¿Ayudando a Fujimori?, por Diethell Columbus

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A propósito de la nueva estrategia legal de la familia Fujimori, conviene recordar que la Corte Suprema de Chile autorizó la extradición del ex presidente Alberto Fujimori para que fuese juzgado en nuestro país por la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.

Cabe señalar que según la STC N° 3966-2004-HC/TC, expedida por el Tribunal Constitucional, en los procesos de extradición se aplica obligatoriamente el “principio de especialidad” que exige que la persona entregada por otro país sea juzgada sólo por los hechos que motivaron la solicitud de extradición y tal como fueron calificados. Obviamente, que una vulneración a este principio tendría consecuencias jurídicas inmediatas en favor del extraditado.

En este contexto, debemos recordar que nuestro Poder Judicial condenó a Fujimori a 25 años de pena privativa de la libertad por la comisión de los delitos contenidos en el cuadernillo de extradición y que fueron validados por las autoridades judiciales chilenas, empero, en la parte resolutiva de la sentencia suscrita por los vocales supremos San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo, se adicionó el siguiente texto: “Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad según el Derecho Internacional Penal.”.

Como consecuencia del agregado anterior, la defensa legal de Fujimori interpuso un hábeas corpus en el año 2014 pidiendo la anulación de su proceso judicial, pues desde su perspectiva se le habría juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad, cuando ello no fue autorizado por la Corte Chilena (violación del principio de especialidad).

Esta acción judicial llegó hasta el Tribunal Constitucional, que el año pasado se pronunció señalando que el ex mandatario habría sido procesado y condenado exclusivamente por los delitos ordinarios que fueron materia de extradición y que cualquier alusión a “crímenes de lesa humanidad” debía entenderse como una cuestión declarativa y no substancial.

Finalmente y a casi un año del pronunciamiento que precisa que Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad, la ministra Pérez Tello insiste tozudamente en contradecir lo resuelto por el máximo intérprete de nuestra Constitución. He de suponer que lo que busca con estas declaraciones (más políticas que jurídicas) es afianzarse las simpatías del anti fujimorismo radical, no obstante, la ligereza de las afirmaciones de nuestra Ministra de Justicia y Derechos Humanos podrían terminar beneficiando al líder histórico del fujimorismo, pues una cosa es que el abogado de éste alegue la vulneración del principio de especialidad y otra muy diferente que dicho reconocimiento provenga de la vocera jurídica del Estado Peruano. ¡Ojo con esto! Aunque en política nunca se sabe ¿no?

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