Bachelet recoge el clamor peruano, por Verushka Villavicencio

Es indudable que la visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet albergaba una agenda que determinará el grado de vulneración de los derechos humanos en el país.

La visita de Bachelet fue una oportunidad para que cada organización, así como sus líderes y algunos ciudadanos que se han reunido con ella exprese su sentir respecto a demandas que el presidente Castillo no ha logrado solucionar con sus ministros en aras del bien común.

El problema de la actividad minera que documentó la Red MUQUI ante la comisionada, vinculado a los impactos sociales, ambientales y de salud que quebrantan la calidad de vida de las comunidades, es una de las expresiones más graves que requieren solución. Ellos sostienen que más de 10 millones de personas estarían expuestas a metales tóxicos de acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud, producto de la actividad minera. Bachelet escuchó al Secretario General de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por metales tóxicos, Felix Suasaca Suasaca. Él solicita la discusión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para terminar con la afectación a la población. Un ejemplo dramático comprendido en el plan es la atención de salud que necesitan las niñas y niños en Cerro de Pasco pues sus organismos están contaminados por metales pesados. Esta demanda lleva meses sin ser resuelta por el Ministerio de Salud.

Ciertamente hay actividad minera responsable con la comunidad, pero también existe otra que lacera derechos facilitando condiciones para la explotación sexual comercial de niñas y niños que son captados para trabajar como ayudantes de cocina en los campamentos mineros. Ellos terminan siendo víctimas de explotación sexual comercial, convirtiéndose en objetos y dejando atrás su dignidad como seres humanos.

Otro tema muy sensible son los asesinatos a líderes de la amazonia defensores de bosques atribuidos a mafias dedicadas a actividades de minera ilegal y narcotráfico. Aurelio Chino, jefe de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) informó a Bachelet sobre los impactos que la contaminación petrolera de las empresas Pluspetrol y Frontera Energy está ocasionando en las comunidades indígenas. Ellos demandan que el gobierno implemente un plan de salud intercultural para las comunidades víctimas de la contaminación.

Bachelet sólo estuvo dos días en Lima, pero se reunió con congresistas y su visita coincidió con el cese del Ministro del Interior, Mariano González, quien sólo en dos semanas activó un grupo de alta inteligencia para capturar al exministro Silva. Junto a González, renunció el Director General de Inteligencia, César Vallejos pues indudablemente evalúo que no contaría con las condiciones necesarias para que su equipo consiga trabajar armónicamente.

Un alto comisionado de Naciones Unidas, registra la compulsión social frente a situaciones que afectan la gobernabilidad e impactan en la tranquilidad de los ciudadanos. No cabe duda que este incidente quedó registrado en la agenda de la alta comisionada como un signo más de la desestabilidad política que afecta a todos los ciudadanos. Queda claro que este gobierno no logra generar condiciones para una saludable gobernanza con las actuaciones de todos los actores sociales, sino que más bien convierte las diferencias en abismos insalvables.

Solo la concertación de criterios técnicos para generar políticas públicas que incluyan a la empresa, sociedad civil, cooperación internacional y al Estado con ciudadanos honestos y preparados podrá sacarnos de esta crisis política. Estamos seguros que la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michel Bachelet tiene total claridad respecto al panorama nacional y sus implicancias. Llega 28 de julio, nos merecemos un país para todos.

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