Héctor Becerril condujo sesión que analiza DU sobre medicamentos genéricos

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El grupo de trabajo encargado de analizar los efectos del D.U. 007-2019 que tiene por finalidad modernizar, optimizar y garantizar los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, se reunió el jueves 28 bajo la conducción del miembro de la Comisión Permanente, Héctor Becerril, en reemplazo de Milagros Salazar.

Durante la reunión, el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN), José Silva Pellegrini, dio a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto señalando que dicha norma establece -entre otros puntos- la obligatoriedad de hasta 40 medicamentos esenciales genéricos en las farmacias y boticas para la posterior venta al público.

Indicó que esta obligatoriedad es una excusa y un pretexto para hacer la medida atractiva políticamente, lo cual consideró inconstitucional.

“El Estado no puede obligarte a tener en tu inventario productos que quiera que tengas con tu dinero. Han reducido las sanciones hasta llegar a la amonestación, únicamente por la presión de las medianas y pequeñas boticas y farmacias, y con fecha de vigencia hasta fines del año 2020, porque saben que será necesario un cambio constitucional para obligarnos a todos a tener o vender lo que el Estado nos imponga”, sostuvo.

Agregó que un error de este DU es la centralización de funciones logísticas de compras internacionales en una institución fragmentada e ineficiente como el Ministerio de Salud (Minsa).

Silva precisó que es el propio Minsa el generador de más del 70% de las prescripciones médicas y es el verdadero causante de la falta de cobertura de medicinas.

“Esto hace que los pacientes tengan que salir fuera de los Centros de Salud a presionar una demanda a precios más altos”, dijo.

Luego de la intervención del representante de ADIFAN, los parlamentarios Héctor Becerril y Justiniano Apaza coincidieron en señalar la necesidad de transparentar el contenido total del decreto en mención, toda vez que quedan algunas dudas sobre la aplicación e implementación de dicha norma.

“El Estado debería de dar precisiones más adecuadas al respecto. Al parecer habría poca responsabilidad del Gobierno al respecto. Quedan muchas dudas e interrogantes de cómo se implementará esta disposición y si va a servir realmente a la población usuraria”, manifestó Héctor Becerril.