Caos sin fundamento ¿Qué está ocurriendo en Perú?, por Piero Gayozzo

Imágenes de protestas, videos de la policía enfrentándose a manifestantes, bloqueos de carreteras, noticias sobre la muerte de personas, twits incendiarios de influencers en redes sociales, políticos culpando a las fuerzas del orden, a la Constitución del 93 y a Sendero Luminoso, denuncias de racismo, mensajes de odio, entre otros, muestran la crisis que atraviesa actualmente el Perú.

El inicio de la polarización actual puede remontarse a la crisis desatada durante el gobierno de PPK y los episodios posteriores que la recrudecieron, como la vacancia de PPK, el irregular cierre del Congreso ejecutado por Martín Vizcarra, la pandemia, la vacancia de Vizcarra, la breve asunción de Manuel Merino, el gobierno transitorio de Sagasti, el vacunagate y las elecciones presidenciales del 2021. Aunque todos los anteriores están vinculados y poco a poco perfilaron los bandos hoy encontrados, la crisis de finales del 2022 e inicios de este año es consecuencia directa del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Motivado por la necesidad de evitar el proceso de vacancia al que el Congreso lo sometió y con la intención de entorpecer las casi 50 investigaciones fiscales por corrupción y por liderar una organización criminal, el 7 de diciembre Pedro Castillo decidió disolver el Congreso de la República. Pasaron unas cuantas horas y el Estado de derecho se hizo respetar, las fuerzas armadas defendieron la Constitución y Castillo fue capturado cuando intentaba escapar del país para asilarse en la embajada mexicana. Dina Boluarte, la vicepresidente de la plana castillista fue nombrada presidente de la República y, aparentemente, una nueva etapa de la historia se iniciaba. Aparentemente.

Para el pesar de muchos, la tranquilidad duró poco. Personajes vinculados a Pedro Castillo y que ganaron una buena cuota de poder durante su gobierno, empezaron a distorsionar la realidad. Guido Bellido y Vladimir Cerrón, entre otros, hicieron lo posible por dar a entender que Pedro Castillo había sido víctima de una conspiración. Bellido dijo que Castillo había sido drogado y forzado a dar el mensaje con el que intentó cerrar el Congreso y que Dina Boluarte, en contubernio con el Congreso y los medios de prensa, habían orquestado un golpe de Estado contra el profesor rural. Naturalmente, para este sector, las principales razones de la detención de Castillo no eran ni la corrupción, ni el que haya intentado destruir la democracia, sino su condición de provinciano y mestizo. De esta manera dichos elementos buscaban azuzar e invitar a algunos ciudadanos a alzarse contra el nuevo gobierno.

Las primeras manifestaciones a favor de Pedro Castillo y contra el gobierno de Dina Boluarte se llevaron a cabo en el sur del país, en algunas ciudades de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. Estas rechazaban a la nueva presidenta y exigían el cierre del Congreso además del adelanto de elecciones, razones que, de por sí, las volvían legales, pero ilegítimas. El panorama se complicó aún más cuando las protestas estuvieron acompañadas de violencia y actos criminales. En Huancavelica fueron quemadas las sedes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Dirección de Transportes. En Arequipa, atacaron sedes del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías, el Aeropuerto y empresas como Laive y Gloria. El mismo patrón se dio en Ayacucho y Apurímac, donde llegaron a tomar como rehenes a dos policías. A todo ello se sumó el bloqueo de carreteras y vías de tránsito. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y como consecuencia del enfrentamiento la cuenta de muertos inició.

Cabe resaltar que aunque para algunos las marchas eran espontáneas, lo cierto es que seguían un patrón de ataque a puntos específicos que permitían incluir la planificación en el análisis de los mismos. Parte del descontento también se explica volviendo al gobierno de Castillo y recordando que por casi un año, el entonces presidente junto a su gabinete de ministros emprendieron un tour de «Consejos de ministros descentralizados» por distintas regiones del Perú. En aquellas sesiones atacaron con ahínco y recurrencia a la prensa, a la oposición y al empresariado limeño para justificar sus acciones. Ante cualquier indicio de corrupción, la respuesta de Aníbal Torres y de Castillo era que se trataba de una invención por parte de la oposición, pues Lima no toleraba que un profesor rural gobernara el país.

El punto de inflexión se suscitó en Ayacucho, el día en que el Ejército fue desplegado para colaborar con la policía y recuperar la paz en las calles. Se reportó un total de casi 20 personas fallecidas. Desde entonces, la narrativa de los pro-castillistas, izquierdistas radicales y disidentes que manifestaban se vio reforzada por las variables dictadura, genocidio, racismo, clasismo y centralismo. Si en un principio muchas personas se mostraron indecisas al opinar sobre las marchas, luego de escuchar la nueva narrativa izquierdista, tomaron un bando. Se olvidó rápidamente el ataque a locales del Estado, el maltrato que sufría la policía, la destrucción de la propiedad pública y la afectación a la economía de las personas que no marchaban. La indignación por la muerte de varios manifestantes invitó a muchos a adoptar las interpretaciones reduccionistas de la izquierda y nublar su juicio sobre los hechos.

De pronto slogans como “si no mueren en Lima, no importan”, “los pueblos olvidados”, “la voz del Perú profundo”, “la dictadura asesina” o “policía asesina”, invadieron las redes sociales y la opinión pública. La polarización había llegado a un nuevo nivel: Lima contra el resto del país. Esto no hizo sino recrudecer la crisis.

