Caso El Fronton: ¿Error material? ¿Cuál?, por Diethell Columbus

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Con fecha 14 de junio de 2013, los magistrados del Tribunal Constitucional Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda se avocaron a conocer el recurso extraordinario recaído sobre el Expediente N° 01969-2011-PHC/TC, concluyendo que si bien los delitos imputados en el proceso por el caso “El Frontón” (1986) deben ser investigados en virtud de lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “éstos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos”. (Ver fundamento 68 de la STC).

En este contexto, los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen y Álvarez Miranda, por mayoría, emiten sentencia en el siguiente sentido:

“1.- Declarar FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, NULO el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009 (Exp. Nº 2007-00213-0-1801-JR-PE-04), en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación.

2.- Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo en que se cuestiona el haberse abierto proceso penal contra los favorecidos y, en consecuencia, continúese con el proceso penal a fin de que el Estado peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la suscripción de tratados internacionales de protección de los derechos humanos. 

3.- Ordenar que en un plazo razonable el Poder Judicial dicte sentencia firme en el proceso penal que se le sigue a los favorecidos.”

Según lo resuelto por el Tribunal Constitucional en junio de 2013 (STC publicada en la web del TC el 02.09.13), los delitos imputados a los procesados en el caso “El Frontón” no constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, la persecución penal contra los procesados está sujeta a la institución de la prescripción.

Tras lo resuelto en el Expediente N° 01969-2011-PHC/TC, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, mediante escrito de fecha 16 de setiembre de 2013; y el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2013, solicitan al Tribunal Constitucional que proceda a subsanar de oficio diversos errores materiales recaídos en la decisión de fondo tomada en el citado expediente.

Las instituciones que solicitan la subsanación en cuestión alegaron lo siguiente:

“El extremo de la decisión mediante la cual señala que los hechos de El Frontón no deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad no cuenta con los votos necesarios para conformar una sentencia válida. En autos se aprecia que solo tres magistrados, de los cuatro que habrían suscrito materialmente la sentencia, estaban de acuerdo en que el Tribunal se pronuncie señalando que los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad”

Un par de años después de las solicitudes de subsanación presentadas, el Tribunal Constitucional, con la participación de los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza Saldaña, decidió emitir con fecha 05 de abril de 2016 (publicado en El Peruano el 18.03.17), un “auto de subsanación” a efectos de “rectificar” los “errores materiales” de la Sentencia recaída sobre el Expediente N° 01969-2011-PHC/TC.

De la revisión del mencionado “auto de subsanación”, podemos apreciar que en su octavo y noveno considerando, los magistrados que lo suscriben argumentaron lo siguiente:

“8. De esta manera, lo alegado por los solicitantes no se refiere a un supuesto que habilite a este Tribunal Constitucional a declarar la nulidad o la inexistencia de toda la sentencia. Alude, si fuera el caso de que se acredite que la resolución no contó con los votos necesarios para pronunciarse sobre la calificación de los hechos del caso El Frontón como crímenes de lesa humanidad, contenido en el fundamento 68, de un vicio o error que podría ser materia de una subsanación puntual.  

9. Al respecto, en autos se aprecia que el fundamento 27 del voto del magistrado Vergara Gotelli señala expresamente que: “De la sentencia propuesta por el ponente del presente hábeas corpus advierto [la] argumentación y decisión que concluye en señalar que “(…) los hechos que son materia del proceso penal contra los favorecidos no constituyen crímenes de lesa humanidad (…)”, temática respecto de la cual considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional toda vez que aquella no es materia de la demanda ni de controversia en el caso de autos, tanto más si el demandante refiere en el recurso de agravio constitucional que no es competencia ni corresponde al órgano constitucional el calificar si los hechos penales imputados constituyen o no hechos de lesa humanidad, apreciación del recurrente que estimo acertada ya que el hábeas corpus no es la vía que permita apreciar los hechos criminosos a fi n de subsumirlos o no en determinado tipo penal, pues dicha tarea incumbe al juzgador penal ordinario” 

En este orden de ideas, para los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza Saldaña, la sentencia dictada en el año 2013 contiene un error material en el cómputo de los votos, toda vez que según el fundamento 27 del voto singular del magistrado Vergara Gotelli, éste no estaría de acuerdo con lo que finalmente se resolvió en aquella oportunidad.

