Barbarie: Presenciar y grabar un delito no es sancionable, por Ana Jara

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¡Paren las rotativas! (expresión que se utiliza cuando hay que agregar una noticia de ultimo minuto) y es que en el Perú no está penado observar ni grabar la perpetración de un delito; esto a propósito de la polémica surgida del acto de violación sexual en una discoteca ubicada en el distrito de Santa Anita según dicen en el 2016.

Sin lugar a equivocarnos, es un hecho de barbarie que se haya violado a una persona a vista y paciencia del público y del personal de seguridad de una discoteca sin que nadie intervenga para proteger a la víctima, con el agravante que ésta se encontraba en estado de indefensión al estar inconsciente.

Y en el colmo de la degradación alcanzada, la gente que se percató de la violación, no sólo no intervino para detener la agresión, sino que tuvo el desparpajo de grabar las escenas con sus celulares, haciendo acto presencial del asalto sexual.

Resulta increíble comprobar cuán huérfanos estamos por nuestra legislación penal, cómo es posible que a raíz de esta violación sexual en un recinto público tomemos razón que nuestra legislación imponga sanción penal sólo si una persona por su propia acción u omisión expone a peligro o propicia un daño a otra, o si la persona agraviada está bajo su protección y cuidados, o dependencia, ejemplo, padres con hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad, o en el caso específico los vigilantes o miembros de seguridad de la discoteca con respecto a la agraviada, omitiendo prestarle SOCORRO. Pero por lo demás, los comúnmente llamados “mirones o espectadores” que no intervienen para impedir o detener un delito, o una situación de peligro del cual por sí misma la víctima no puede escapar, no son objeto de sanción.

A ver, atendiendo que el Derecho es dinámico y sus normas van cambiando en razón a los nuevos patrones de convivencia social, se impone que el Congreso ponga en debate la ampliación de la figura de OMISIÓN DE SOCORRO Y EXPOSICIÓN A PELIGRO, para quienes presencien o sean  testigos de la perpetración de un delito, sin intervenir en ayuda de la víctima, salvo  que ponga en riesgo su propia vida.

Duro hueso de roer es nuestra legislación penal para sufrir modificaciones que se adapten a la realidad social del Perú, siendo que en muchos casos ha tenido que pasar décadas para ello, un claro ejemplo fue la exención (liberación) de la pena al violador sexual, si éste contraía matrimonio con su víctima; una aberración jurídica al que se puso fin recién iniciado los años ’90 a iniciativa legislativa de la otrora parlamentaria Beatriz Merino.

La pelota está en cancha de los legisladores.

Saludamos que el ministerio del Interior haya iniciado la búsqueda del violador y se haya puesto precio a su cabeza y, esperemos que la Fiscalía aplique sanción a la Discoteca donde sucedió la agresión sexual, máxime si en su momento no asentaron la denuncia penal.

Finalmente sanción moral para aquellos que morbosamente reprodujeron el video de la violación y los que con sus críticas hacia la víctima por estar inconsciente en una discoteca, apañaron el asalto sexual.