La violencia en el interior del país continuó y continúa al día de hoy. Las demandas originales sumaron el cambio de Constitución y el referéndum por Asamblea Constituyente a su lista. La izquierda se empezó a mostrar como la salvadora de todos los males y la panacea, su tan ansiada nueva Constitución. En dicho contexto, Lima se tornó el nuevo escenario de las manifestaciones.

En aquel clima de descontento, súbitamente, miles de personas de las regiones llegaron en buses y caravanas a la capital para hacer oír su voz de protesta. Pero, para sorpresa de muchos, no exigían mejoras educativas, de salud, alimenticias o laborales, sino hacían eco a los twits de dirigentes políticos de izquierda. Al unísono exigían los mismos sinsentidos que al inicio de las manifestaciones: liberación de Castillo, renuncia de Dina, cierre del Congreso, adelanto de elecciones; sin embargo, a ojos de la corrección política, de los opinólogos de twitter y de los líderes de izquierda, los peruanos originarios de manera heroica lograron venir a Lima para que los reconozcan. Era un reclamo por reconocimiento y no por Pedro Castillo.

Se volvió a convocar una nueva “Toma de Lima”, pero fracasó. Sin importar su resultado, se volvieron a convocar más marchas, ninguna cumplió su cometido. Para entonces muchos de los manifestantes fueron desamparados por quienes les proveyeron los medios para llegar a Lima. Hubo la necesidad de alojarlos en algún espacio. La UNMSM fue violentada y sus instalaciones empleadas para ello. La UNI les abrió las puertas como parte de una estratagema del rector. Ahora el reconocimiento y la narrativa de supuesto racismo/clasismo que acallaba las voces del Perú profundo, estaba revestido de caridad. En este clima se olvidó que los manifestantes en cada marcha seguían agrediendo a las fuerzas del orden, afectando la vida de miles de personas y la convivencia pacífica de manera innecesaria.

Otro momento de polarización llegó con la exagerada muestra de fuerza en el desalojo de los manifestantes de la UNMSM. Si bien era necesario retirarlos del campus, la manera con la que irrumpieron en el recinto universitario y cómo fue vendido a la población por los sectores indignados, marcó un revés en la estrategia por buscar el cese del conflicto. Un punto menos para la policía ante los ojos de la población desinformada e indignada y la comunidad internacional, y un punto a favor de la narrativa del abuso policial y el desprecio de las autoridades por el pueblo.

Por aquellos días y aprovechando la polarización del país, a la controversia se sumó la infame declaración de Sigrid Bazán sobre la violencia de los manifestantes: “la protesta pacífica no genera cambio”. Al hacerlo, Bazán expresó lo que muchos aplauden y apoyan, pero que no se atreven a decir: el respaldo a la violencia unidireccional, de los manifestantes a los policías, ya sea porque su reclamo es, supuestamente justo, o porque es la manera de reivindicarse frente a un gobierno que dicen desconocer y al olvido del país. Días después y casi a finales de enero, acaeció el tercer hito de polarización: la lamentable muerte de un ciudadano en una de las marchas en Lima.

En lo que va de las protestas los heridos se cuentan por miles, los muertos, por decenas. La responsabilidad recae en quienes iniciaron los actos vandálicos en las primeras manifestaciones, pero principalmente en los azuzadores y políticos que con malas intenciones han generado esta crisis. Luego, todo ha sido una gran bola de nieve en la que deberán hallarse responsables por las muertes, lesiones y pérdidas materiales. A ello se suma la gran cantidad de personas que han perdidos sus trabajos y las miles de familias que ven su costo de vida alterado por los bloqueos de carreteras. Pobreza, desabastecimiento, atraso y caos. Atentados dirigidos y marchas espontáneas. Tomas de aeropuertos y destrucción planificada, llantos y reclamos espontáneos. Esto es lo que está ocurriendo en Perú. A esto nos conduce la ceguera de los indignados, de quienes no desean criticar las marchas por compasión, y la vileza de los pocos que ganarán poder político con esta crisis.

A estas alturas, con tantas muertes de por medio y un impacto económico negativo en varias ciudades ¿No sería coherente que las marchas cesen? En caso deseen seguir manifestando su perspectiva, ¿no sería más apropiado evitar la violencia, evitar que escale y así reducir la posibilidad de muertes? ¿Cuál es el propósito de golpear a la policía durante las protestas? ¿Por qué provocan de esa manera? ¿Por qué no denuncian a los manifestantes que realizan esos actos? ¿Es realmente el pueblo buscando mejorar sus condiciones de vida o simples títeres que harán lo posible por polarizar la situación más a un punto de no retorno? ¿Cuál es la razón de destruir la ciudad y los locales del Estado? ¿Por qué tomar aeropuertos y carreteras? Con esta actitud la única voz que se deja oír es la de quienes desean cuotas de poder, como las de Bellido, Bermejo o Bazán. Cuando los manifestantes regresen a sus tierras serán más pobres de lo que ya eran y no por culpa del Estado ni de la Constitución, sino por culpa de quienes los azuzaron y les dijeron que debían ir a Lima, bloquear carreteras y cerrar el Congreso. No sean incautos, no les sigan el juego. Se puede construir un mejor país sin violencia y dialogando.