De ahí que nadie haya levantado la voz contra este decreto, lanzado al vuelo en medio de la pandemia. Pero las consecuencias jurídicas que tiene como intento de precedente, por inconstitucional que sea, de unas normas sujetas al imperio de la carta magna, son importantes en sí mismas y, por tanto, merecen un estudio de los constitucionalistas.

Tanto más cuanto que no procede del ministerio de Salud o del de Economía, cuyas especialidades son la medicina y las finanzas, sino del ministerio de Justicia, cuya función esencial es velar por el estado de derecho, es decir, por la vigencia de la Constitución.

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