Es así que en este mal denominado “auto de subsanación” se modifica la sentencia primigenia en el sentido de precisar que los delitos que se le imputan a los procesados por el caso “El Frontón” sí son crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, la persecución penal contra los procesados deviene en imprescriptible.

Respecto a la modificación de la sentencia expedida en el año 2013 y que se pretende denominar eufemísticamente como “auto de subsanación de un error material”, me permito señalar algunas ideas:

1.-) El Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley de Procedimiento Administrativo General, ciertamente contemplan la posibilidad de enmendar o rectificar errores materiales, empero, la normativa y la jurisprudencia son claras en señalar que esta subsanación procede siempre que no se altere lo sustancial de aquello que se está corrigiendo o no se modifique el sentido de la decisión adoptada.

Cabe preguntarle a estos cuatro magistrados: ¿Interpretar el contenido del voto del magistrado Vergara equivale a corregir un error material? ¿Acaso con esta “interpretación auténtica” no se está alterando el sentido de la decisión que se estaría “subsanando”?

2.-) Si la interpretación de un voto singular se considera una rectificación de error material, lo justo hubiese sido que no solo sustenten el “auto de subsanación” en el fundamento 27 del voto singular del magistrado Vergara Gotelli, sino también en los fundamentos 13, 16 y la parte final del fundamento 18, que señalan lo siguiente:

“13. Del caso penal sub materia no se advierte mayor discusión en cuanto a la prescripción del delito de homicidio calificado (previsto en Código Penal de 1924), sino que la cuestionada imprescriptibilidad de la conducta que se atribuye al actor se sustenta en que aquella constituye el denominado crimen de lesa humanidad tipificado así por el tratado internacional. Entonces, a fin de que se determine si cabe la aplicación retroactiva de lo establecido en los tratados de los cuales el Perú forma parte, debemos antes referirnos a tres instrumentos internacionales gravitantes al caso de autos y de los cuales el Perú forma parte:

i)       El “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” describe en su artículo 7.1 los crímenes de lesa humanidad a la vez que establece en su artículo 29° la imprescriptibilidad para dichos crímenes, resultando que su vigencia para el Estado peruano es a partir del día 1 de julio del 2002 (esto de conformidad a la Resolución Legislativa N.° 27517 de fecha 13 de setiembre de 2001 [publicada el 16 de setiembre de 2001] que lo aprobó, el Decreto Supremo N.º 079-2001-RE de 05 de octubre de 2001 [publicado el 9 de octubre de 2001] que lo ratificó y el Oficio RE. (GAB) N.º 0-3-A/199 del Ministerio de Relaciones Exteriores que en aplicación del artículo 6 de la Ley N.º 26647 así lo comunica).

ii)     La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” precisamente reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sin embargo su vigencia en el Perú es a partir del 9 de noviembre de 2003 (esto de conformidad a la Resolución Legislativa N.° 27998 de fecha 2 de junio de 2003 que aprueba la adhesión del Estado peruano, su ratificación mediante Decreto Supremo N.º 082-2003-RE del 1 de julio de 2003 y el Oficio RE. (GAB) N.º 152 del Ministerio de Relaciones Exteriores que en aplicación del artículo 6 de la Ley N.º 26647 así lo comunica).

iii)   De otro lado, la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969” señala que el Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (artículo 4°) al mismo tiempo que en cuanto a la irretroactividad precisa de manera clara que la Convención sólo se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados y que las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir … (artículo 28°), no obstante resulta que la vigencia de la citada Convención, en el Estado peruano, es a partir del 14 de octubre del año 2000 (esto de conformidad al Decreto Supremo N.° 029-2000 de fecha 14 de setiembre de 2000 [publicado el 21 de setiembre de año 2000] y el Oficio RE. (GAB) N.º 0-3-A/54 del Ministerio de Relaciones Exteriores que en aplicación del artículo 6 de la Ley N.º 26647 así lo comunica).

