Balance COVID-19, ni a favor ni en contra del gobierno, por Federico Prieto Celi

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Un primer balance de cómo hemos enfrentado la epidemia de coronavirus nos dice que el Perú es el país con más muertos por millón de habitantes en América (Manuel Ruiz Huidobro); y ya son 1’260,000 los desocupados de Lima (El Comercio). No parece que de la noche a la mañana el número de contagiados y hospitalizados se reduzca drásticamente; ni que el número de desempleados vaya a bajar. La discrepancia entre el Gobierno y los médicos se ha concretado en seis renuncias de galenos integrantes de la comisión asesora, al sentir que sus recomendaciones no son acogidas.

Antes de la epidemia, el país estaba con una infraestructura de salud caduca para el enorme crecimiento de la población de las últimas décadas, infraestructura atendida por personal de salud desalentado por las pésimas condiciones de trabajo, sin que los últimos gobiernos hubieran tomado conciencia de la gravísima situación en la que nos encontrábamos. El 30 de diciembre de 2018, Vizcarra anunció que en 2019 pondría en funcionamiento entre 60 y 80 establecimientos de salud, uno por semana, y que para el 2019 el presupuesto de salud se había incrementado en un 15%, para la compra de equipos médicos y la contratación de personal de salud. No sabemos cuántos hospitales hizo.

La legislación peruana ofrecía la posibilidad de activar el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, instrumento que no se activó y que podría haber brindado, por ejemplo, el apoyo logístico al traslado de 300,000 migrantes de Lima a provincias.

El Peruano publicó el 11 de marzo el DU N° 025-2020 con medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, que otorgaba cien millones de soles para las medidas urgentes mencionadas en el susodicho decreto de urgencia, que se han usado con aciertos y errores (José Ignacio Beteta, de la Asociación Contribuyentes del Perú, pone 5 ejemplos); y –a lo peor– algún caso de corrupción. El cambio de la ministra de Salud por el actual ministro no se ha reflejado en una mejor gestión.

El artículo quince del decreto de urgencia decía que las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del citado dispositivo podían solicitar a la Contraloría General para que efectúe el control concurrente de las contrataciones realizadas en el marco de la presente norma. No sabemos si todos los ministros involucrados solicitaron este control, recomendado por el Contralor General Nelson Shack, cuyo desempeño ha sido hasta ahora reconocido por la opinión pública.

Un grupo de profesionales publicó una declaración que reclamaba mayor atención en las prisiones, dada la coyuntura del coronavirus, para adultos mayores, internos sin sentencia, enfermos y desnutridos, madres con hijos o embarazadas, entre otros grupos específicos, con el fin de evitar un contagio masivo de peruanos. Se ha iniciado esta labor al ritmo de tortura coja huyendo de incendio.

Las estadísticas de contagios, sanados y fallecidos, han sido incompletas, normalmente reducidas con las que en realidad se han producido, fenómeno que se ha dado, al parecer, en todas partes. La confusión de pruebas moleculares con otras de menor credibilidad es una de las razones; el número reducido de pruebas moleculares realizadas, otra; y el método de proyección, por fin, una razón más.

Las medidas coercitivas adoptadas para implantar el aislamiento social obligatorio han sido contraproducentes, especialmente las detenciones que llevan a los infractores a juntarse unos con otros, donde se contagian; y las elevadas multas, que casi nadie puede pagar en un país mitad formal mitad informal; debe haber una amnistía al respecto, con un criterio de epiqueya.

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