Difícilmente se podría criticar o poner en tela de juicio la importancia de un censo. El esfuerzo de tratar de conocer a ciencia cierta las características de la población peruana puede resultar en información clave para implementar políticas públicas y responde a la obligación que tiene todo Estado de saber cómo luce el grupo ciudadano que debe representar. Sin embargo, dicho esto, sí conviene que cuestionemos la pertinencia del método elegido para llevar a cabo dicho censo, especialmente en una época donde la tecnología ha alcanzado niveles que, incluso hace diez años, podrían habernos parecido imposibles.
El día domingo la cosa será así: se ha pedido que todos los peruanos permanezcan en sus casas entre las 8a.m. y las 5p.m. (“pedido” pues exigirlo sería inconstitucional), durante ese tiempo un empadronador visitará su vivienda y un aproximado de 15 otras, en zonas rurales podría llegar a visitar hasta 120, aunque en un lapso de 15 días. Una vez en su casa el voluntario del INEI le hará una serie de preguntas generales sobre el hogar y, posteriormente, recopilará información de todos los mayores de doce años que ahí vivan.
Según el INEI se necesitan 608,528 empadronadores para completar la titánica tarea, 32% más que en el 2007, y cada uno de ellos recibirá un monto de dinero de “compensación” por su participación. Con esto en mente y tomando en cuenta todos los instrumentos necesarios para completar el proceso, el Estado gastará S/. 170 millones en el Censo 2017, más de tres veces lo que costó el que se llevó a cabo hace 10 años. Ciertamente, con el crecimiento de la población (que aumenta en 1% cada año), tiene sentido que el costo incremente, empero, ante esta situación, cualquiera hubiera esperado que la forma de llevar a cabo el censo se haya optimizado, a la par con los avances tecnológicos, para procurar un menor gasto estatal. Todo esto sin mencionar lo lento que resulta hacer el cómputo de todos los datos una vez recolectados.
En primer lugar, resulta ridículo que se busque, en zonas urbanas, hacer un censo en un solo día, prácticamente confinando a los ciudadanos por un día entero a sus casas. Tranquilamente se podría hacer por partes a lo largo de dos semanas, como se hace en otros países.
En segundo lugar, es absurdo que se empeñe tantos recursos humanos y económicos para una tarea que podría ser facilitada por la tecnología. En el Perú el 40% de los ciudadanos cuenta con acceso a internet y tranquilamente podrían completar el empadronamiento a través de este medio. En Canadá, por ejemplo, el Estado proporciona números PIN a cada hogar, con los cuales ingresan a una página web donde completan los formularios del Censo. En otros países incluso se puede hacer a través de teléfonos móviles, como en Brasil y Noruega. Incluso en nuestro país ya se hizo un censo este año a la comunidad LGTB a través de internet, lo que hace aún más insólito que no se trate, siquiera, de hacer algo parecido con el resto del país. Este método también ha demostrado que sirve para obtener mejores resultados ya que los sistemas computarizados están programados para detectar contradicciones entre las respuestas.
En lo que respecta a los ciudadanos que no tienen acceso a internet, podría hacerse lo que se hace en Estados Unidos, donde la ficha de empadronamiento es enviada por correo para que cada hogar lo complete. Los empadronadores solo visitan las casas de las personas si no han enviado el formulario completo para cierta fecha límite o si requieren ayuda especial para llevarlo a cabo. Por otro lado, mucha de la información poblacional se puede obtener de otras entidades del Estado (hospitales, SUNAT, Reniec, etc.) y contrastando lo obtenido en el censo del 2007 con las defunciones registradas en el transcurso de los diez años.
Más allá del método per se, existen muchas otras aristas a tomar en cuenta sobre esta forma de ejecutar el censo. Hacerlo de esta manera afecta los derechos de los ciudadanos, sucede en detrimento de muchos negocios y genera caos y pérdidas económicas para la industria de transporte, sin mencionar que se gastará muchísimo dinero que podría ser empeñado para mejores fines.
No obstante, así las cosas, lo cierto es que en el Perú estamos llevando a cabo un censo tristemente a la antigua. Poco nos hubiéramos sorprendido si en vez cédulas censales se hubiera elegido utilizar quipus y si en lugar de empadronadores los hubiéramos llamado chasquis. Bien haría este gobierno si empieza a tomar medidas para que en el 2027 el proceso se pueda llevar a cabo de forma más eficiente y tecnológica, acorde a la modernidad que todos los peruanos esperamos ver en el Estado.