De los instrumentos antes señalados se aprecia entonces, con claridad, que sus disposiciones son obligatorias a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado parte y no de manera retroactiva.”

“16. Así las cosas se advierte que los propios instrumentos internacionales del caso sub materia guardan dispositivos expresos que dicen de la no aplicación retroactiva de sus normas a hechos anteriores a la entrada en vigencia del tratado en el Estado parte, advirtiéndose que conforme a lo establecido por los artículos 55° y 56° de la Constitución los tratados sobre derechos humanos forman parte del ordenamiento nacional a partir de la fecha de vigencia en el Estado peruano. En efecto, el artículo 55º de la Constitución de manera expresa señala que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional.

Ello implica que por mandato constitucional ni el tratado ni sus disposiciones se ejecutan por sí mismos en el Estado peruano, sino a partir de que se constituyen como derecho interno, resultando que los propios instrumentos internacionales proscriben con suficiente claridad la aplicación retroactiva de sus dispositivos, y en tanto derecho interno del Estado peruano la aplicación retroactiva de una norma que no favorezca al reo se encuentra proscrita por el artículo 103° de la Constitución. Es por ello que resulta arbitrario aplicar de manera retroactiva un precepto penal material –que perjudique al actor penal– sin la debida fundamentación que la valide, lo que en definitiva constituye un agravamiento de los derechos fundamentales del justiciable sin un razonamiento suficiente que lo sustente.”

“18. (…) A ello se debe agregar que resulta ilegal forzar figuras punitivas no vigentes al momento de los hechos criminosos ya que aun cuando las conductas de los justiciables puedan ser asimiladas respecto de crímenes vigentes en el ordenamiento internacional, previamente debe observarse de manera ineludible las disposiciones que los propios tratados guardan de su aplicación en el tiempo y lo previsto en los artículos 55° y 2º, inciso 24, literal “d” de la Constitución peruana. Y es que si bien en los casos penales están inmersos derechos fundamentales que deben ser reconocidos tanto al inculpado como a la parte agraviada, también lo es que en el caso de autos son los inculpados del caso penal por los que se ha recurrido en vía del hábeas corpus a pedir tutela de su derecho a la libertad individual, dicho de otro modo, es en referencia a los beneficiarios de autos que debe reconocerse o no la vulneración del derecho a la motivación resolutoria conexo con el derecho a la libertad personal.”

Como bien señala el magistrado Vergara Gotelli en su voto singular, los hechos que son materia de juzgamiento en la vía penal ocurrieron en 1986 (caso El Frontón), vale decir, se produjeron antes que entrasen en vigencia los instrumentos internacionales que desarrollan el tratamiento punitivo y procesal de los crímenes de lesa humanidad. Así las cosas, el voto singular de este magistrado guarda absoluta relación con lo resuelto en la sentencia del año 2013, por lo que no habría nada que subsanar o corregir.

Cabe mencionar que, con justa razón, un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra del Perú han presentado una acusación constitucional contra los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza Saldaña, quienes pese a su queja ante la CIDH tienen que responder ante el Congreso de la República por todo este desmadre jurídico y si se demuestra que obraron mal, deberán ser sancionados conforme lo establece la Constitución.

3.-) Finalmente, aquí les adjunto una imagen de la parte final de la sentencia del año 2013, en la que se aprecia nítidamente que el magistrado Vergara Gotelli suscribe el fallo en señal de conformidad. ¿Acaso no sabía lo que firmaba? ¡Ya pues!

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