Breves notas sobre el indulto de Alberto Fujimori, por Diethell Columbus

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La crítica del anti fujimorismo radical sobre el contexto en el que se concedió el indulto al ex presidente Fujimori es simplemente un narrativa más para justificar su aversión patológica a todo aquello que esté relacionado con el ex mandatario; pues en el fondo deviene en un detalle menor si este indulto fue un vulgar e inmoral intercambio de favores políticos o si se concedió en un contexto menos mercantilista.

La cuestión es que a los anti les resulta indigesto que Alberto Fujimori esté en libertad y encima que ellos hayan colaborado a que su peor pesadilla se vuelva realidad. Nadie sabe para quien trabaja, como reza el adagio.

Hago la salvedad que no pretendo justificar los delitos ni actos de corrupción de la década de los 90, pues tales hechos han sido reconocidos por la justicia peruana como lo que fueron y los responsables han sido sancionados conforme a lo que dispuso el Poder Judicial en su momento.

Así las cosas y volviendo al tema del “indulto de la reconciliación”, veo en las redes sociales que los más rabiosos representantes del anti han profetizado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anularía el indulto suscrito por Pedro Pablo Kuczynski; situación que entendemos les serviría para dos fines puntuales: 1) Fujimori regresaría a prisión y, 2) Tendrían una poderosa arma política para “justificar” el derrocamiento de Kuczynski, a quien ahora consideran un traidor por haberse atrevido ejercer una prerrogativa propia de su cargo.

En este contexto y ante el hipotético fallo de la CorteIDH, citaré parte de un tuit del profesor Alonso Gurmendi: “La Corte no debe ser drástica, debe evaluar su jurisprudencia, interpretar su competencia y llegar a una solución jurídicamente correcta. La Corte no es ni debe comportarse como una ONG, cuidado”. (Ver aquí)

Concuerdo con el postulado del profesor Gurmendi, pues más allá de las pasiones que pueda despertar este espinoso tema, lo que se espera de la CorteIDH es que se pronuncie en el marco de sus competencias sin cargas o tintes políticos. (¿Estoy siendo ingenuo?)

No obstante, considero que resulta pertinente repasar algunos temas en torno al tema y el primero sería: ¿Alberto Fujimori fue realmente condenado por delitos de lesa humanidad?

No. Según lo señalado por el juez supremo César San Martín Castro, en una entrevista con la periodista Mávila Huerta (Ver aquí), en nuestro ordenamiento penal no existe la figura de lesa humanidad por lo no se puede sentenciar a nadie en dichos términos, empero, dicho magistrado también ha señalado en otra oportunidad que para efectos del derecho penal internacional (no el interno o nacional) los delitos por los que se condenó a Fujimori se consideran crímenes contra la humanidad.

Cabe señalar que según el fundamento 50 de la STC N° 1460-2016-PHC/TC (Ver aquí), la mención a crímenes de lesa humanidad en el caso Fujimori tiene “un carácter declarativo, el cual, a lo más, proyecta ciertas características a otorgársele al tratamiento del delito imputado.”.

Según una nota del diario El Comercio, el actual presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que a Fujimori se le condenó por delitos ordinarios y no por crímenes de lesa humanidad (ver aquí).

Finalmente, según lo declarado por el actual presidente del TC, Ernesto Blume, en una entrevista con Jaime de Althaus (Ver aquí), Alberto Fujimori no fue condenado por delitos o crímenes de lesa humanidad.

¿Es verdad que si Alberto Fujimori hubiese sido condenado por crímenes de lesa humanidad, no procedería el indulto?

Según lo declarado, en mayo de 2017 a la revista Caretas, por el ex magistrado de la CorteIDH, Diego García Sayán (Ver aquí): “El detalle si es que Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad o si la Corte Suprema introdujo el tema; acaba siendo secundario. En el fondo la pregunta fundamental tiene que ver con aplicar una medida que beneficia a una persona que ha sido condenada después de un proceso y que ha cumplido sentencia después de un tiempo determinado; y que esa medida se enmarque dentro de una política general sobre tratamiento de personas de mayor edad. Prima facie diría que ello, per se, no es una violación del derecho internacional.”

¿La prerrogativa del Presidente de la República de conceder indultos está subordinada a requisitos administrativos establecidos en normas infra constitucionales?

No. Debemos recordar que según el numeral 21 del artículo 118° de nuestra Constitución, es una atribución del jefe de Estado el conceder indultos y conmutar condenas. Cabe señalar que el texto constitucional no establece limitantes a esta prerrogativa.

Es de mencionar que el numeral 6.3 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS (Ver aquí) y el artículo 23° de la Resolución Ministerial N° 162-2010-JUS (Ver aquí), dejan en claro que la potestad presidencial de conceder indultos o conmutar penas no está sujeto a nada más que a la discrecionalidad del presidente de la República, a tal punto que podría existir una opinión contraria de la Comisión de Gracias Presidenciales o no existir opinión alguna e igual el jefe de Estado podría indultar o conmutar penas.

¿El indulto humanitario solo es para casos de enfermedades terminales como algunos aducen?

No. Según el numeral 6.4 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS y el literal b) del artículo 31° de la Resolución Ministerial N° 162-2010-JUS, el indulto humanitario puede ser recomendado por la Comisión de Gracias Presidenciales en aquellos casos de reos que “padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad.”.

Si revisamos los fundamentos de la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS que recoge el informe médico emitido por un grupo de galenos, el ex presidente Fujimori estaría dentro de los supuestos reglamentarios para ser beneficiario de un indulto humanitario.

¿La CorteIDH tiene competencia para anular una decisión adoptada por un jefe de Estado en el marco de lo que permite su norma fundamental?

Hasta la fecha no existe jurisprudencia emitida por la CorteIDH en la que se haya pronunciado sobre temas similares y así lo recordó el ex magistrado de dicho tribunal internacional, Diego García Sayán, en una entrevista para la revista Caretas (Ver aquí) y también el juez supremo César San Martín Castro en una nota periodística del año 2012 (Ver aquí).

Empero, si bien no existen precedentes de la CorteIDH, subsiste la interrogante si es que esta puede intervenir en una decisión que ha sido adoptada en el marco de una prerrogativa que consagra nuestro ordenamiento constitucional.

En este punto, coincido plenamente con el pronunciamiento de la premier Araoz, en el sentido que lo que debe prevalecer es lo que señala nuestro ordenamiento constitucional, pues el presidente Kuczynski ha ejercido legítimamente una prerrogativa consagrada en nuestra norma fundamental.

Cabe precisar que en ninguna parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos ni en el Estatuto de la CorteIDH, se establece de forma expresa que este fuero internacional tenga competencia para avocarse a analizar las decisiones que tome el actual mandatario y mucho menos anular una decisión soberana como lo es la concesión de un indulto humanitario.

Entonces ¿Qué hará la CorteIDH en la audiencia de seguimiento de sus sentencias por los casos de Barrios Altos y la Cantuta convocada para febrero de este año?

A decir de la Directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la USMP, Elizabeth Zea (Ver aquí), la audiencia convocada para febrero tendría por finalidad evaluar el cumplimiento de los dos fallos citados, los que habrían sido cumplidos por el Perú en las sentencias que condenaron a Fujimori en su oportunidad. Asimismo, recalca que esta audiencia no tiene por finalidad analizar ni anular el indulto concedido por el presidente Kuczynski.

Complementando la opinión de la profesora Zea, conviene volver a revisar el link de la entrevista a García Sayán, pues con ello queda aún más claro que la función de la CorteIDH es establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades penales del imputado, situación que en el caso del ex presidente Fujimori se cumplió conforme a los estándares que exige el derecho internacional y, por tanto, la CorteIDH no tendría por qué pronunciarse sobre la validez o no de aquello ya resuelto por el presidente de la República a través de un indulto, menos aún si es que el fuero interno (proceso constitucional) aún no ha sido agotado.

Finalmente y al margen de las interrogantes planteadas y las respuestas que he procurado esbozar de forma resumida en función a la opinión de expertos y magistrados peruanos, a nuestras normas vigentes o a los pronunciamientos del TC, es evidente que el presidente Kuczynski tiene un panorama nada auspicioso por delante y este se pondrá aún más sombrío si es que no tiene una estrategia política frente esta crisis ocasionada por el indulto concedido al ex presidente Fujimori.

La experiencia de las crisis políticas de los últimos 18 meses nos enseña que este Gobierno no podrá manejar esta situación con los recursos que hoy tiene, por ello esperamos que el “gabinete de la reconciliación” cuente con operadores que ayuden a que el respirador artificial de la administración PPKausa no se apague antes de tiempo.